En el conflicto desatado por las condiciones para amamantar a su hijo por parte de la Teniente de Fragata Carmen Quinteros se debió prevalecer el derecho del niño y brindar esa protección universal que es el ser alimentado en una etapa de dependencia hacia la madre, afirmó Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia.

Las leyes laborales protegen la lactancia materna y lamentó que las leyes militares no estén aggiornadas a esa protección universal de los derechos del niño.

“Al recibir a las mujeres en sus cuarteles tienen que prever esas condiciones necesarias para garantizar ese derecho, no pueden obstaculizar ese derecho que se arreglen ellos de otra manera con sus cuestiones disciplinarias”, afirmó.

Martínez destacó que las leyes protegen tanto a la mamá como al hijo y que la indisciplina que se pueda alegar queda por debajo del interés superior del niño.

“El artículo 54 de la Constitución Nacional dice que en caso de conflicto de derecho de normas prevalece en todas las decisiones a ser tomadas el interés superior del niño sea administrativa, jurisdiccional, social, ese artículo no tiene desperdicio, es clarísimo y no se le puede privar al niño de su derecho a la lactancia de ninguna manera”, afirmó.

Tanto la mamá como el hijo tienen protección constitucional y en las instituciones deben respetar el cumplimiento de los derechos al margen de cuestiones militares.

“Le felicito a la mamá que peleó por el derecho de su hijo, no sé cómo no pueden prever las condiciones para que se respete ese derecho del niño a ser amamantado, es absurdo cuando tienen mujeres en sus filas. Si la mamá pelea por la lactancia de su hijo está defendiendo la vida y eso está por encima de cualquier otro derecho”, puntualizó.

Recordó que está científicamente demostrado que el mejor desarrollo de un niño se da con la lactancia materna exclusiva y es una etapa indispensable de contacto con al madre y que inclusive es una cuestión de sobrevivencia.

“Los militares pueden tener sus regalas y su disciplina pero cualquier regla se flexibiliza ante el derecho fundamental del niño”, puntualizó.

La Teniente Coronel Carmen Quinteros deberá guardar prisión disciplinar por 45 días según dispuso la Suprema Corte de Justicia Militar confirmada por la Corte Suprema de Justicia. La militar había solicitado condiciones para cumplir con el amamantamiento de su bebé, fue sumariada y sancionada.

La franja de 106 a 93 años fue la primera en ingresar al programa de Pensión Universal para Adultos Mayores. Con la detección de difuntos en la lista, por no haberse encontrado el certificado de defunción, se liberaron cupos y bajaron hasta la edad de 80 años.

Anualmente deben ingresar 30.000 personas y, si bien la inscripción es automática desde los 65 años de edad, la inclusión se realiza por tandas, de mayor a menor. La próxima etapa se abrirá en febrero.

“Pasado el 20 al 22 de febrero estaríamos emitiendo la lista de los nuevos incluidos desde los 79 años. Vamos a ver cuántos, de acuerdo a la revisión y las bajas”, confirmó el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en una entrevista con la 730 AM.

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La estimación de cupos ronda los 8.000 a 10.000 en esta primera tanda del 2025. Los ingresos seguirán hasta completar los 30.000 este año.

Actualmente la franja con mayor cantidad de potenciales beneficiarios está entre los 65 a los 75 y entre los 75 a 79 años.

Uno de los principales cambios en la reciente ley del programa Adultos Mayores es la eliminación del censo como método de ingreso. Este sistema dejaba afuera a muchas personas por simples detalles como tener un baño un poco “moderno” o acondicionadores de aire, entre otros criterios que no necesariamente implican lujos.

Los requisitos para ser beneficiario y que, el Ministerio los verifica a través de un simple cruzamiento de datos con varias instituciones son:

No tener salario público ni privado

No ser contribuyente en DNIT

No ser cotizante de IPS

No tener más de 30 cabezas de ganado

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En un operativo llevado a cabo por el Departamento de Investigaciones de Asunción, las autoridades lograron la detención de Diego Armando González Palacios, de 31 años, quien tenía una orden de captura pendiente por el delito de robo agravado. Esta detención está relacionada con el caso N.º 337/2025, en el que se investiga un asalto al local comercial “Don Vito - Av. Brasilia”.

El procedimiento se realizó ayer, a las 09:50 horas, en la calle Capitán Lombardo, en el barrio Cerrito/Trinidad de Asunción. Durante la intervención, las autoridades incautaron un vehículo y un teléfono celular que se encontraban en posesión del detenido.

El informe refiere que Diego Armando González Palacios, de nacionalidad paraguaya, era buscado por la justicia debido a una orden de captura emitida por el Juzgado Penal N.º 1 de Asunción.

Tras su detención, González Palacios fue informado de sus derechos según la Constitución Nacional y trasladado al Departamento de Investigaciones de Asunción.

También se le realizó un chequeo médico en el Hospital de Barrio Obrero antes de quedar a disposición del Juzgado y la Fiscalía para continuar con las investigaciones pertinentes.

Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), comentó que la aprobación del proyecto que modifica la Ley APP permitirá dar mayor dinamismo a las intenciones de inversión hacia Paraguay.

Sobre el beneficio para el sector aeronáutico, destacó la relevancia para impulsar la ansiada modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que está próximo a cumplir 44 años de existencia.

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“Tenemos tres o cuatro años más en esta estación, entonces el trabajo aquí es arduo. Tenemos que ir actualizándonos constantemente”, afirmó en entrevista con el canal GEN.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de pasajeros que utilizan esta terminal aérea (ya en camino a superar un nuevo récord) y la necesidad de adecuarse a los estándares internacionales, hoy día precisa de una serie de mejoras, admitió Mendoza.

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A la par, también se proyecta la construcción de un nuevo aeropuerto dentro de unos años, para lo cual la Ley APP podría ser de gran utilidad al permitir alianzas entre el sector público y privado.

Las modificaciones introducidas por el Congreso a la Ley de Alianza Público-Privada (APP) contemplan aspectos cruciales, como el aumento de la participación estatal hasta un 25% en proyectos de infraestructura, así como la posibilidad de incluir a las municipalidades.