El concejal de Asunción, Daniel Centurión, refirió en charla con radio Ñanduti la falta de acompañamiento del intendente Mario Ferreiro en el proyecto para retirar a las personas que se desempeñan como limpiavidrios en los cruces semafóricos.

“No le dio absoluta importancia, inclusive entrando dentro de un marco de desacato, es el intendente Mario Ferreiro, porque es una ordenanza que está vigente. Nosotros no tuvimos acompañamiento de la Intendencia”, lanzó.

Centurión explicó que el jefe comunal se dejó convencer por los “izquierdistas radicales” como sus colegas Rodrigo Buongermini, Federico Franco y otros integrantes del grupo del P-MAS. Estos siempre argumentaban que los ciudadanos están así porque no recibían nunca el apoyo del Gobierno.

Sobre ese punto, el entrevistado dijo que una atención integral es la que otorgaban a los ciudadanos que querían salir de esa situación. El edil contó que los mismos recibían dinero durante la capacitación en sus puestos laborales, programas de desintoxicación, además de kits de 25 kilos de alimentos, entre otros beneficios de las distintas instituciones estatales involucradas.

Indicó que pese a no contar con los 8.000 funcionarios y una gran flota de automóviles como sí posee el Intendente, armaron un grupo de funcionarios voluntarios para salir a las calles a controlar. Agregó que estos trabajadores hasta renunciaron a sus vacaciones para ayudarlo.

El edil argumentó que la situación ya era incontrolable, ya que muchas conductoras (en su mayoría) hasta sufrían el robo de sus pertenencias cuando paraban en los semáforos de la capital. Muchas personas tenían que utilizar otras calles para no toparse con los informales, por lo que dijo que no se puede profesionalizar el trabajo de los limpiavidrios, de acuerdo a sus palabras.

Además, ejemplificó que sobre la Avda. Mariscal López, en tan solo cuatro cruces semafóricos, se registraban 50 limpiavidrios, muchos de ellos se alcoholizaban y drogaban en plena vía pública, según acotó.

De los 300 limpiavidrios que existían, Centurión calculó que estarían aun en las calles unos 30. “Estos que quedan son delincuentes, son drogadictos, que no quisieron tomar las ofertas laborales que se les otorgó. Solo quieren vivir de la extorsión y coacción a la ciudadanía”, lanzó.

Durante la semana un limpiavidrios fue demorado. El mismo “tenía un puñal en la cintura y una pipa de crack”, dijo. ¿Nosotros vamos a permitir que el ciudadano pare y venga una persona volada y armada?”, cuestionó.

El concejal indicó que seguirán trabajando para persuadir a los informales, de modo a que salgan de las calles.

Por otra parte, consideró que los cuidacoches tampoco trabajan, sino que extorsionan. “Todos tenemos derecho a estacionar en la calle, y la policía es la encargada de resguardar los bienes en la vía pública”, puntualizó.

La propuesta legislativa pretende dar una solución a la problemática del servicio de transporte público, mediante la creación de una empresa de transporte público que competirá con las empresas privadas.

El documento consta de 19 artículos, tiene como finalidad un cambio estructural al sistema de transporte urbano, mediante la unificación de la rectoría del sector transporte, responsable de reorganizar todos los itinerarios para optimizar e integrar el transporte urbano de pasajeros, así como la creación de la empresa pública de transporte que garantice la prestación del servicio de transporte urbano en todo el territorio nacional.

Al respecto, el senador indicó que con la unificación de la rectoría, la reorganización de los itinerarios tomando como base el Plan CETA elaborado con la Cooperación Japonesa de la (JICA), se espera que el sistema de transporte funcione en forma eficiente, con una reducción significativa de costos.

Destacó además que la implementación de esta Ley ahorrará gastos en salud pública, por accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias y en reparaciones de la infraestructura de transporte. El objetivo es que las personas que usan vehículos particulares (motos y autos) prefieran pasarse al transporte público por su alta calidad.

El fiscal Gabriel Segovia dispuso abrir una causa penal e imputar a un hombre sospechado de tener implicancia en un caso de producción de documentos no auténticos y estafa.

Se trata de Rodrigo Edil Cristaldo Oviedo, domiciliado en el Km 7 de Ciudad del Este, quien sería un conocido estafador serial que opera en la zona de Alto Paraná.

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Este sujeto es acusado de fraguar documentos para poder vender una embarcación, por la cual apenas hizo una entrega y adeudaba la suma de G. 25 millones.

Según los antecedentes de la Fiscalía, la denuncia data de octubre del 2022, cuando el sindicado había vendido una lancha a Gustavo Alcides Fernández Ortigoza mediante un contrato privado.

Días después, Fernández decidió volver a venderla a Michel Leonardo Sanabria Cabrera, aunque fue este último comprador quien corrió con la mala suerte de que le hayan secuestrado el bote a raíz de un juicio civil promovido contra Cristaldo.

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Los datos refieren que el ahora procesado apenas abonó una cuota de G. 5 millones y posteriormente se encargó de volver a encontrar un nuevo dueño para la embarcación por la que aún adeudaba una millonaria suma. Para el efecto, firmó 5 pagarés no auténticos.

El fiscal de la causa solicitó al juzgado la prisión preventiva de Rodrigo Edil Cristaldo, quien posee 17 causas en diferentes unidades, solamente en la Fiscalía de Ciudad del Este, menciona el diario La Clave.

Este detalle surgió de la reconstrucción de imágenes tras 10 denuncias de robos de celulares y otras prendas, en encuentros que realizaban grupos de excompañeros de colegio que se reúnen, cada tanto, a compartir partidos de fútbol, recordar viejas anécdotas y compartir unas rondas de cerveza.

Julio Antonio tenía un modus operandi peculiar. Se acercaba a canchas donde habitualmente se reúnen los exas, se mimetizaba entre los presentes, ganaba confianza, y aprovechaba el fragor y atención que concitaban los partidos, para meter mano en bolsos o mochilas de los deportistas.

En uno de los tantos golpes, el ‘terror de los exas’ robó el celular del ministro de Inteligencia Nacional, el exfiscal Marco Alcaraz. Las funciones de este alto funcionario estatal desataron el debate entre comunicadores, en el sentido de a qué tipo de información estratégica pudo haber accedido el ladrón que, presume la Policía, también pudo haber incursionado en el robo de datos para eventuales ‘aprietes’. En consulta de periodistas, el ministro Alcaraz respondió que el sistema de encarpetamiento de su celular es prácticamente inexpugnable, y que no había preocupación al respecto.

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