Afara definirá en 15 días si pugna por la Junta de la ANR
El senador de Añetete, Juan Afara, asegura que en Itapúa le pidieron que se precandidate a la Junta de la ANR, pero que decidirá tras 15 días de recorrido por el país. Respecto a los cargos municipales, cree que los perdedores deberán colaborar con los ganadores para los comicios de noviembre.
El legislador de la ANR se reunió este jueves con el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, para contarle que colorados de Itapúa le solicitaron que se precandidate a la Junta de Gobierno.
“Quiero salir a escucharles a nuestros correligionarios y le dije al presidente que después voy a venir a informarle de las resultas”, comentó Afara en charla con Universo 970 AM y reveló que en 15 días más terminará su recorrido por el país.
En cuanto la unidad para los cargos municipales opinó que se debe ser muy inteligente y conversar para elegir al mejor candidato, que a su criterio podría surgir de Colorado Añetete.
Para Afara, el que resulte perdedor de las internas debe ponerse a disposición del electorado y acompañar al ganador en los comicios municipales.
“Cuando perdí fui aplastado en las internas y después fui jefe de campaña de quien me ganó, trabajé desde el primer día”, recordó el senador Afara.
CUARESMA
En cuanto al inicio de la Cuaresma y las recomendaciones de ayuno, oración, limosna y abstinencia, Afara asegura que cumple al pie de la letra porque es un católico que proviene del interior y como tal tiene muy arraigadas esas costumbres.
“Nosotros luego ya estamos en edad de abstinencia, así que cumplimos a rajatabla”, concluyó.
Cronología de la mayor persecución política en democracia con uso del Estado
Tras el pedido de la Fiscalía de desestimar la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes, el defensor Pedro Ovelar hizo un repaso del inicio de esta historia que perjudicó no solamente al expresidente, sino a miles de familias paraguayas.
“Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el gobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde, coordinadamente, desde el mes de diciembre del 2021 (todavía no públicamente) y enero del 2022, empieza una campaña de desprestigio y creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta de Horacio Cartes empresarial”, opinó Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes.
Recordó que el caso derivó en la denuncia de Giuzzio ante la Comisión Permanente (sin cuórum) y ante la Seprelad (que no puede recibir denuncias) con la investigación encabezada por su titular Carlos Arregui para concluir en dos cuestiones.
El 1 de abril del 2022, informe de inteligencia que envía la Seprelad a Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera de EEUU) donde, a más de recordar la jurisdicción que tienen sobre Cartes en ese país, remiten una serie de informaciones sobre él.
En mayo del 2022 se filtran datos a los diarios Abc y Uh, que, en conjunto sacan una tapa, con detalles informes de inteligencia que son confidenciales y no pueden ser compartidos con la prensa ni con ningún tercero.
“De manera falsa, tergiversada y exagerada realizan calificaciones sobre la conducta de Cartes y Tabesa, sobre todas sus empresas, entorno familiar, incluso personas, incluyéndome a mí, para perseguir a Horacio Cartes. Eso es lo que hoy se desestima”, explicó el abogado, en relación a la desestimación solicitada por la Fiscalía.
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Los hechos investigados finalmente fueron determinados como falsos, pese a lo cual, ya muchas familias paraguayas que trabajaban para estas empresas fueron perjudicadas.
“Se trató de la mayor persecución política en la era democrática utilizando el estado como herramienta”, opinó el abogado. Todo esto, recalcó, con el fin de tomar un atajo eliminando al adversario político.
Los abogados de Cartes en Estados Unidos se encargarán de hacer llegar esa información. pero también es importante, recalcó, que la Seprelad pueda evaluar y redireccionar esto, a fin de que el informe no quede como valedero ante ninguna entidad extranjera.
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Nenecho desmiente que Ejecutivo le haya pedido su renuncia
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, desmintió que desde el Poder Ejecutivo le hayan solicitado que renuncie el cargo, de modo a desactivar el pedido de intervención solicitado por la Contraloría General de la República.
A través de sus redes sociales, el intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez respondió a una información compartida por radio Ñanduti, medio que aseguró que el Ejecutivo supuestamente le pidió su dimisión.
“Desde el entorno del presidente de la República le habrían pedido su renuncia al intendente Óscar Rodríguez para evitar la intervención de la municipalidad y el jefe comunal les respondió que no lo hará”, rezaba el posteo.
Sin embargo, el intendente Rodríguez aseguró que dicha información era una completa mentira. “Desmiento categóricamente está noticia mal intencionada. En ningún momento nadie me pidió la renuncia. Dejen de mentir y tergiversar”, escribió.
El movimiento Honor Colorado había adelantado que iba a favor de intervenir la Municipalidad de Asunción y la de Ciudad del Este. Esta segunda petición se concretó este miércoles durante la sesión de la Cámara Baja.
El acuerdo constitucional para la intervención implica la separación del cargo de los intendentes y la designación de un interventor que se encargará de la administración en lo que dure la auditoría.
En caso de que el Congreso apruebe la intervención de alguna de las municipalidades, se deberá nombrar un interventor, quien tendrá hasta 90 días para presentar un informe sobre la gestión del jefe comunal. El resultado de esa investigación será evaluado por la Cámara de Diputados, que finalmente decidirá si corresponde o no la destitución del intendente.
Si se concreta la destitución, la Cámara Baja notifica a la Justicia Electoral y, a partir de ahí, la institución posee 90 días para organizar la elección, tanto la interna partidaria como la elección municipal.
En cambio, según la ley, si la vacancia del cargo ocurre por inhabilidad, renuncia o muerte del intendente en los dos últimos años del mandato, el procedimiento es distinto: asume el presidente de la Junta Municipal, quien debe convocar a sesión para elegir a un reemplazante entre los concejales.
Si un intendente es destituido, TSJE tiene 90 días para organizar elección
Ante la posibilidad de una intervención en las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) requerirá presupuesto, dado que ambos municipios concentran casi 700.000 electores y una elección de esa magnitud no está contemplada en el presupuesto vigente.
“Estamos muy atentos por una cuestión presupuestaria, más que nada. No hay que perder de vista que entre ambas ciudades hay casi 700.000 electores”, expresó Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE.
No obstante, aclaró que el organismo está obligado a cumplir con el artículo 165 de la Constitución Nacional, que establece la convocatoria a elecciones en un plazo de 90 días en caso de destitución de un intendente.
En entrevista con canal GEN, Ljubetic también explicó que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar. En caso de que el Congreso apruebe la intervención de alguna de las municipalidades, se deberá nombrar un interventor, quien tendrá hasta 90 días para presentar un informe sobre la gestión del jefe comunal. El resultado de esa investigación será evaluado por la Cámara de Diputados, que finalmente decidirá si corresponde o no la destitución del intendente.
“Si se concreta la destitución, se nos debe notificar formalmente y, a partir de ahí, tenemos 90 días para organizar la elección, tanto la interna partidaria como la elección municipal”, detalló.
También recordó que, según la ley, si la vacancia del cargo ocurre por inhabilidad, renuncia o muerte del intendente en los dos últimos años del mandato, el procedimiento es distinto: asume el presidente de la Junta Municipal, quien debe convocar a sesión para elegir a un reemplazante entre los concejales.
Ljubetic adelantó que, si los tiempos procesales se cumplen, las nuevas elecciones municipales podrían concretarse en los primeros meses del próximo año, en caso de que el Congreso opte por la destitución del intendente de alguna de las dos capitales departamentales.