Como ejemplo del enriquecimiento del exmandatario, solo bastaría recordar la gran inversión que realizó para la multimillonaria refacción de la Quinta Bo, que demandó alrededor de USD 3 millo­nes, realizada nada menos que en el momento crítico de la pandemia.

Según la Declaración Jurada de Bienes presen­tada por Abdo Benítez ante la Contraloría, correspon­diente al periodo en el que estuvo en el cargo desde el 15 de agosto de 2018 hasta el 15 de agosto de 2023, su fortuna neta aumentó G. 4.272.061.372, que serían unos 610.000 dólares al cambio de hoy. Sin embargo, solo en la refacción de la Quinta Bo desembolsó un monto cinco veces superior.

Según la publicación del diario Abc, el 23 de agosto pasado, Marito presentó su declaración jurada corres­pondiente a su salida del cargo. En ese documento hizo constar que sus activos treparon a G. 21.908.947.788, mientras que sus pasivos se redujeron a G. 96.112.078; con lo cual, su patrimonio neto quedó en G. 21.812.835.710; es decir, unos 3 millones de dólares.

Otro punto que ya había sido cuestionado en su momento por referentes políticos durante la gestión de Abdo fue el crecimiento expo­nencial e injustificado de las ganancias obtenidas por la planta asfáltica de su pro­piedad, bajo su presidencia.

El exsenador del Frente Guasu Jorge Querey había manifestado incluso que el entonces presidente de la República debía ser inves­tigado por las denuncias de enriquecimiento a través de su empresa, ya que en el 2021 su firma distribuidora de asfalto Aldia SA logró uti­lidades multimillonarias que en un solo año aumentaron 1.290 % en relación con el 2017 (cuando Abdo no estaba en el poder).

“Tiene que ser investigado, todos deben ser investigados. Hay mucha corrupción en este gobierno, mucho lavado de dinero, tráfico de influen­cias y mucho contrabando”, había señalado el exlegisla­dor luguista en una charla con los medios de prensa en el Poder Legislativo.

El excongresista cuestionó también a la Fiscalía por no tomar acciones en este caso puntual y denunció que el Ministerio Público se mane­jaba con criterios políticos. “Se mueve por hilos, conve­niencia e intereses políti­cos”, arremetió Querey ante la falta de una pesquisa ante el escandaloso informe reve­lado por Nación Media.

Durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez también se dio el lujo de heredar una man­sión a los hijos de su primer matrimonio, uno de ellos es su representante en distri­buidora que vende asfalto a contratistas del Estado. Se trata del inmueble ubi­cado en la zona de la Reco­leta de Asunción dentro de una propiedad de 2.500 m2 adquirido en el 2003 y que no consignó en su Declaración Jurada de Bienes al asumir el cargo de senador en el año 2013. Esta propiedad, según actualizaciones registradas en Catastro, fue heredada a los dos hijos de su primer matrimonio en el 2020, lo que demuestra una vez más el foco de interés del man­datario durante la dura cri­sis sanitaria por el covid-19, cuando miles de compatrio­tas suplicaban medicamen­tos en los hospitales y fami­lias enteras eran enlutadas.

Según la investigación publi­cada por la periodista de La Nación/Nación Media Ros­sana Escobar, el precio por m² del terreno en la zona refe­rida ronda los USD 500, con lo que solo el valor de la tierra hoy rondaría los USD 1,2 millo­nes. Misma cotización por m2 de construcción señalaron profesionales del sector, con lo que el valor del patrimonio fácilmente supera los USD 2 millones.

Todos estos datos permi­ten deducir que en realidad el crecimiento patrimonial de Abdo Benítez en los últi­mos cinco años está lejos de ser “modesto”, según lo cali­ficaron en el diario de la calle Yegros.

La distribuidora de asfalto Aldia SA, empresa declarada por el expresidente Mario Abdo Benítez, ostenta el cuasimonopolio del rubro de acuerdo a los datos obte­nidos por la “La caja negra”. En el 2016 la empresa Aldia tenía apenas el 40 % del mer­cado e importaba menos de 30 mil toneladas. Sin embargo, en el año 2021 la empresa del expresidente manejó el 60 % del mercado de asfalto e importa por valores cerca­nos a 80 mil toneladas. Testi­monios de competidores del rubro aseguran que desde que Marito llegó a la Presidencia y comenzó el “boom” de las obras públicas, su empresa comenzó a registrar un cre­cimiento exponencial asfi­xiando a los demás competi­dores del rubro.

El modus operandi imple­mentado en el Ministerio de Obras Públicas para ganar licitaciones de obras con­sistió en aplicar la regla de “ser cliente de la empresa de asfalto de Marito”. “La caja negra” obtuvo testimonios exclusivos de otros provee­dores del rubro de asfalto, quienes aseguran padecer la asfixia generada por parte de la empresa presidencial. La firma Aldia SA ofrece el asfalto más caro del mer­cado incluso llegando a 80 dólares más por tonelada, sin embargo, es la provee­dora favorita contratada por las empresas vialeras que más contratos tienen con el MOPC.

El expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez uti­liza como bandera política los kilómetros de asfalto durante su gobierno y se jacta a la vez de no tener ningún contrato con el Estado paraguayo, sin embargo, evita mencionar que su empresa proveedora de asfalto creció en un 450 %, según registros de la Direc­ción Nacional de Aduanas hasta el 2021.

Las estadísticas de Aduanas muestran que en los años 2018, 2019 y 2020 las cifras de importación de la firma Aldia SA se incrementaron con pro­medios de crecimiento en torno a los G. 50 mil millo­nes anuales. Fue así que de G. 23.515 millones en impor­tación de asfalto en el 2018, las compras de la firma del pre­sidente llegaron a G. 127.206 millones en el 2021; esto equi­vale a un incremento de 450 %, una importante diferencia.

La empresa del mandatario se posicionó en su gobierno como el primero en el ranking de importaciones. Se puede ver que tuvo un vertiginoso aumento en el año 2018, mien­tras los principales competi­dores comenzaron a caer brus­camente y otros mantuvieron sus promedios. Los gráficos de porcentajes del mercado y volumen de importación muestran el crecimiento exponencial de la empresa de Marito, y esto deja en eviden­cia que al expresidente le fue muy bien en estos años.

En coincidencia se dieron las más jugosas licitaciones del Estado para el sector de las obras viales. Y casualmente, las empresas que más contra­tos tienen con el MOPC son las que compran el asfalto de Aldia.

La condición no escrita para hacerse de las grandes lici­taciones sería la correspon­diente compra del producto de Aldia SA, caso contrario no se logran los contratos con el Estado paraguayo. Por ello, según información facilitada por competidores del rubro, casi en simultáneo se firmaba el contrato de la licitación pública y el contrato privado con la empresa del exman­datario para la correspon­diente provisión de asfalto. Este modus operandi no exis­tía antes que Abdo llegara al poder, ya que regían las reglas del libre mercado.

Los demás distribuidores de asfalto inclusive llegaron a ofrecer a las constructoras cotizaciones con 80 dólares por debajo al precio de Aldia SA, pero aun así no lograron colocar sus productos, aten­diendo que la garantía para los contratos en el MOPC es comprar a la empresa del pre­sidente. Esto termina distor­sionando el mercado.

Otro dato no menor es que hoy tienen preferencia de cobros los clientes de Aldia, atendiendo que solo estas vialeras están recibiendo los desembolsos en el MOPC por la deuda que asciende a casi 400 millones de dólares. De esta forma, no se corta la cadena de pago de las con­tratistas a la empresa pro­veedora de asfalto de Abdo. Mientras que los demás viale­ros que compran de otros pro­veedores se están viendo en figurillas al no formar parte del grupo privilegiado.

Como si todo eso fuera poco, se suma que el hermano del gerente de la empresa Aldia SA era nada más y nada menos que el jefe de Suminis­tros del MOPC. Édgar Darío Morán Brizuela era el direc­tor de Bienes y Suministros del MOPC. De acuerdo a su declaración jurada, entre el 2014 y el 2019, este funciona­rio creció su patrimonio en 1.000 millones de guaraníes.

Así el rubro de negocios decla­rado por el expresidente de la República cierra su cír­culo perfecto con la venta de asfalto a contratistas de rutas. Ante el total de rutas y kiló­metros asfaltados por este gobierno y el considerable aumento de las importacio­nes de asfalto de la empresa de Marito, se presupone que todo el asfalto utilizado para la construcción de esas rutas fue proveído por Aldia SA, la gran beneficiada con el “boom” actual de las obras viales.

Las autoridades policiales informaron sobre la detención de un hombre de 26 años de edad, quien cuenta con una herida de arma de fuego. El mismo fue trasladado con custodia policial a un centro asistencial privado en la ciudad de Hohenau, de su poder fue incautado un vehículo, así también del interior del vehículo se encontró un bidón de combustible tipo nafta.

También se procedió al levantamiento de indicios del lugar donde ocurrió asalto tipo comando en la sede del BNF en Natalio, de donde se incautó varias vainillas servidas y percutidas de diferentes calibres, cartuchos, cargadores de la marca FAL entre otras evidencias.

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Además fueron localizados dos vehículos presuntamente utilizados para cometer el hecho, los mismos fueron abandonados entre un yerbal del barrio San Miguel del Distrito de Natalio en cercanías del Arroyo Pirayui, del interior de uno se logró levantar dos pasa montañas de tela color negro, un quepis de color negro y rojo, y un balde de plástico de color amarillo conteniendo varios clavos miguelito, otro automóvil de la marca Toyota modelo Runx color plateado, de cuyo interior se logró levantar dos cartuchos sin percutir calibre 556, un rastro papilar latente que fueron levantados y protegidos, una pata de cabra.

Asimismo, en la Comisaría 17ª –Natalicio se levantaron indicios balísticos consistentes en vainas servidas y percutidas calibre.

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Como había ocurrido semanas atrás también en el departamento de Itapúa, los delincuentes tomaron la ciudad de Natalio, donde bloquearon los accesos para evitar que las autoridades de seguridad puedan reaccionar.

Unos 15 delincuentes llegaron hasta la sede del BNF y con explosivos accedieron a la bóveda para alzarse con al menos G. 1.000 millones.

“Lastimosamente no es el primer caso, prácticamente en todos los distritos de Itapúa se vienen dando acciones de estas bandas”, dijo Marcos Maidana en comunicación con la 1020 AM.

El intendente de Natalio sostuvo que, en contrapartida, hay escasez de personal policial para cubrir la ola creciente de inseguridad a nivel departamental.

Por su parte, el senador Kolyn Soroka dijo que la situación amerita la militarización de Itapúa, hasta tanto se aplique un nuevo esquema de seguridad por parte de la Policía.

“Hasta hace poco Itapúa no tenía casi hechos de esta naturaleza, es claro que se produjo una migración de los grupos criminales que accionaban en otras partes del país”, remarcó el legislador.

En ámbito de la Policía se señala que la migración de bandas organizadas es un hecho, tras el reforzamiento de la presencia policial en Alto Paraná.

Cabe indicar que, la cárcel de Cambyreta, Itapúa, es el centro de reclusión que cuenta el mayor número de reos integrantes del Primer Comando Capital (PCC). No se descarta que este foco instalado en esa penitenciaría sea el que comanda a la facción operativa del cártel brasileño que opera en el país.

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Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).