Vilmar acosta, exintendente por el gobernante Partido Colorado de la ciudad de Ypehû, en el departamento de Canindeyú (este), está acusado por la Fiscalía como instigador del homicidio en el que murieron Medina y Almada el 16 de octubre de 2014.

Según la investigación, dos sicarios detuvieron el vehículo en el que viajaban Medina y Almada por una carretera del departamento de Canindeyú y les dispararon hasta darles muerte.

Vilmar Acosta se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú, en Asunción, desde que fue extraditado por Brasil en noviembre, tras permanecer cinco meses prófugo, presuntamente ordenó el homicidio de Medina y Almada, perpetrado según la Fiscalía por su hermano, Wilson Acosta, y por su sobrino, Flavio Acosta.

El primero de ellos, Wilson, se encuentra prófugo de la Justicia; y el segundo, Flavio, está encarcelado en Brasil a la espera de que resuelva su extradición a Paraguay.

En el vehículo donde viajaban Medina y Almada cuando fueron asesinados también viajaba la hermana de la asistente del periodista de ABC Color, Juana Ruth Almada, única superviviente y principal testigo del caso.

La Fiscalía indicó el pasado mayo que se elevará a juicio público la causa y se dictará sentencia, la cual podría derivar en 30 años de prisión para el exintendente Acosta como autor intelectual de los hechos y único encarcelado hasta el momento por el homicidio.

Según las pesquisas de la Fiscalía, el propio Medina reconoció que tenía constancia desde dos meses antes de su asesinato de que sicarios a las órdenes de Vilmar Acosta estaban vigilándole.

Medina, corresponsal del diario ABC Color en Canindeyú, era muy conocido por sus investigaciones sobre las supuestas relaciones entre las mafias del narcotráfico y algunos políticos de ese departamento, uno de los principales productores de marihuana de Paraguay.

Vilmar Acosta, que esta además imputado por acopio de marihuana, se ha negado a declarar ante la Fiscalía en las dos ocasiones en las que ha sido citado desde su extradición.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.