Mediante un comunicado, la institución sanitaria indicó que estudios recientemente publicados demostraron que la vacuna actualmente vigente contra el Dengue “Dengvaxia”, del laboratorio Sanofi Pasteur, ha demostrado provocar un aumento de sensibilidad para desarrollar dengue grave, posterior a que una persona la haya recibido.

Este riesgo fue observado (según el estudio), en personas que no habían padecido dengue antes (seronegativos) y que recibieron la vacuna.

Ante esta situación, la OMS se encuentra efectuando una revisión completa de los datos publicados, a través del Comité Consultivo Mundial sobre seguridad de las vacunas y SAGE (Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización). A la espera de los resultados de esta revisión, como medida cautelar y provisional, la OMS recomienda que “Dengvaxia” solo se administre a personas que se sabe ya han sido infectadas con dengue antes de la vacunación.

Por ese motivo, la Dirección Nacional Vigilancia Sanitaria recomienda que, antes de acceder a esta vacuna, la persona debe realizarse estudios laboratoriales certificados, debido a que si es identificada como seronegativa con respecto al dengue (es decir que no padeció dengue), no debe recibir la vacuna.

En Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social negó su inclusión al esquema nacional, apegándose a la evidencia existente de baja eficacia de la vacuna para algunos tipos de dengue, y solicitó mayor información sobre la efectividad de la vacuna.

Entre los sospechosos se encuentra el comisario Jorge Palacios, quien fue destituido de la titularidad de la comisaría Central de San Lorenzo. Esto tras conocerse detalles de lo que, a primera vista, sería una detección y secuestro de dicha cantidad de droga, que luego fue liberada, previo pago de US$ 200.000.

El informe que maneja Asuntos Internos, es que una semana atrás (el domingo pasado) agentes de la comisaría sanlorenzana decomisaron el estupefaciente y lo depositaron en la repartición policial. Allí presuntamente se abrió una negociación con los dueños de la mercancía. Un día después el cargamento de cocaína fue liberado, pero otro grupo policial lo interceptó en el límite de Luque y Mariano Roque Alonso, y lo dio a conocer en forma oficial a la Fiscalía.

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En medio de las hipótesis que manejan los investigadores, no descartan que la trama haya sido ejecutada por el mismo grupo de 11 policías. Este presunción se basa en que, técnicamente fue un decomiso inicial, seguido de cobro por liberación y finalmente detención de los que retiraron la mercancía ilegal, con la requisa de esta y puesta a disposición del Ministerio Público.

Esta posibilidad, estiman los intervinientes, suele verificarse episodios (en todas partes del mundo) en la lucha antidrogas, y es lo que se conoce como mejicaneada.

El subjefe de esa dirección policial, Carlos Román, indicó que el primer “paquete” de solicitudes está conformado por denuncias de maltrato familiar y accidentes (de tránsito, laborales y caseros). El de los viernes para adelante, en tanto, se focaliza de manera significativa en un delito, tan irritante como poco castigado: ruidos molestos.

“Es llamativa esa situación que se da en la semana. El de los maltratos familiares lastimosamente es preocupante por la cantidad de casos. En lo referente a los ruidos molestos es también una tendencia que genera muchos disgustos en la población”, señalo Román en comunicación con la 1020 AM.

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El oficial remarcó que la Policía solo tiene potestad para accionar de manera puntual, para obligar el cese de los altos decibeles que exhiben los infractores callejeros con sus equipos musicales. Lo de procesarlos escapa de sus manos, ya que ello es competencia exclusiva del Ministerio Público.

En efecto, en los registros oficiales los números de sancionados por infringir la ley que propone la emisión de ruidos molestos, son prácticamente irrelevantes. Discotecas, puestos de comidas callejeras, automovilistas en la vía publica o residentes de viviendas con músicas a todo volumen, constituyen el “ejército” de ruidosos que convierten en infierno las horas de descanso de los que no participan de sus “fiestas”.

Por otro lado el oficial Román subrayó el tema de las cámaras del sistema 911 en las calles, que precisan crecer en cantidad y ajustes en cuando a disposición modernos.

Con 1.400 cámaras en todo el país, 246 en Central, el sistema 911 es uno de los que contribuyen al conjunto de dispositivos que construyen al “gran hermano”, el ente que todo lo ve y registra para que la Policía tome las medidas contra infractores de la ley.

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Como representante del Congreso Nacional, el senador colorado Patrick Kemper destacó la evolución y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano de fiscalización establecido en la Constitución Nacional, y resaltó las buenas prácticas de colaboración entre dicha institución y el Congreso. Fue en el marco del “Seminario Internacional del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la OLACEFS”, que se realiza en la ciudad de Panamá.

Kemper hizo referencia a las buenas prácticas implementadas en Paraguay, destacando la colaboración entre la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional, y expuso como ejemplo los informes de auditorías que envía la CGR al Congreso, -conforme al artículo 282 de la Constitución Nacional- donde una Comisión Bicameral evalúa y emite dictámenes sobre las observaciones.

“Gracias a esta acción, se derivaron más de 60 reportes de indicios de hechos punibles sobre inconsistencias del ejercicio 2022 y que fueron presentados en el Ministerio Público”, señaló el político de la ANR.

Además, destacó que la revisión y actualización de las leyes y normativas que rigen las EFS puede proporcionar un marco jurídico más sólido y actualizado para su funcionamiento. En este punto la generación de marcos legales también proporciona herramientas que mediante el uso de la tecnología y la informatización de los distintos estamentos públicos permite el cruce de información que automáticamente podrían mostrar inconsistencias y posibles indicios de hechos punibles.

“En este sentido quisiera destacar la una ley que tenemos vigente en nuestra legislación que es la de Declaraciones Juradas, donde todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a presentar a la Contraloría, sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas dentro de los quince días hábiles de haber tomado posesión de cargo y en igual término al cesar en el mismo, la cual visibiliza la variación patrimonial de los mismos y si el mismo se dio en un porcentaje inusual que amerite una fiscalización más detallada”, precisó.

También destacó como buena práctica la evaluación de leyes y políticas: “El tablero de control del Congreso Nacional permite monitorear y evaluar la gestión pública en tiempo real, alineando los esfuerzos de la Contraloría General de la República y el Parlamento en la supervisión de las finanzas y actividades gubernamentales, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Por otro lado, el senador celebró el convenio de cooperación interinstitucional entre el PARLATINO y la OLACEFS, subrayando que este acuerdo permitirá compartir experiencias positivas y fortalecer la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS). Kemper precisó que la independencia de las EFS es fundamental para prevenir prácticas indebidas, como la persecución política, que pueden dañar la democracia en la región.