“Acá el problema es que hay muchos funcionarios, guardias, que hacen sus extra dentro de la cárcel. Todos sabemos a qué se refieren cuando dicen que fulano hizo tanto, que otro facturo tanto. Una situación es que el sueldo es muy bajo, y existen funcionarios que ya entran con la intención de hacer negocios adentro”, señala uno de los que dice ser funcionario desde hace más de 20 años.

Subraya que, el problema de Tacumbú viene de años de arrastrar hechos problemáticos que han ido creciendo, y que, la selección de personal para la seguridad interna, no se ajustó a los requisitos y condiciones para ocupar los puestos.

“Muchos ingresaron sin la  capacidad para desempeñar la función (de guardiacárcel) y ese problema fue creciendo, pero como el  nivel salarial es bajo, no hay manera de que se mejore el servicio ( de seguridad)”, agrega.

DROGAS Y “DE TODO”

Tanto en Tacumbú como en las demás cárceles del país, el ingreso de bebidas alcohólicas y otros diversos tipos de drogas, es denunciado habitualmente. Pero en términos de drogas, no solo se habla de ingresos. Desde la detección en el 2017 de una mujer que sacaba cocaína del penal mayor, quedó la certeza de que incluso, en el reclusorio capitalino se estaba produciendo esa droga.

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En efecto, el 12 de octubre del 2017,  una mujer de 20 años fue sorprendida retirando un paquete de aproximadamente 200 gramos de cocaína de la cárcel de Tacumbú. Fue detenida luego de un seguimiento que realizaron agentes de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

El  entonces jefe de Antinarcóticos Baldomero Jorge, dijo a medios de prensa en aquella ocasión que, la mujer ya había sido investigada anteriormente por sospechas de haber retirado tocos de marihuana y crack.

Detalló que habría un distribuidor a gran escala dentro del penal que va repartiendo la droga a sus clientes. Consultado sobre si, dentro del penal habría una fábrica, contestó que no puede negar, pero tampoco lo puede desmentir, pero sí confirmó que la cantidad de 200 gramos de cocaína es mucha para el microtráfico.

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Marcelo Duarte, abogado constitucionalista, expuso el alcance de las potestades de un interventor, en vista a la reciente aprobación de dos intervenciones municipales, la de Ciudad del Este y la de Asunción.

El trabajo de los interventores es bastante complejo, pero se puede sintetizar en “ver exactamente qué ha ocurrido con la administración municipal, es decir, se concentra en decisiones de carácter administrativo, no puede tomar ninguna decisión de orden político”.

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Además, revisar de qué manera fue ejercida la administración del ente, a partir de lo cual se eleva un informe al respecto.

La administración a cargo del interventor se limita a cuestiones imprescindibles, a los efectos de que la municipalidad no quede parada en las funciones que le corresponde.

“No es su función despedir porque no es un administrador, sino la persona encargada de establecer qué se hizo con la administración municipal en el tiempo que corresponde a la administración intervenida. Su función no es administrar, aunque tenga que tomar algunas medidas”, advirtió.

En cuanto al cuestionamiento de la oposición respecto a la potestad o no de la Contraloría para solicitar la intervención, el constitucionalista opinó que esa duda es más bien de origen político, pero que, no existen dudas de que esta entidad tiene todas las potestades de pedir la intervención.

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Una fuerte ola de indignación generó la denuncia sobre el supuesto sacrificio de un perra callejero durante una fiesta de “bautismo” organizada por estudiantes ingresantes de la carrera de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Coronel Oviedo.

El caso llegó hasta la Dirección de Comunicación de Defensa Animal, cuyo representante Federico Decoud, confirmó que ya iniciaron los primeros pasos para una posible denuncia penal por maltrato animal. “Nos enteramos ayer y de inmediato enviamos un equipo técnico con veterinarios. Solicitamos que nos faciliten el cadáver del animal para realizar la necropsia correspondiente”, explicó en conversación con la 650 AM.

El procedimiento médico-legal permitirá determinar cómo y cuándo murió el animal, si fue a causa de una enfermedad o si efectivamente fue sacrificado como parte del ritual de iniciación. “La necropsia nos va a dar un amplio espectro de información que podamos derivar a la Fiscalía. Cuando se trata de la muerte de un animal, se trata de una acción penal pública, conforme a la normativa vigente”, añadió.

Desde la institución afirmaron que en caso de que no exista una denuncia formal de terceros, ellos mismos iniciarán la acción judicial. “Nosotros tenemos la llave de apertura de la investigación. Si nadie hace la denuncia, la hacemos nosotros y remitimos todas las pruebas que tenemos al Ministerio Público”, sostuvo Decoud.

El hecho generó una reacción generalizada de repudio en redes sociales, especialmente por tratarse de estudiantes que se están formando justamente para proteger la salud animal. “Estamos totalmente en contra de este tipo de actos. No se entiende cómo estudiantes de veterinaria podrían participar en la muerte de un animal”, enfatizó el representante de Defensa Animal.

Por su parte, la Universidad Católica de Caaguazú deslindó responsabilidad, al tiempo de condenar el hecho realizado fuera del campus universitario. “Los actos que impliquen maltrato animal, son absolutamente repudiables y contrarios a los valores promovidos en el Campus”, expresó en un pronunciamiento.

Autoridades militares visitaron a los combatientes del Chaco para celebrar y destacar la valentía, sacrificio y lucha por un país libre y soberano.

Don Canuto González, con 109 años de edad, residente en el Departamento Central, fue visitado por el comandante del Ejército, Gral. Manuel Rodríguez y el Gral. Div, Gustavo Arza, jefe del Estado Mayor del Ejército.

Don Virgilio Dávalos, de 110 años, quien vive en Coronel Oviedo, fue homenajeado en su vivienda por el comandante de la 2ª División de Infantería Gral. Edgar Aguirre.

Don Juan Bautista Cantero tiene 108 años y recibió la visita del comandante de la 3ª División de Infantería Gral. Pedro Martínez, en su vivienda en Itakyry.

Estos tres héroes formaron parte de la contienda entre Paraguay y Bolivia que dejó como saldo unos 90.000 soldados muertos entre ambos bandos.

Después de tres años de enfrentamiento, el 12 de junio de 1935 se firmó en Buenos Aires, Argentina, el Protocolo de Paz del Chaco, en el que se acordaba el fin de la cruenta guerra.