“Los verdaderos responsables de la desaparición gozan de buena salud. Son grupos de alemanes mafiosos y paraguayos que operan en Cordillera. La Policía tiene los datos”.

Así manifestó Max Narváez a Radio Universo, consultado acerca de los avances del proceso en el que el alemán Reiner Oberuber está procesado por la extraña desaparición de su hijastra.

Narváez dijo que se está operando de manera a que “mi cliente no debe ser una persona creíble” y que si llega a contar detalles del grupo que tiene a la niña, según el abogado, este accionará en su contra.

“No lo van a matar de golpe, pero tienen que asegurarse de que todo lo que diga Reiner carezca de veracidad”, insistió, además de acusar a la Policía de no actuar conforme a la ley.

Dijo que “no responden a un criterio de justicia, sino a desacreditar a Oberuber” y extendió la responsabilidad al Ministerio Público, que a su entender no actúa objetivamente.

“La Fiscalía crea un motivo contra mi cliente dando a conocer detalles de la niña que están prohibidos por la ley”, aseguró y añadió que “en el acta de imputación hablan de una sola foto, cuando en principio referían que había como unas ochenta mil”.

“Ahí se da a pensar que hay manipulación del caso. Tampoco nos muestran la foto”, dijo y mencionó que cuando solicitaron la prueba incriminatoria, “la respuesta fue un enorme silencio”.

“Nosotros tenemos la película clara. Aquí el señor Reiner Oberuber y la señora Lilian Zapata están denunciados por violación al deber de cuidado y abandono”, insistió Max Narváez.

El representante del europeo refirió además que “no hay proceso por desaparición porque eso no es delito. Puede ser un motivo de investigación pero no es delito”.

“Hay manos extrañas e injerencias no apropiadas en el proceso. Gente que no es parte del caso se involucra y eso es delito, pero ahí no termina”, afirmó.

Dijo que “el 29 de julio, el presidente Mario Abdo, en un acto populista se agarra de la niña, convoca a los fiscales en una comisaría de Emboscada y les da instrucciones”. “Y por ley, el Poder Ejecutivo no tiene autoridad sobre la Fiscalía”, aseveró.

Max Narváez confirmó también que Reiner fue trasladado a la penitenciaría regional de Misiones, lo cual también supone una violación a los derechos de su representado.

“Es violatorio de la ley y los derechos de la defensa. Su caso está en Caacupé y el abogado en Asunción. Ahora debo hacer cerca de 270 km para hablar con él”, se quejó.

Dijo que esa decisión “es violar totalmente el derecho a la defensa y la ley establece que ningún imputado puede ser derivado fuera del ámbito del juez competente que es de Cordillera”.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.

Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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