El documento firmado y publicado hoy por el presidente Santiago Peña, presenta las definiciones y la reglamentación sobre la implementación de la nueva ley.

Corresponderá a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control dependiente del Ministerio del Interior, la administración de la información de las tobilleras.

Con el dispositivo electrónico de control se podrá:

Identificar a los usuarios y las víctimas en forma unívoca.

Reflejar el posicionamiento georreferencial de los usuarios en tiempo real, con indicación de la fecha y hora.

Alertar al usuario y la víctima, según el caso, del acercamiento del otro, en cualquier circunstancia delimitada por la autoridad judicial competente.

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Informar en tiempo real a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control la ubicación geográfica de los usuarios.

Emitir los informes y comunicaciones a las autoridades judiciales competentes, así como al Ministerio Público en los casos en que así correspondiera.

Actuación ante la ocurrencia de avisos

La generación de un aviso obligará, en todos los casos, a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control o a la empresa proveedora, a tomar contacto telefónico inmediato con el usuario, para conocer el motivo que generó el aviso y actuar conforme al protocolo establecido.

Los usuarios tienen la obligación de contestar los llamados que les realice la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control o de la empresa proveedora.

La omisión será considerada indicio del incumplimiento de las obligaciones

Quedará a cargo del Ministerio de Economía identificar las fuentes de financiamiento, dentro de los 60 días a partir de hoy.

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El pronunciamiento se da tras acciones como la difundida por ABC Color, donde indígenas paraguayos pidieron en Italia frenar la compra de cuero vinculado a zonas deforestadas.

Desde la industria, sin embargo, sostienen que la producción nacional cumple con estándares ambientales y sociales exigidos por la Unión Europea, y que las acusaciones responden a informes impulsados por ONG como Earthsight y Global Witness.

El documento advierte que estas organizaciones ejercen presión sobre compradores europeos mediante informes y comunicaciones que, según el sector, generan daño reputacional e incluso cancelación de pedidos.

A pesar de este escenario, destacan que Paraguay avanzó en sistemas de trazabilidad y control socioambiental, con el objetivo de garantizar que el cuero exportado no proviene de áreas deforestadas y sostener su acceso a mercados internacionales.

El sector insiste en que la producción nacional es sostenible y certificada, y plantea que la controversia responde más a intereses comerciales que a incumplimientos reales.

En la mañana de este lunes se reportó el hallazgo de un cadáver en la vía pública, en el barrio General Genes de Pedro Juan Caballero, Amambay.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional, luego de visualizar el cuerpo sin vida tendido en un camino vecinal, con rastros de haber sido maniatado.

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Al acudir al sitio, los efectivos policiales constataron que la víctima fue atada de pies y manos, mientras que su cabeza quedó cubierta con una tela.

Al costado del cadáver hallaron igualmente un manuscrito con la siguiente frase: "No robar. J.D.F Vamos x más”. Este detalle acrecienta las sospechas de una probable ejecución.

Tras una verificación en el sistema AFIS, se pudo confirmar su identidad. Se trata de Cristian Rodrigo Toledo, alias “Cristian’i”, de 35 años, quien posee antecedentes por diversos hechos delictivos y llegó a ser condenado a prisión anteriormente.

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El médico forense diagnosticó como causa de muerte una asfixia por lesión de vía aérea principal, a raíz de un profundo corte en el cuello. A la par, descubrió varios moretones en el tórax, evidenciando una golpiza previa a su muerte.

Desde la Policía no descartan que detrás de este crimen se encuentran los autodenominados “Justicieros de la Frontera”, teniendo en cuenta la similitud de este hecho con episodios anteriores.

Personal de la Comisaría 18ª de Santa Rita esta mañana acudió a un pedido de ayuda ante una aparente tentativa de hurto en dos locales situados sobre la calle Carlos Antonio López, en el barrio Centro de dicha localidad.

Se trata de las oficinas administrativas de las empresas Claro y Tigo, en cuyas paredes encontraron boquetes abiertos por personas desconocidas.

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Una vez en el lugar, los intervinientes visualizaron dos orificios en el muro que divide ambas oficinas, uno en la parte trasera y otro al costado, menciona el informe.

Se sospecha que delincuentes abrieron ambas aberturas en el transcurso de la noche de ayer y la madrugada de hoy, con fines de ingresar a robar en estas sucursales.

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Hasta el momento, no se tiene precisión sobre si se llegó a concretar el robo de dinero o algunos objetos de valor de las empresas telefónicas.

También fueron convocados para tomar intervención agentes del Departamento de Investigaciones y personal de Criminalística de la Policía Nacional, a fin de efectuar el levantamiento de evidencias.