Fuente: La Caja Negra – Unicanal

El Gobierno Nacional, a través de la Copaco y Vox, otorgó casi 3 millones de dólares de los fondos Covid a una empresa de Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La entrega se dio con el aval de la Comisión Especial de Supervisión y Control de las compras Covid, manejada por Arnaldo Giuzzio y creada por el Poder Ejecutivo para justamente evitar las tragadas y negociados en pandemia.

A través de Vox (Hola Paraguay SA), la Conatel firmó un contrato con la empresa Bizcom S.A., del músico colombiano Kike Santander, para el suministro de soluciones tecnológicas de la marca Simplifi, tales como servicios en la nube, call center, plataforma, entre otros. La firma del acuerdo se realizó el 26 de marzo del 2020, a inicios de la cuarentena sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Este contrato se ejecutó en el marco de un acuerdo previo de la Copaco con el Ministerio de Salud para la provisión del servicio de contact center, a fin de rastrear a personas o contactos que hayan estado expuestos al Covid-19. Fue así que para hacer efectiva esa prestación, Copaco subcontrató los servicios de Bizcom mediante su telefónica subsidiaria Vox.

El presidente de Copaco, Sante Vallese, y el representante de Bizcom SA firmaron el contrato directo sin realizar una licitación, pero lo que más llama la atención es que dicha empresa elegida por el Estado paraguayo está vinculada a la familia presidencial, ya que Kike Santander es el concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, puesto que está casado con Adriana López Moreira, hermana de su esposa Silvana.

Esta es una de las notas dirigidas al entonces verificador de las compras COVID, Arnaldo Giuzzio, quien avaló la contratación directa al concuñado de Marito.

De esta manera, bajo cláusula de extrema confidencialidad, el “concuñado de oro” se benefició con un importante “Pytyvo” en pandemia, tal como lo calificó el diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez, quien anunció que pedirá informes a Copaco sobre el contrato y advirtió que si Sante Vallese se niega a transparentar lo ocurrido, se expondrá a acciones judiciales.

A travez de documentos filtrados al equipo de La Caja Negra, se sabe ahora que la estatal Copaco acordó con Salud brindar soporte técnico de hardware y software de sus equipos para el servicio del call center, el cual incluyó 100 posiciones con un costo de G. 7.315.200 cada uno, dando un total de G. 731.500.200 por mes, el contrato sigue operativo hasta la fecha. Al multiplicar el monto por los 28 meses, teniendo en cuenta que el contrato con BIZCOM S.A. se firmó en marzo del 2020, da como resultado una cifra total de G. 20.482.005.600, que al cambio actual es alcanza los US$ 3 millones.

El Gobierno consiguió este dinero de los fondos de la ley de emergencia, que dispuso de una línea de crédito de 1.600 millones de dólares con el fin de garantizar recursos al sistema de salud ante la situación del Covid-19 y facilitar la recuperación de la economía. Desde su ejecución, aparecieron varias denun­cias de compras irre­gulares de insumos médicos y de bioseguridad. Tal fue el nulo control para el buen uso de esta plata que la propia Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 dio su aval al no presentar objeción alguna al acuerdo entre Salud y Copaco, y el de Vox y Bizcom.

En notas dirigidas en octubre del 2020 al entonces ministro Arnaldo Giuzzio, quien aparecía como coor­dinador general de la comisión especial contralora, se informaba sobre la prestación del servicio de Contac Center de Copaco-Vox al Ministerio de Salud y se ponía a consideración el financiamiento con los fondos Covid, pero obviando que para eso iba a subcontratarse primero a la empresa del concuñado presidencial.

Los documentos llevan la firma del ministro anticorrupción René Fernández, de la Sepread, Carlos Arregui, y del coordinador Arnaldo Giuzzio. Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo no pidieron mayores explicaciones sobre el acuerdo en cuestión, pese a que tenían como misión coadyuvar a la gestión eficiente de los recursos públicos destinados a mitigar los efectos de la pandemia.

Con la filtración de la entrega al concuñado presidencial, poco a poco se va sabiendo a dónde fueron a parar los 1.600 millones de dólares que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo y para lo cual el país entero tuvo que endeudarse.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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Los últimos tres episodios de violación a mujeres, los cometió en una semana, y hay otros seis casos denunciados que no se formalizaron por temor de las victimas, según señala la concejal ovetense Rossana Bogado, quien indicó que la presunción que tienen los investigadores, es que el sujeta acciona del modo como lo hace, para evitar huellas de ADN que pudiera llevar a su identificación.

“Es bastante llamativo el modo como toma precauciones para cometer los abusos, a fin de ser detectado”, dijo Bogado en comunicación con la 1020 AM.

En todos los caos reportados, se menciona al victimario como una persona baja y robusta, que amenaza a sus victimas con cuchillo, y que ingresa las casas en donde viven mujeres solas, generalmente jóvenes, conforme observan policías que están tras los pasos del criminal.

En el más reciente episodio (el viernes pasado) la mujer que sufrió el ataque, llegó a arrebatar el cuchillo al sujeto, con el que le ocasionó una herida cortante en el pecho, lo cual hizo que el atacante huyera.

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