En ese sentido, en cumplimiento de la Ley 6.390, que regula la emisión de ruidos capaces de afectar el bienestar o dañar la salud de las personas o seres vivos, la Dirección de Gestión Ambiental, con el acompañamiento de agentes de la Policía Municipal de Tránsito, procedió al cumplimiento de varios oficios emanado del juzgado de faltas municipales.

En efecto, se realizó la suspensión temporal de actividades del establecimiento comercial denominado “Espetinho Do Goiano”, dedicado al rubro de gastronomía en el barrio Pablo Rojas.

En este caso, la sanción es por emisiones de ruidos molestos tras las denuncias formuladas por vecinos. La intervención se realizó en carácter de medida de urgencia.

Asimismo en un procedimiento similar, se dio cumplimiento a otro oficio en el local “Once42 Skate House”. La sanción de suspensión temporal de actividades también es por generar ruidos molestos, además de la supuesta falta de patente municipal.

Por último, el municipio informó que seguirán los controles, notificaciones, intervenciones y sanciones administrativas a los locales que realicen actividad o evento que emita sonidos capaces de perturbar el bienestar de las personas u otros seres vivos.

El Consejo de Administración de la previsional designó a Juan Carlos Frutos como nuevo gerente de Desarrollo y Tecnología en reemplazo de Rodrigo Fretes, quien fue destituido este martes.

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Esta gerencia es la responsable del servicio de call center del IPS que desde este martes fue intervenida por las reiteradas quejas de los asegurados, quienes denuncian largas horas de espera y falta de turnos.

El exgerente había expresado más temprano que solo el 50 % de las llamadas eran atendidas, y que contaban con cerca de 90 trabajadores para ese servicio.

Reconoció que están sobrecargados de llamadas que al día, en promedio, ingresan una 5 mil, pero solo 2.000 a 2.500 son atendidas.

La destitución de Fretes formaría parte de la intervención, cuyo interventor es el consejero Aníbal de los Ríos. Como primera medida solicitó la cantidad de llamadas recibidas, cuáles fueron atendidas, cuáles no y los motivos.

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El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y salariales de los asistentes fiscales; y fue aprobado con modificaciones, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

El documento, inicialmente, proponía que los asistentes fiscales reciban un salario mensual equivalente al 65 % del correspondiente a los fiscales, más las bonificaciones asociadas al cargo.

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La titular de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, sugirió una modificación en la propuesta y reducir la tasa de equivalencia al 60 % del sueldo básico mensual que tienen los agentes fiscales.

Según coincidieron varios legisladores, los asistentes fiscales desempeñan un papel crucial en el sistema de justicia, pues actúan como intermediarios entre los abogados y los fiscales; e impulsan la tramitación de denuncias penales.

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En ese mismo sentido, indicaron que a pesar de la importancia de la labor, hoy en día, la remuneración de los asistentes fiscales no refleja la complejidad de sus responsabilidades.

El plenario aprobó la iniciativa con la sugerencia señalada y la misma será remitida a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional.

El agente fiscal de San Juan Bautista, Eduardo Alegre, imputó a Mario Hugo Villagra Galeano, Carla Paola Fernández, Blas Emmanuel Amarilla Bresanovick y Ada Luz Aceval Mazacote por la presunta estafa a un agricultor de Misiones.

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Los mismos son sospechosos de apropiarse de G. 170 millones que la Ande otorgó a don Eliseo Quiroz en concepto de indemnización por daños y perjuicios por la utilización de parte de su terreno donde cruza la línea de 500 kV.

La denuncia fue presentada por Quiroz luego de que se diera a conocer el caso de las dos familias estafadas en Caaguazú también con indemnización de la ANDE.

Mencionó que no recibió ningún monto, mientras que en las planillas de la ANDE figura que percibió la citada suma a través de sus supuestos representantes, quienes están imputados en la causa.

Ada Luz Aceval Mazacote, escribana de San Juan, fue imputada por presunta producción de documento público de contenido falso. Supuestamente, ella otorgó el poder especial a Mario Hugo Villagra. Ambos están procesados.

Por otra parte, la abogada Carla Paola Fernández fue imputada bajo la figura de instigadora debido a que la misma lleva varios casos de demanda contra la ANDE, y Blas Emmanuel Amarilla Bresanovick, directivo de una universidad privada de San Juan Bautista, quien es funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias, está imputado en carácter de cómplice.