El grupo de funcionarios, liderados por el director de Vigilancia Municipal, Eduardo Samaniego, procedió este viernes a retirar las mesitas sobre las cuales se ofrecían todo tipo de productos, de dudoso origen, a raíz de una denuncia presentada por comerciantes legalmente establecidos en la histórica calle Palma.

Samaniego dijo a la 970 AM que en su momento se notificó a los comerciantes informales, se labró el acta de intervención y se solicitó la medida de urgencia. Finalmente, se llevó a cabo la intervención por parte de la Comuna, conjuntamente con la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y la Fiscalía de Delitos Económicos.

La intervención tuvo resistencia por parte de vendedores ambulantes quienes dijeron sentirse perseguidos por la administración municipal. Los roces no pasaron a mayores pero sí hubo gritos por parte de comerciantes quienes, en un comienzo, se resistieron a abandonar sus mesitas.

El director de Vigilancia explicó que fueron 108 los comerciantes que estaban en situación irregular, sin documentos y fuera de los locales permitidos por la Comuna para ofrecer productos como la conocida “plaza hippie” y el sector donde se comercializan artesanías a un costado del Banco de la Nación Argentina.

Samaniego dijo que, debido a filtraciones, varios comerciantes lograron huir antes de ser desalojados.

El operativo incluyó el retiro de mesas y sillas de locales de venta de comida que usan la vereda como anexo a sus comercios. Entre ellos, según se puede observar en las imágenes, fueron afectados los locales de Ña Eustaquia y Charlie Way, entre otros.

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La propuesta legislativa pretende dar una solución a la problemática del servicio de transporte público, mediante la creación de una empresa de transporte público que competirá con las empresas privadas.

El documento consta de 19 artículos, tiene como finalidad un cambio estructural al sistema de transporte urbano, mediante la unificación de la rectoría del sector transporte, responsable de reorganizar todos los itinerarios para optimizar e integrar el transporte urbano de pasajeros, así como la creación de la empresa pública de transporte que garantice la prestación del servicio de transporte urbano en todo el territorio nacional.

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Al respecto, el senador indicó que con la unificación de la rectoría, la reorganización de los itinerarios tomando como base el Plan CETA elaborado con la Cooperación Japonesa de la (JICA), se espera que el sistema de transporte funcione en forma eficiente, con una reducción significativa de costos.

Destacó además que la implementación de esta Ley ahorrará gastos en salud pública, por accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias y en reparaciones de la infraestructura de transporte. El objetivo es que las personas que usan vehículos particulares (motos y autos) prefieran pasarse al transporte público por su alta calidad.

El fiscal Gabriel Segovia dispuso abrir una causa penal e imputar a un hombre sospechado de tener implicancia en un caso de producción de documentos no auténticos y estafa.

Se trata de Rodrigo Edil Cristaldo Oviedo, domiciliado en el Km 7 de Ciudad del Este, quien sería un conocido estafador serial que opera en la zona de Alto Paraná.

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Este sujeto es acusado de fraguar documentos para poder vender una embarcación, por la cual apenas hizo una entrega y adeudaba la suma de G. 25 millones.

Según los antecedentes de la Fiscalía, la denuncia data de octubre del 2022, cuando el sindicado había vendido una lancha a Gustavo Alcides Fernández Ortigoza mediante un contrato privado.

Días después, Fernández decidió volver a venderla a Michel Leonardo Sanabria Cabrera, aunque fue este último comprador quien corrió con la mala suerte de que le hayan secuestrado el bote a raíz de un juicio civil promovido contra Cristaldo.

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Los datos refieren que el ahora procesado apenas abonó una cuota de G. 5 millones y posteriormente se encargó de volver a encontrar un nuevo dueño para la embarcación por la que aún adeudaba una millonaria suma. Para el efecto, firmó 5 pagarés no auténticos.

El fiscal de la causa solicitó al juzgado la prisión preventiva de Rodrigo Edil Cristaldo, quien posee 17 causas en diferentes unidades, solamente en la Fiscalía de Ciudad del Este, menciona el diario La Clave.

Este detalle surgió de la reconstrucción de imágenes tras 10 denuncias de robos de celulares y otras prendas, en encuentros que realizaban grupos de excompañeros de colegio que se reúnen, cada tanto, a compartir partidos de fútbol, recordar viejas anécdotas y compartir unas rondas de cerveza.

Julio Antonio tenía un modus operandi peculiar. Se acercaba a canchas donde habitualmente se reúnen los exas, se mimetizaba entre los presentes, ganaba confianza, y aprovechaba el fragor y atención que concitaban los partidos, para meter mano en bolsos o mochilas de los deportistas.

En uno de los tantos golpes, el ‘terror de los exas’ robó el celular del ministro de Inteligencia Nacional, el exfiscal Marco Alcaraz. Las funciones de este alto funcionario estatal desataron el debate entre comunicadores, en el sentido de a qué tipo de información estratégica pudo haber accedido el ladrón que, presume la Policía, también pudo haber incursionado en el robo de datos para eventuales ‘aprietes’. En consulta de periodistas, el ministro Alcaraz respondió que el sistema de encarpetamiento de su celular es prácticamente inexpugnable, y que no había preocupación al respecto.

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