Cámara de Alimentos y Bebidas reafirma su compromiso de asegurar la cadena de abastecimiento

La Cámara de Alimentos y Bebidas de Paraguay (CABE) reafirma su compromiso de asegurar la cadena de abastecimiento a la población, la protección del empleo y las medidas de prevención ante el COVID-19 impuestas por el Gobierno Nacional.

En el marco de una reunión llevada a cabo entre la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, y miembros de la Cámara de Alimentos y Bebidas de Paraguay (CABE),ante las medidas asumidas por el Gobierno en relación a la pandemia del COVID-19, se ratificó el esfuerzo y compromiso de las empresas miembros de CABE, así como el cumplimiento de todas las disposiciones para asegurar la cadena de abastecimiento de bebidas y alimentos a la población, de manera segura y eficiente.

Para poder desempeñar su función social en este contexto, la seguridad y el cuidado de los empleados es una de las prioridades. Las empresas miembros de CABE adecuaron sus operaciones para mantener el suministro prioritario de productos necesarios para la población, con la dotación indispensable. Reforzaron las medidas de prevención y condiciones de higiene para el cuidado de sus colaboradores y la cadena de valor, activando protocolos para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de COVID-19.

CABE considera fundamental seguir colaborando con las autoridades, adecuándose a las medidas y recomendaciones emitidas por los organismos pertinentes, poniendo como prioridad el cuidado de las personas, de los empleos y el abastecimiento a la población.

“Agradecemos a la industria de bebidas y alimentos del Paraguay que se encuentra trabajando comprometidamente en este difícil contexto para satisfacer las necesidades de abastecimiento de la comunidad de estos productos esenciales, de la manera más segura y eficiente. Celebramos que las empresas del sector hayan adecuado sus operaciones para mantener el suministro necesario y reforzar las medidas de prevención y seguridad de su cadena de valor y por sobre todas las cosas, valoramos el compromiso de mantener los puestos de trabajo. Promovemos también mantener un diálogo permanente y un trabajo intersectorial con otros ministerios y sindicatos para trabajar más unidos que nunca frente a esta excepcionalidad que nos toca vivir y poder salir más fortalecidos como país”, expresó la ministra Liz Cramer, quien también hizo hincapié en que las empresas grandes sostengan la cadena de pagos y puedan pagar lo antes posible a proveedores y especialmente a MiPymes.

ACERCA DE LA CABE

La CABE (Cámara de Alimentos y Bebidas de Paraguay), promueve el desarrollo de la industria de alimentos y bebidas en el país, la economía de mercado, garantizando la seguridad alimentaria, la información al consumidor y el bienestar de las personas. Garantiza el cumplimento de las normas y demás regulaciones inherentes a la industria, orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar del consumidor.

Asimismo, impulsa el desarrollo sustentable y crecimiento de la industria de alimentos y bebidas con prácticas efectivas de la ética demostrada especialmente en el cumplimiento de las leyes sanitarias, fiscales, laborales, medioambientales y de competencia. Aporta y colabora en el desarrollo de políticas públicas que fomenten el mejoramiento y protección de la salud en general, la alimentación y nutrición en particular de la población paraguaya.

CABE está compuesta por Bebidas del Paraguay, Unilever, PepsiCo, Nestlé, Paraguay Refrescos S.A. y Arcor.

 

Fondos millonarios para crisis por Covid-19: ¿quién controlará la plata?

El proyecto de ley de emergencia prevé que las rendiciones de cuentas de los US$ 1.600 millones (monto tope) se realicen recién dos meses después de concluido el periodo de ejecución, sin que nadie vea el proceso. Para el Instituto de Derecho y Economía Ambiental todo debería hacerse por una plataforma de datos abiertos en la que la ciudadanía vigile cada movimiento.

“Todo el proceso debe estar a disposición en formato de datos abiertos, para hacer un efectivo control y detectar casos de corrupción”, opinó el abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental en charla con nuestra redacción.

Recordó que el Mitic dispone de personal y presupuesto para desarrollar una plataforma así. Es más, cuenta con un préstamos del BID, para un proyecto denominado agenda digital, con el que se podría poner en práctica esta alternativa.

Consideró además que las autoridades encargadas de gestionar los recursos, deberían presentar declaraciones juradas actualizadas de bienes, para evitar cualquier especulación con el manejo del dinero.

Otra crítica al proyecto es que permite a la Auditoría General del Poder Ejecutivo realizar el “control” a posteriori, o sea, “controla” al mismo poder del que e parte con posterioridad a que los hechos de corrupción hayan ocurrido.

Se estipula también que los organismos del Estado presenten una rendición de cuentas dos meses después de concluido el periodo de emergencia, un tiempo suficiente para un posible “maquillaje” de los números.

“Así como está planteado parece estar diseñado para diluir los controles y facilitar la impunidad de quienes eventualmente incurran en hechos de corrupción”, estimó Santagada.

El proyecto de emergencia prevé préstamos de organismos internacionales de hasta 1.600 millones de dólares, sin embargo, el ministro de Hacienda, Benigno López, aclaró que todavía se están ajustando detalles y pidió comprensión a la ciudadanía.

 

Proyecto de emergencia no es perfecto, pero creen que urge aprobación

A criterio del economista Pablo Herken el proyecto de emergencia presentado por el Ejecutivo , que plantea aprobar 1.600 millones en créditos, carece de varios detalles sobre la forma de aplicación de los recursos. No obstante, la crisis pone al país contrarreloj y la aprobación es urgente.

“Lo importante es que tenemos un proyecto de ley de emergencia para todo el país, para cuidar la vida y la salud de la gente y la economía y el estómago, no es un proyecto perfecto, hay cosas que aclarar y mejorar, pero con esto no se puede demorar mucho, no rechacemos, ni pateemos esto”, explicó Pablo Herken en conversación con Gen.

Consideró que faltan muchos detalles sobre la forma de ejecución de estos fondos que serán obtenidos mediante créditos otorgados por organismos internacionales. Entre las dudas mencionó la creación del fondo de salud en el que se citan varios puntos como la multiplicación de lugares en terapia intensiva, el aumento de pruebas diarias del Covid-19, la adquisición de insumos, etc.

Respecto al área social indicó que se debe explicar cómo se distribuirán 300 millones de dólares a los trabajadores informales y a otros sectores afectados por esta suspensión de actividades: como las pequeñas y medianas empresas, etc.

“Por primera vez en años se establece que el BCP, por una situación de emergencia pueda otorgarle al Estado todos los préstamos que necesite”, opinó Herken.

Para Herken lo fundamental y valorable es que el planteamiento existe y que debe aprobarse a más tardar en dos o tres días, con la acotación de que hará falta una especie de “planilla de cálculo”, en la que se plasmen los números a ser destinados a cada área.

 

Crisis del coronavirus: economista plantea retención del 5 % a exportación de soja

El economista Dionisio Borda propone varias medidas financieras para paliar la crisis generada por la suspensión de actividades. Aplicar una retención del 5 % a la exportación de soja, transferir G. 1.000.000 mensual a sectores vulnerables, pedir el adelanto de recursos por energía de Itaipú son algunas de las recomendaciones.

Uno de los sectores más vulnerables corresponde a los que viven de su trabajo diario y que estimativamente equivalen a las dos terceras partes de la población. Ellos son uno de los más perjudicados por la suspensión de actividades, a criterio de Dionisio Borda.

El exministro recomienda la entrega de un millón de guaraníes mensuales por los próximos tres meses a esta franja poblacional que hoy está registrada como receptora de la tarifa social de la ANDE. “Esta transferencia de renta esta direccionada exclusivamente al consumo de bienes básicos de este sector, que cuenta con su propio sistema de abastecimiento de alimentos”, aclara el economista.

Además exhorta a la duplicación del monto destinado a beneficiarios de programas sociales, dotar a Salud Pública de mayor capacidad administrativa y de gestión, entre otros puntos.

También cree conveniente imponer una retención del 5 % a la exportación de soja, debido a la cosecha récord de este rubro, la tasa de cambio favorable y a la naturaleza concentradora de ingresos y de riqueza.

Igualmente insta a solicitar al Brasil el adelanto de transferencias por venta de energía de Itaipú para asegurar el financiamiento a la salud pública.

Para Dionisio Borda, el paquete económico anunciado por Ejecutivo es bueno pero resulta todavía insuficiente ante el gran impacto financiero que representa el Covid-19 en todo el mundo.