Por La Nación.

Lanzaban ardorosos discursos por la causa de los jóvenes libera­les procesados por la quema del Congreso Nacional, pero al mismo tiempo se embol­saban millonarias sumas de las arcas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Los abogados que finalmente se convirtieron en candida­tos Guillermo Duarte Caca­velos y Kattya González “no perdonaron” con la factura­ción.

La candidata a diputada por el Partido Encuentro Nacio­nal (PEN), Kattya González, ejerció la defensa del chofer de Efraín Alegre, Luis Osvaldo Sánchez, y de otros imputados por la supuesta fabricación ile­gal de bombas caseras (incen­diarias) en el local del PLRA, con las que se habría incendiado el Congreso Nacional el pasado 31 de marzo del 2017 (31M).

El 3 de julio del año pasado, Kat­tya González le facturó al PLRA más de G. 27 millones y medio de guaraníes (casi US$ 5 mil), en concepto de “honorarios profe­sionales por trabajos realiza­dos en la causa: Luis Osvaldo Sánchez y otros s/violación a la Ley 4036/10. Nº 645/17”, según reseña su factura 301, con regis­tro Único de Contribuyentes (RUC) 2470190-4.

Posteriormente, en junio del 2017, tras la fuga a Uru­guay de los imputados Luis Osvaldo Sán­chez, Brian Este­ban Martínez, Osvaldo Daniel Aquino Notario, Rubén Moisés Galeano y Luis Alberto Cáceres, la candidata del PEN viajó hasta ese país, con todos los gastos pagos y tratamiento VIP, junto con el can­didato a presidente de la República por la alianza Ganar, Efraín Ale­g r e , para continuar con la asisten­cia jurídica a los fugitivos.

Con fondos del PLRA también se financiaron los ostentosos gastos en Uruguay, como pasa­jes aéreos, alojamiento VIP, alimentación gourmet, entre otros gastos de manutención incurridos por la delegación de dirigentes liberales y la jurista, que fueron hasta ese país para asistir a los prófugos de la jus­ticia paraguaya.

CANDIDATO ESTRELLA Y PARTNER DE FERNÁNDEZ LIPPMANN

Otro beneficiado con los fondos del PLRA es el ex candidato al Senado por el Partido Demo­crático Progresista (PDP), abo­gado Guillermo Duarte Caca­velos. El letrado es defensor en casos personales de Efraín Alegre y en la querella adhe­siva de la causa contra el sub­oficial Gustavo Florentín, por supuesto homicidio doloso.

Duarte Cacavelos también le facturó “patrióticamente” al PLRA la friolera de US$ 60.500 (un poco más de G. 335 millo­nes), por las tres causas que atiende el ex candidato de la senadora Desirée Masi.

El PLRA desembolsó US$ 27.500 (másdeG. 152millones) a favor del ex candidato del PDP, en la causa donde Efraín Alegre enfren­tará juicio oral y público, por la supuesta difamación y calumnia contra el abogado Marcos Aure­lio Estigarribia Irala, a quien dijo en una rueda de prensa “abogado narco” y “abogado procesado por estafa”. El querellante reclama a Alegre una compensación por G. 150 millones, que se teme tam­bién podría salir de las arcas del partido liberal.

El ex candidato del PDP, también cobró otros US$ 22 mil (casi G. 122 millones), por la ampliación de la denuncia penal del asesinato de Rodrigo Quintana, en la que incluyeron el supuesto intento de homicidio contra el titular del PLRA, Efraín Alegre, y los dipu­tadosAmadoFlorentín, Eusebio Alvarenga y Olimpio Rojas.

Duarte Cacavelos además le facturó al Partido Libe­ral otros US$ 11 mil (casi G. 61 millones) en concepto de honorarios profesionales por asumir la querella adhesiva en la causa contra Gustavo Florentín, sobre homicidio doloso y otros delitos.

La mayor fuente de financia­miento político que perciben los partidos políticos en Para­guay proviene de los montos de subsidio electoral y aportes anuales, que otorga el Estado. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en dos años recibió de las arcas públicas casi G. 29.192 millones (casi 5.3 millones de dólares).

Según fuentes públicas, el PLRA en el 2016 recibió del fisco por aporte y subsidio estatal a los partidos políti­cos más de G. 12.313 millo­nes. En tanto que en el 2017 percibió dos pagos, uno por el monto de casi G. 6.000 millo­nes y otro por más de 11.000 millones.

Se cree que al menos el 50% de los casi 5.3 millones de dóla­res ya fueron utilizados, en su mayor parte para trabajos rea­lizados en causas particulares del candidato a la Presidencia de la República por la alianza Ganar, Efraín Alegre, así como en la adquisición de bienes y contratación de servicios no previstos en la Ley 4743/12, que regula el financiamiento político.

El senador liberal Fer­nando Silva Facetti pre­sentó en diciembre del año pasado una denun­cia penal ante el Ministe­rio Público por “lesión de confianza”, en contra del candidato a la Presiden­cia de la República por la alianza Ganar, Efraín Ale­gre, por el presunto mal uso de los recursos entregados por el Estado a esa agrupa­ción política en concepto de aportes y subsidios.

La supuesta “tragada” invo­lucra directamente a Efraín Alegre y al tesorero del PLRA, Salyn Buzarquis, en caso de comprobarse el ilí­cito se exponen a diez años de prisión. La demanda penal tiene el patrocinio de la ex fiscala y dirigente de esa agrupación política, Basilisa Vázquez Román.

SECRETISMO CON MANEJO DE FONDOS

El documento presentado el pasado 14 de diciembre del 2017 a la Fiscalía señala que “conforme la relación de hechos, estaríamos ante la probable comisión del delito de lesión de con­fianza, en grado especial, que tiene una expectativa de pena de 10 años. El per­juicio patrimonial es de suma gravedad por cuanto se trata de fondos públicos”.

En su escrito, Facetti explica que “en varias opor­tunidades se ha requerido tanto verbal como por nota la rendición de cuentas de los recursos partidarios, principalmente lo referido al aporte y subsidio estatal (pero que) en ninguna opor­tunidad hemos recibido res­puesta alguna y, por el con­trario, el manejo financiero del PLRA desde la presiden­cia del Sr. Efraín Alegre se ha caracterizado por el más absoluto secretismo”.

En el documento también se detalla cronológica­mente los supuestos hechos irregulares cometidos por Alegre y Buzarquis como la contratación de aboga­dos para “causas particu­lares” y afirma que “estos gastos no están autoriza­dos en la Ley de Financia­miento Político”.

Le recuerdan a la Fisca­lía sobre la vigencia del artículo 192 del Código Penal, referido a la “lesión de confianza” y cita el inciso 2° que habla de que “en los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumen­tada hasta diez años”.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente CETRAPAM, presione para forzar una situación “absolutamente absurda” como duplicar el subsidio cuál es la pretensión de este grupo empresarial.

“Medidas como el paro del servicio anunciado por este gremio no construyen un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos; por el contrario, impiden avanzar con las acciones impulsadas”, refiere el comunicado del MOPC.

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No obstante, la cartera estatal sostiene que se llevarán adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.

“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, agrega el pronunciamiento.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

En la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Defensa Nacional, Oscar González, se refirió a los avances tras la instalación de una «Sub Área de Pacificación» de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Canindeyú, en relación a las respuestas a las necesidades de seguridad

Señaló que de esta extensión jurisdiccional del CODI-FTC, inicialmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, ahora se proyecta llevarlos al sur del país.

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Destacó también el fortalecimiento de las fuerzas armadas, uno de los objetivos del Gobierno, para la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad interna.

A esto se suma el proyecto de aumentar la inversión para las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares, con una inversión de Itaipú de US$ 90 millones por los próximos tres años.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 hs de este lunes y el conductor fue identificado como Ángel Castillo, quien salió ileso del percance.

De acuerdo al reporte policial, el tractocamión había pasado por el peaje, pero minutos después el semirremolque rosó por una de las casetas, que terminó desplomándose.

Se convocó a personal de la patrulla Caminera quien practicó la prueba de alcotest al conductor, arrojando como resultado negativo 0,00mg/l.

Afortunadamente, ningún funcionario del puesto resultó herido, solo daños en la estructura.

El fiscal Luis Albertini dispuso que el tractocamión con su conductor sean liberado ya que ambas partes cuentan con seguro.