En una nueva carta remitida a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Spotify reitera su preocupación por el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece un pago adicional de 10% a los usuarios de plataformas digitales de streaming.

En el documento -firmado por Dustee Jenkins, jefa Global de Asuntos Públicos de Spotify-, la compañía alerta sobre el riesgo que existe en caso de aprobarse esta iniciativa impulsada por la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE).

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Este proyecto de ley estaría creando “una obligación de pago insostenible” para los servicios de streaming de música, lo cual podría obligarlos a retirarse del mercado local, refieren desde la firma internacional.

Así también, hacen alusión a una “versión alternativa” de dicho proyecto de ley que también adoptaría un mecanismo similar de retención de ganancias. “En nuestra opinión, la nueva propuesta no resuelve las muchas cuestiones graves planteadas por este modelo, ni considera suficientemente el potencial impacto en los servicios de streaming y ni el de otros actores en el mercado de la música, incluido el de los propios artistas”, expresa la nota.

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La plataforma recuerda a su vez que paga casi el 70% de los ingresos de su música a los titulares de los derechos, incluidos los sellos discográficos, editores y sociedades de gestión colectiva, y enfatiza que “todavía no es una entidad rentable en Paraguay”.

“Instamos al gobierno a que evite precipitarse en una legislación que pondría en riesgo nuestra presencia continuada en el mercado, en detrimento de los artistas y de los fanáticos de la música”, reza la parte final del documento remitido a la DINAPI.

El proyecto de ley busca regular la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores.

Otro aspecto principal anunciado por el diputado Ortíz da cuenta que no se requerirá autorización para la instalación de cámaras en las veredas de los domicilios particulares cuando ellas formen parte del circuito cerrado de seguridad de ese domicilio.

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y el permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos de los previstos legalmente.

El documento quedó aprobado en base al dictamen de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, cuyo presidente enfatizó que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder.

Se dispuso la remisión del documento, tras su media sanción, a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Vicente Capello, director de Transporte y Tránsito de Asunción, señaló que la situación de las empresas de transportes permisionarias de Asunción, se viene analizando ya desde hace tiempo, ya que desde el 2014 reciben un subsidio menor a los que perciben las que operan en el área metropolitana.

“Tenemos que analizar desde la base del costo operativo. Tenemos que basarnos en los datos y en la realidad del sostenimiento del sistema”, sostuvo Capello.

Indicó que el deterioro de los buses y la desaparición de las empresas es consecuencia de una tarija que no fue reajustada, por lo que se prevé un aumento de G. 600, accediendo al pedido de las empresas que hoy operan en Asunción.

Explicó que se trata de una “reanimación urgente” y luego se verá si el paciente (empresas) sobrevive.

Asimismo, dijo que se encuentra en marcha la propuesta de migración del sistema actual al sistema “troncal alimentador con pasaje integrado”. Expresó que su implementación se podría dar en un par de meses.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

La iniciativa propone modificar y ampliar las disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica y autárquica de la Dinatran; así como establecer la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

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El texto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte.

Se crea, además, un Consejo Asesor como instancia consultiva, integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento que se encuentra en su segundo trámite constitucional fue aprobado en general, y a propuesta consensuada de los legisladores, se resolvió postergar por una semana su estudio en particular.

Varios parlamentarios adelantaron que, durante el tratamiento en particular del proyecto, plantearán una serie de modificaciones.