El hallazgo se produjo en marzo del 2014, luego de un trabajo de inteligencia de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), liderada por el enton­ces viceministro de Comercio del Ministerio de Industria, Pablo Cuevas.

El operativo se montó tras el vuelco de un camión de azú­car en Pedro Juan Caballero, desde donde se hizo un tra­bajo de seguimiento al car­gamento de azúcar presumi­blemente de contrabando y se llegó a un depósito en Itau­guá, donde se encontró más de 160 toneladas de azúcar de procedencia irregular.

Según los antecedentes publicados en los medios de prensa, el cargamento fue decomisado el 10 de marzo del 2014 de los depósitos de las firmas AJ SA y Retail SA, ubicados en Itauguá, por un equipo conformado por agentes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de Aduanas y de la Policía contra Delitos Eco­nómicos ante la presunción de contrabando.

Sin embargo, el 31 de octu­bre del mismo año, el admi­nistrador aduanero de capi­tal, Carlos Alfredo Medina, firmó la Resolución N° 263 por la cual sobreseyó a las firmas Retail SA y AJ SA del Grupo Vierci, y responsa­bilizó a otras cinco empre­sas por el ingreso de esa cantidad de edulcorante. No obstante, el ente cali­ficó el ingreso de la merca­dería como contrabando, pero responsabilizó a cinco empresas más pequeñas del hecho.

En el documento se deja cons­tancia de que la representa­ción fiscal pidió que la situa­ción de la carga sea declarada en infracción aduanera de contrabando y que todas las empresas involucradas sean responsables de haber par­ticipado en el ingreso de este cargamento, incluyendo a las firmas de A.J. Vierci.

Sin embargo, el administra­dor Medina justifica su reso­lución en dos puntos funda­mentales: el informe de la SET –en el que se habla de que las facturas son lega­les–, lo que les valdría a estas empresas para considerarlas como “compradora de buena fe” y un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justi­cia, de mayo de este año, en el que Aduanas perdió un caso –similar al planteado en esta causa– por supuesto contra­bando, que le significó una millonaria pérdida.

Según Medina, este docu­mento de la Corte deja un precedente peligroso, por lo que prefiere “resguardar” el patrimonio de la Direc­ción de Aduanas ante accio­nes y recursos judiciales que podrían plantearse.

Los antecedentes del caso indican además que el propio Instituto Nacional de Tecno­logía y Normalización (INTN) realizó en abril del 2014 un informe técnico sobre el azú­car incautado. En dicho estu­dio, se demostró que el pro­ducto no fue elaborado por ingenio paraguayo debido a que contenía sustancias que están prohibidas en su fabri­cación en nuestro país.

FÚSTER DECLARÓ QUE SE EXTRAVIÓ LA MERCADERÍA

Un año después de la incau­tación del cargamento de azúcar, en el 2015 el fis­cal Emilio Fúster declaró que se extravió la merca­dería de Vierci de los depó­sitos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, se presume que fue revendida.

“2.826 bolsas de azúcar fueron incautadas en su oportunidad (…) tuvimos la noticia de que se estaba sacando el azúcar de este lugar y nos encontramos con esta situación de que prác­ticamente solo encontramos 298 bolsas”, informó el fiscal Emilio Fúster en comunica­ción con la 650 AM, el 23 de febrero del 2015.

El agente fiscal detalló que se inició una investigación para identificar a las perso­nas responsables de la desa­parición del cargamento.

Un documento de contenido falso firmado por supuestos funcionarios de la Dirección de Aduanas fue utilizado para “respaldar” la entrega del cargamento de azúcar de contrabando.

“Encontramos también documentos que supuesta­mente respaldan la entrega, que fueron firmados por supuestos funcionarios de Aduanas sin el consen­timiento del Ministerio Público, pero al consultar al área de recursos humanos de esa dependencia (corro­boraron que) no los registran como funcionarios. Dudamos de la veracidad y la autenti­cidad de estos documentos”, sentenció.

Según los informes preliminares, un solitario asaltante se llevó alrededor de 30 millones de guaraníes del local. Ingresó a mano armada y redujo a tres empleados, para luego huir en una motocicleta.

El centro comercial popular de la capital tiene varios negocios dedicados a apuestas y juegos de azar. Intervinientes indicaron que el delincuente tenía datos precisos acerca del volumen de plata que había en el sitio, que al parecer maneja un protocolo de seguridad, por el que habitualmente no mantiene mucho tiempo dinero en efectivo. Sin embargo en esta ocasión le habrían “madrugado” al esquema. El local en el que realizó su “golpe” el ladrón, se encuentra frene a un puesto policial, pero que al momento del hecho el uniformado no se encontraba en el área.

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Personal interviniente levantó imágenes de circuitos de la zona, para intentar identificar al autor del ilícito, así como para reconstruir el camino que siguió tras el robo.

En los últimos meses se reportaron varios casos de robos en el centro municipal más concurrido de la ciudad. Sin embargo ahora el suceso se diferencia de la mayoría de los otros casos que se denuncian, por la forma en que se cometió.

La agente fiscal Lorena Ledesma imputó a Cristine Vogel Diedrich por presuntos delitos ambientales. Es en el marco del caso ocurrido en febrero de este año, donde hubo una fuga de amoniaco en la fábrica de embutidos Ochsi, ubicada en San Lorenzo.

Vogel Diedrich es el titular de la firma Novex S.A., responsable de la firma de embutidos.

Refirió la fiscal Ledesma que desde la Dirección de Delitos Ambientales se informó que la fábrica echaba sus efluentes, sin tratamiento ninguno, a las aguas del arroyo San Lorenzo. Se comprobó que se había instalado un caño de desagote irregular.

Refieren los antecedentes que el hecho ocurrió en fecha 7 de febrero de este año, en horas de la mañana. Tras la fuga del corrosivo químico, 33 trabajadores quedaron afectados; cuatro de ellos fallecieron.

Los clientes de la ANDE son los grandes beneficiados con la nueva tarifa de Itaipú, al entender del ingeniero Félix Sosa, presidente de la institución.

“En ningún momento va a existir un aumento tarifario debido a un aumento de la tarifa de Itaipú”, explicó Félix Sosa, durante la conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.

El aumento de 73 millones de dólares que significará para la ANDE la nueva tarifa de Itaipú, se compensará con los ingresos adicionales que recibirá la binacional y que se invertirán en infraestructura eléctrica.

De hecho, el propio presidente Santiago Peña explicó que, dentro del uso que se dará a los 1.250 millones de dólares anuales que recibirá Paraguay, figura la inversión en el fortalecimiento de los sistemas de distribución de la ANDE. Esto permitirá que, en un futuro cercano, Paraguay pueda retirar toda la energía que le corresponde y también, una notoria mejoría en la calidad del servicio.

Otro aspecto fundamental y que, sin dudas, representa un logro, es la continuidad del acuerdo operativo que beneficia a la ANDE y, mediante el cual, adquiere la energía excedente a un precio muy inferior.

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Si bien con el paso de los años, los porcentajes comenzarán a variar porque nuestro país necesitará más energía, hasta el último informe de finales del 2023, del total que le corresponde, Paraguay contrataba casi el 52 % de energía garantizada que necesitaba, mientras que, el 48 % restante era la energía excedente, la cual, cuesta casi cinco veces menos. Esos valores son los que podrán mantenerse y evitarán que la ANDE modifique su forma de contratación y por ende, no tendrá que aumentar sus gastos en ese concepto.

La nueva tarifa de Itaipú es de USD 19,28 6y regirá por los años 2024, 2025 y 2026. Con estos valores, Paraguay recibirá 1.250 millones de dólares por año. También se acordó que la revisión del Anexo tendrá como plazo de culminación el 31 de diciembre de este año.

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