El ministro de Justicia, Édgar Olmedo, confirmó a Universo 970 – Nación Media que la medida es de manera temporal y además anunció que se evaluará el perfil psicológico de todas las personas privadas de libertad que soliciten visitas privadas, principalmente aquellas que tuvieron antecedentes por feminicidio.

Cabe mencionar que la disposición se da luego de que Vanessa Gissel Villalba (28) sea asesinada anoche en la penitenciaría, durante una visita conyugal al interno Bernardo Concepción López Sosa.

En ese sentido, López Sosa se encuentra recluido en Emboscada desde hace cuatro años y medio, por una condena de homicidio doloso. Había matado a su ex esposa y madre de sus hijos.

Olmedo señaló además que como medida de seguridad se determinó que el interno sea trasladado a otra penitenciaría, ya que la suspensión de las visitas conyugales generó disgustos entre las personas privadas de libertad, a consecuencia de lo realizado por López Sosa.

A esto se suma que el hermano de la víctima también se encuentra recluido en Emboscada.

El fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Deny Pak, presentó la acusación formal contra Gianina García Troche, pareja del presunto capo narco uruguayo Sebastián Marset, y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

La acusación la sindica como una pieza activa y fundamental dentro del esquema de blanqueo de capitales de la organización criminal liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”. Según la tesis fiscal, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas del tráfico internacional de cocaína y participó en su inserción en el sistema financiero nacional.

El requerimiento conclusivo fue entregado a la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien ahora deberá analizar el documento y fijar la fecha para la correspondiente audiencia preliminar.

Los elementos recabados por la Fiscalía describen detalladamente cómo la mujer utilizó el dinero de origen ilícito para costear un ostentoso nivel de vida, realizar inversiones en un club de fútbol, montar empresas y adquirir bienes de alto valor.

El eje central de la estructura de lavado atribuida a García Troche fue la constitución de la sociedad “Grupo San Jorge SA”, que operaba bajo el nombre de fantasía “Total Cars”. La acusada poseía el 75% de la participación accionaria y ocupaba la presidencia de la firma.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta empresa fue diseñada con el único objetivo de introducir al circuito financiero legal el dinero proveniente de las actividades del narcotráfico, funcionando como una pantalla para aparentar operaciones comerciales lícitas y justificar los millonarios movimientos económicos del entorno de Marset.

El fiscal Deny Pak sostiene que García Troche, en su condición de pareja del líder de la red, actuó con el propósito de asegurar el disfrute de los beneficios económicos obtenidos mediante el envío de grandes cargamentos de estupefacientes a nivel internacional.

En la sesión extraordinaria de ayer, la Cámara Alta incluyó en el orden del día el proyecto de ley que exonera del pago de impuestos y tasas a la importación de vehículos especializados donados y/o adquiridos a las instituciones de bomberos voluntarios del Paraguay.

Los tributos exonerados son: el IVA, el Impuesto Aduanero a la Importación, la tasa de despacho aduanero y cualquier otro gravamen aplicable al ingreso de estos bienes.

Se incluyen en la exoneración a camiones hidrantes, vehículos de rescate, unidades de intervención rápida, ambulancias destinadas a la atención de emergencias y cualquier otro vehículo de uso exclusivo de bomberos.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Silvio Ovelar, solicitó la postergación por ocho días, bajo el argumento de que el titular de la DNIT, Óscar Orué, no se presentó a la reunión en la que debía dar su parecer como institución afectada.

La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de diciembre pasado y tendrá sanción automática el próximo 31 de mayo, razón por la cual no queda mucho tiempo para expedirse al respecto.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo emitió un dictamen por el rechazo de la propuesta.

Carlos Acuña, fiscal de la Unidad Penal 2 de Fernando de la Mora, imputó a Elías Cabral por abandono e incitación a cometer a hechos punibles, y a Pedro Ismael Ferreira Verdún y Rodrigo Andrés Piatti Morínigo por perturbación de la paz pública.

La audiencia de imposición de medidas cautelares será el próximo 28 de mayo, es decir, dentro de una semana, a las 8:00 de la mañana.

Personas de la tercera edad, oriundas de diferentes puntos del país, se manifestaron durante más de un mes frente al Ministerio de Desarrollo Social, con base a información que recibieron de parte de Cabral.

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El dirigente procesado les dijo a los ancianos que todos tienen derecho a cobrar automáticamente desde los 65, omitiendo el método de ingreso gradual que está explícitamente en la ley.

Si bien la edad mínima para ser beneficiario es de 65 años, el mecanismo de ingreso al programa de pensión universal de Adultos Mayores se realiza de mayor a menor, según lo establece la ley promulgada en diciembre del 2024.

Después de instarlos a reclamar el cobro, el autodenominado coordinador abandonó a estas personas en la calle, a sabiendas de que todavía no cobrarían y que la espera a la intemperie sería en vano.

La última tanda de abril incorporó a las personas que cumplieron 68 años hasta noviempbre pasado. El cupo de 30.000 nuevos ingresos por año ya se completó, pero todavía habría disponibilidad para un pequeño grupo.