El magistrado Rubén Riquelme ordenó prisión preventiva para José Luis Carballo, uno de los paraguayos imputado por pornografía infantil, tras ser identificado como integrante de un grupo Whatsapp en el que se difundían contenidos pedófilos.

También hay un segundo detenido, cuya identidad se mantiene en reserva por decisión de la Fiscalía, a fin de precautelar la investigación.

El operativo denominado Tantalio fue ejecutado ayer de forma simultánea en nueve países, con el fin de desbaratar una red internacional de pedofilia en la que además de Paraguay figuran: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia y España.

Dentro del grupo de Whatsapp se difundían fotografías y videos de niños abusados sexualmente, entre ellos, el que se encontró en poder del paraguayo. El material mostraba a una mujer violando a un menor y se presume que fue filmado en el Brasil.

El Ministerio Público advirtió que quienes reproduzcan o compartan contenidos pedófilos se exponen a ser procesados e ir a la cárcel.

El director del Registro Civil, Roberto Zarza, se refirió al problema de la inclusión de personas fallecidas en las listas de beneficiarios de la pensión para adultos mayores, una situación que, según explicó, tiene raíces profundas en las deficiencias estructurales del sistema y la legislación vigente.

Zarza subrayó que la ley que regula el Registro Civil, la Ley 1.266 del año 1987, es la base de muchas de las dificultades actuales. “Es una legislación de 37 años que ya no responde a las necesidades del siglo XXI”, afirmó al canal GEN.

Según la normativa, los familiares de una persona fallecida tienen solo 24 horas para registrar la defunción, un plazo que resulta poco práctico, especialmente en áreas rurales o durante momentos de duelo. “En esas circunstancias, es improbable que las familias cumplan con este requisito, lo que provoca que muchos casos queden sin registrar”, agregó.

Por otro lado, Zarza destacó que solo el 50% de la base de datos del Registro Civil está informatizado, lo que complica aún más la posibilidad de cruzar información con otras instituciones, como Identificaciones o el Ministerio de Salud. Esto ha llevado a que las denuncias ciudadanas sean la principal vía para detectar errores en las listas de beneficiarios.

Para abordar estos problemas, Zarza propuso dos pilares fundamentales:

1. Actualización legislativa: Reformar la normativa del Registro Civil para adaptarla a los tiempos actuales y eliminar la carga excesiva sobre los ciudadanos.

2. Modernización tecnológica: Implementar sistemas interoperables que permitan el cruce de datos en tiempo real entre instituciones como el Registro Civil, Identificaciones y el Ministerio de Salud.

“El Registro Civil debe ocupar un lugar prioritario en la estructura institucional del país. La nación se construye con identidad, y con ella fortalecemos la ciudadanía y la democracia”, manifestó Zarza.

Aunque reconoció avances en áreas como la implementación del expediente electrónico y la bancarización de servicios, Zarza insistió en que estas medidas no son suficientes sin una inversión integral en tecnología y una reforma legislativa. “Actualmente, trabajamos con bases de datos heredadas que ya no funcionan. Es hora de tomar en serio este tema”, remarcó.

La agente fiscal Thais García imputó a un hombre de 41 años por abuso sexual en personas indefensas. El procesado se encuentra privado de libertad y con pedido de prisión preventiva. El imputado habría sometido sexualmente a su hijastra, mayor de edad, pero que sufre de problemas de salud.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre pasado, aproximadamente a las 20:00 horas, en una vivienda del barrio Sagrado Corazón de Jesús de ciudad Presidente Franco. La víctima es una mujer de 38 años que sufre de problemas neurológicos, según refiere el acta de imputación

La madre de la víctima, pareja del presunto agresor, sospechaba sobre el abuso y decidió esconderse detrás de la puerta para sorprender al hombre. Allí, vio al presunto agresor acercarse a la afectada, que se encontraba viendo televisión, y comenzó a manosearla en los pechos. En ese momento, encaró al sujeto, quien quiso negar el hecho.

Sin embargo, después de indagar a su hija, ésta le confirmó que en varias oportunidades fue abusada por el padrastro, incluido el coito, pero que por miedo no le había contado. Tras la denuncia, el presunto agresor fue aprehendido y finalmente procesado.

La fiscal García solicitó su prisión preventiva considerando la gravedad del caso, la posibilidad de amedrentar a la víctima y potenciales testigos, además del peligro de fuga latente.

Dos mujeres fueron detenidas en los últimos días cuando intentaban introducir municiones de arma de fuego a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. El hecho genera sospechas de que podría haber armas dentro del penal, aunque las autoridades no han emitido declaraciones al respecto.

Según fuentes locales, el viernes pasado, Pabla Rojas de Ramírez, una mujer indígena, fue arrestada tras intentar ingresar dos proyectiles calibre 22 ocultos bajo la plantilla de su calzado deportivo.

El último intento se registró el domingo, cuando Yessica Natali Crechi Alves, de 31 años, fue sorprendida portando un cartucho calibre 380 durante una inspección rutinaria en la portería de la penitenciaría.

Las agentes penitenciarias María Beatriz Martínez de Godoy y Cornelia Alvarenga Prieto realizaron el hallazgo y la notificación inmediatamente a la policía.

Posteriormente, la fiscal de turno, Diana Gómez, fue informada y se remitieron las evidencias al Ministerio Público, mientras que la detenida quedó en libertad mientras avanzaba la investigación.

Ambos incidentes ocurrieron durante el horario de visitas, lo que sugiere que los funcionarios podrían tener conocimiento sobre los destinatarios de las municiones.