Además de Viviana Galarza, otra estudiante de nombre Enri Gamarra estaría involucrada en el hecho. Las mismas serían afín al decano de la Facultad, Ricardo Pavetti.

Esta irregularidad presuntamente contaría con la connivencia del Decano y el Consejo Directivo de la Unidad Académica.

A través de denuncias acercadas por propios postulantes y evidencias como screens de mensajes de WhatsApp y fotos de las respuestas correctas, se dejó a la vista un esquema de corrupción que saca ventajas con la provisión de respuestas de exámenes que deberían estar ocultas para todos hasta después de finalizadas las pruebas.

Los estudiantes lamentan que este hecho ubica como principal responsable al Decano Ricardo Pavetti y a su brazo estudiantil, el movimiento “Somos Filo”, que está está liderado en Santaní por Galarza.

Entre los mensajes obtenidos como evidencia se constata el modo de operar; Viviana Galarza comunica a los interesados de un punto específico en el cual se mostrará los mismos los resultados del examen unas horas antes del mismo, les envía la ubicación y fija horario para el efecto.

Según la denuncia recibida, el veedor para los exámenes ,Daniel López, también estudiante y designado para el rol de fiscalización de exámenes por el Decano Pavetti, es otro que distribuye la información clasificada.

En otros mensajes interceptados, Enri Gamarra, presuntamente vinculado con este esquema y, según los datos manejados por los estudiantes, oriundo de la zona de desvío Unión al igual que Galarza, comunica que el precio de las hojas de respuesta, inicialmente, es de 100 mil por cada una, pero en comunicaciones posteriores reniega por un supuesto filtraje de la información y dice que el precio varió a 200 mil guaraníes.

Tras verificar los resultados proveídos por estas personas y la hoja de resultado publicada posterior a los exámenes, se puede observar que coinciden, lo que significa que las autoridades de la Facultad o, por los menos, los responsables de los exámenes son los que facilitan los mismos.

Los estudiantes exigen una solución ante esta problemática y la sanción inmediata a las personas responsables de esta situación.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.