Marcas de whisky que trae Vierci acaparan la ruta del contrabando

La red del tráfico ilegal de aguardientes tiene complejas ramificaciones en pueblos de Bolivia, Argentina, Chile y Perú. Medios de estos países divulgan a menudo hechos de incautación de miles de litros de licores escoceses y norteamericanos.

Las principales marcas de whiskies y otros licores importados desde Europa y EEUU por las empresas de Antonio J. Vierci son bebidas alcohóli­cas de alta gama que, suges­tivamente, son las mismas con la mayor demanda en la ruta del contrabando de licores en países fronteri­zos del corazón de Suda­mérica. Aunque parezca una casualidad, el grupo empresarial, por estrate­gia comercial y de olfato de mercados, tiene sucur­sales, además de Asunción, en Montevideo (Uruguay), tres ciudades claves de Boli­via y en el puerto franco de Iquique, Chile.

Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, en la fron­tera con Brasil, es sindicado en varios países de Sudamé­rica como el centro de ope­raciones del contrabando de los productos que lle­gan desde varios países del mundo. La razón siempre es la misma: la gran diferen­cia de precios. Por mencio­nar un ejemplo, en Brasil los licores premium cuestan el doble que en Paraguay.

Este movimiento ilegal de mercaderías es posi­ble debido a que Paraguay cuenta con un ridículo nivel impositivo máximo de 12% para la importación de este tipo de bebidas. Esto le per­mitió a las empresas como A.J. SA La calidad ante todo y Laser Import SA, que per­tenecen al Grupo Vierci, embarcar a bajo costo, vía fluvial, desde Europa, China y EEUU, más de 9 millones de litros de licores (whisky, ginebra o gin, tequila, vodka, cognac, ron, etc.) en los últimos 5 años. Es decir, trajo al país un promedio anual de 1.750.000 litros de licores de alta gama, una cifra altísima, considerando que en Paraguay no más de 200.000 personas consu­men whisky importado, según datos que se mane­jan en las destilerías para­guayas.

De acuerdo con los volú­menes manejados por las firmas de Vierci, cada per­sona debería beber al menos 9 litros de alcohol destilado anualmente para cubrir la oferta disponible de sus marcas, algo que ni los fran­ceses pueden lograrlo, ya que son los mayores consu­midores de licor en el mundo con 4,2 litros per cápita. De ahí surge una gran interro­gante: ¿dónde va a parar tanto licor en un país cuyos bebedores en su mayoría son amantes de la cerveza?

LA RUTA DEL CONTRABANDO

Generalmente se habla de contrabando de todo tipo de mercaderías, pero los medios de comunicación locales raras veces, por no decir nunca, se hacen eco de la existencia del tráfico de bebidas alcohólicas sun­tuosas que florecen en las zonas fronterizas con un movimiento multimillona­rio en dólares. En el holding mediático del Grupo Vierci estas anomalías nunca son mencionadas.

La Nación constató que existe una denominada “nueva ruta del contra­bando” que nace en Para­guay y que tiene complejas ramificaciones en pueblos de Bolivia, Argentina, Chile y Perú. Canales de TV de estos países afectados divul­gan muy a menudo hechos de incautación de miles de litros de licores escoceses y norteamericanos.

Esas marcas requisadas por las autoridades aduaneras casi siempre son las mis­mas que traen las firmas de Vierci a la región. Así, resal­tan conocidas y afamadas como Ballantine’s, Jack Daniel’s, Grant’s, Old Parr, tequila José Cuervo, entre otras. Coincidentemente, el empresario cuenta con oficinas para sus importa­ciones en Montevideo, Uru­guay; en La Paz, Santacruz y Cochabamba, Bolivia; y en la zona franca de Iqui­que, Chile. Estos centros de distribución de sus merca­derías están próximos a la ruta del contrabando que nace en Paraguay y llega hasta Lima, inclusive. ¿Será casualidad?

Los medios del Grupo Vierci insisten permanentemente sobre la necesidad de incre­mentar los impuestos al tabaco, pero se olvidan de atacar el bajo nivel imposi­tivo que se paga para intro­ducir este tipo de drogas. Es evidente que el impe­rio mediático del empre­sario cuida los intereses de “Don” Antonio, considerado un jefe de la mafia fronte­riza por el abogado Fer­nando Sosa Barreto, acusa­ciones de las que ya se hizo eco nuestro diario.

EL CAMINO A PERÚ

Según los reportes inter­nacionales, las innumera­bles viviendas de piedras erigidas en Anco Anco, localidad fronteriza entre Bolivia y Perú, no están allí por azar del destino, sino más bien son utiliza­das como aguantaderos o depósitos de las bebidas espirituosas, que todo indica que tendrían su origen en Paraguay. Este modus operandi se repro­duce en Puerto Presidente Franco, en Alto Paraná, donde en la ribera del Paraná se ubican casitas o depósitos de donde par­ten las mercaderías al Bra­sil en horas de la noche

Las opciones con destino a Perú son diversas, ya que además de la vía terrestre, donde pueden haber contro­les, la vía fluvial es otra alter­nativa. Los contrabandistas recurren a botes alquila­dos por pescadores artesa­nales del majestuoso lago Titicaca para sus desplaza­mientos. Según denuncia de los organismos peruanos, a ese país ingresan produc­tos de manera ilegal por un valor de US$ 2.000 millones anuales.

Por citar algunos aconte­cimientos, en la localidad peruana de Tacna hace poco tiempo se logró desarticu­lar una banda de delincuen­tes que transportaba dece­nas de miles de litros de la bebida espirituosa por un valor superior a un millón de dólares en un camión cis­terna acondicionado.

SOBRINO DE VIERCI ES SEPARADO DEL GRUPO

Luego de 30 años de antigüedad, Alejandro Peralta Vierci, sobrino de Antonio J. Vierci, fue removido como director de Medios de Comunica­ción del Grupo Vierci, cargo que será ocupado por Lucas Balmelli. Tras­cendió que su desvinculación guarda relación con resultados poco pro­ductivos de los medios informativos.

El último suceso que molestó al dueño tiene que ver con una multa de más de G. 200 millones apli­cada por el Viceministerio de Trabajo a la firma por incumplimiento de cláusula laboral con los reporteros gráficos del diario Última Hora.

Además, el sobrino habría ocasionado cuantiosas pérdidas por malas decisiones administrativas que perjudicaron al holding. Además, fue salpicado con el manejo irregular de los derechos de la transmisión de los partidos de la Albirroja en las Eliminatorias, hecho que llamó la atención de la Justicia de EEUU en el marco del FIFAgate.

Se supo que fue Peralta Vierci quien ordenó censurar a los conduc­tores de programas de TV y de radios la difusión de las tapas de La Nación, que coincidentemente publica una serie sobre el origen de la fortuna de su tío.

Querellan a Andrés Gubetich, expresidente de IPS: acusado por estafa de US$ 2.350.000

A la larga lista de acusaciones de corrupción, de los tiempos en que era presidente del IPS, Andrés Gubetich suma ahora una nueva demanda en contra. Lo acusan por estafa y lavado de dinero, denuncia extendida a su esposa, María Rosa Araujo.


La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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Denuncian ofrecimiento de cargos públicos vía telefónica: Salud sale al paso

Desde el Ministerio de Salud salieron al paso ante la aparición de denuncias relacionadas con el ofrecimiento de cargos públicos por parte de desconocidos.

A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.

Licitan mejoramiento de franja de dominio de casi 3.000 km de rutas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene el fuerte compromiso con la seguridad vial y en ese marco lanzó el llamado a licitación para el mejoramiento de la franja de dominio de 2.868 km de carreteras por niveles de servicio.

Se trata del llamado con ID N.º 441.770 que ya se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con fecha de recepción de ofertas para el 10 de mayo del corriente año.

Las labores se dividen en 29 lotes que suman un total de 116 tramos de rutas nacionales, departamentales, intersecciones y rotondas a nivel país, abarcando 2.868 km. El monto estimando de la inversión es de G. 52.165.016.459.

El objetivo del contrato es gestionar la limpieza de carreteras, y ejecutar el mantenimiento de las mismas, de forma a satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de la licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad para los ciudadanos.

Los servicios requeridos contemplan la ejecución de obras de puesta a punto y el mantenimiento de las vías, siendo el plazo contractual de 7 meses calendario. De ese lapso la contratista dispondrá de 90 días para concretar las obras de puesta a punto.

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