El conductor del Suzuki Gran Vitara, con chapa BAP 918, no tuvo otra mejor idea que huir con el cepo colocado por una de las ruedas, con el fin de evitar que su rodado sea llevado al corralón.

Este escape quedó registrado en materiales audiovisuales por los testigos, quienes miraban con asombro cómo los intervinientes de la PMT trataban de evitar que el hombre se lleve el automóvil, pero todo esto en vano.

En las imágenes divulgadas se observa la manera en la que el chofer empuja a un funcionario, para finalmente lograr zafar de la situación, llevándose de paso el seguro metálico.

Consultado al respecto, el jefe de base Pedro Guerrero, refirió que el hecho se registró frente al Hospital Boquerón del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre las calles Pa’i Pérez, entre Pettirossi y Teniente Fariña a las 07:30 horas de esta jornada.

“El hombre dejó estacionado su vehículo, y cuando vio que la grúa se disponía a llevar, salió corriendo y comenzó a hacer marcha atrás. No nos dijo nada, solo comenzó a acelerar”, sostuvo a HOY.

Explicó que la pala de enganche ya estaba debajo de las ruedas delanteras, para disponer al retiro del vehículo que fue estacionado incorrectamente.

Guerrero contó que luego, al ver que el sujeto no desistía, uno de los intervinientes colocó el cepo por la rueda trasera, pero no pudo ajustar bien. Mientras que el conductor de la grúa intentó atajar el auto, pero el sujeto en infracción finalmente logró darse a la fuga.

El jefe de la Unidad 2 de la capital indicó que afortunadamente ambos funcionarios no resultaron heridos. Aunque existe una pérdida monetaria, ya que el cepo tiene un costo de entre 800.000 a un millón de guaraníes.

Por último, el encargado manifestó que ya se está realizando la denuncia correspondiente en la Comisaría 3ra. Metropolitana y ya pasaron el informe a la asesoría de su institución para ver las medidas a tomar en este caso.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.

Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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