En la tarde de este domingo empezó a viralizarse un video grabado por internos de la Penitenciaría Industrial Esperanza, quienes realizan una serie de exigencias al Ministerio de Justicia.

En el material audiovisual se ve a algunos de los reclusos sosteniendo armas blancas (aparentemente cuchillos de fabricación casera) y cuestionando el hecho de que los agentes penitenciarios contagiados de COVID-19 cumplan cuarentena en el lugar.

La persona que actúa como vocera del grupo señala que en el recinto penitenciario “solo pueden haber presos” y no guardiacárceles, esto debido a que en los últimos días se habría confirmado un caso positivo entre sus filas.

Igualmente, cuestionan el hecho de que los funcionarios penitenciarios cumplan cuarentena allí y sigan restringiendo las visitas, lo cual consideran injusto. Así también, piden que los mismos puedan ir a un albergue para poder hacer el aislamiento preventivo.

Amotinamiento en la Penitenciaría Industrial Esperanza (atrás de Tacumbú), Pabellón A. Miembros del PCC piden hablar con la ministra Cecilia Pérez para reanudar las visitas.

Vía: @OviedoFidel #1020AM pic.twitter.com/kRyddzxjDo

— Radio Ñandutí (@nanduti) August 16, 2020

Tras darse este episodio, autoridades de la cartera de Justicia llegaron hasta dicho bloque, ubicado detrás de la cárcel de Tacumbú, para conversar con los reclusos que se manifiestan, a fin de analizar la situación y ver posibles alternativas.

Efectivos de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional están apostados a las afueras del recinto, a fin de garantizar la seguridad en el perímetro.

En un manuscrito difundido vía WhatsApp, los reclusos cuestionan las deficiencias en el sistema judicial que permite el hacinamiento en las cárceles y la existencia de personas sin condena que igualmente deben permanecer privadas de su libertad.

La madre de uno de los reos indicó al canal C9N que estos presos no quieren amotinarse o quemar cosas sino más bien expresar su inquietud, a fin de poder precautelar su salud y evitar el contagio del COVID-19.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.