Según informó el corresponsal de Nación Media, Omar Jara, la reacción inmediata fue conformar una comisión vecinal Pro-Seguridad en la colonia Boquerón que a la par de los trámites de reconocimiento oficial por parte de las instituciones pertinentes, ya hicieron saber sus inquietudes a las autoridades.

En ese sentido, la citada comisión hizo el pedido de traslado de un centro que busca rehabilitar a personas adictas a las drogas que fue habilitado en la zona, tanto al intendente municipal, Luis Palacios como al presidente de la Junta Municipal, Osvaldo Javier Rojas.

En la nota elevada a las citadas autoridades solicitan “como medida de urgencia el traslado del Centro de Rehabilitación de Adicciones de la Asociación “ALFA” ubicado en la ciudad de San Joaquin, teniendo en cuenta que esta institución se encarga de albergar a personas adictas a las drogas que en su mayoría cuentan con antecedentes judiciales y con procesos judiciales pendientes”.

Agregan “aclaramos que no estamos en contra de las personas que quieren recuperar su libertad, su salud y volver a reinsertarse en la sociedad, pero el lugar donde se instala no cuenta con los mecanismos de seguridad y de infraestructura adecuada para funcionar, pudiendo fácilmente tener vinculo con la red de organizaciones criminales y operar desde ese lugar para cometer hechos delictivos en nuestra jurisdicción”.

Añaden que “el pueblo de San Joaquín siempre se ha caracterizado como una comunidad tranquila y pacifica y de gente trabajadora. Sin embargo, en estos últimos tempos, llamativamente se vienen sucediendo varios casos de hechos delictivos, como ser abigeato, asalto a mano armada, hurto, robo con resultado de muerte, segando la vida de personas inocentes y enlutando a las familias y a todos los habitantes de San Joaquín”.

El 10 de setiembre pasado dos malvivientes realizaron un violento asalto en una casa familiar de San Joaquín y en la oportunidad perdió la vida Francisco Adán Ramírez González (22), alumno del último año de la carrera de Bioquímica.

“Actualmente la ciudadanía vive en estado de zozobra y las autoridades municipales y policiales parece que no se dan cuenta. Suplicamos encarecidamente a usted Sr. Intendente y por su intermedio a los concejales municipales para articular acciones inmediatas y desautorizar el funcionamiento del supuesto Centro de Rehabilitación de personas adictas de la Asociación “ALFA” y que se traslade fuera de nuestro distrito a fin de poder devolver la tranquilidad y la convivencia pacifica de todas las familias y habitantes del distrito de San Joaquín”, finaliza la nota firmada por la Prof. Ana Elena Galeano Coronel, Secretaria de la comisión y Humberto Ramos Acuña, Presidente.

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La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.