El fallo se refería al Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, en el que murieron doce menores en incendios entre 2000 y 2001.

Reabierto bajo el nombre de Centro de Detención para Adolescentes de Itaguá, en los últimos cuatro meses han muerto cuatro niños en varios motines.

Celina Giraudy, abogada de la oficina de Cejil en Buenos Aires, consideró inadmisible que pasada una década del fallo de la Corte, lo que se cumplió el pasado 2 de septiembre, Paraguay no haya cumplido con la mayor parte de la sentencia.

Le preocupa especialmente que no haya realizado cambios estructurales en su política en materia de menores, una medida destinada a que no se repitieran los abusos.

“La CorteIDH ordenó al Estado paraguayo a hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y a presentar una política a corto, medio o largo plazo en materia de niños en conflicto con la ley, y adecuada a los estándares internacionales”, dijo Giraudy.

Paraguay tampoco impartió cursos de capacitación a los menores, como estipulaba la sentencia, y aun adeuda una parte de las reparaciones económicas a las víctimas y a las familias de los fallecidos.

Según Giraudy, el Gobierno dio compensaciones económicas en cuotas y a destiempo, lo cual generó unos intereses previstos en la sentencia en caso de demora, que son lo que todavía están pendientes.

“Expresamos nuestra preocupación por el incumplimiento de esa sentencia y las consecuencias que pueda tener tras diez años de litigio”, declaró.

Los hechos se remontan al periodo entre 1996 y 2001, cuando el reformatorio, ubicado a unos 30 kilómetros de Asunción, llegó a albergar a entre 200 y 300 niños al mismo tiempo, teniendo una capacidad para 15 internos, según el Cejil.

Durante esos años pasaron por el centro unos 4.000 niños que vivieron bajo un régimen “infrahumano”, que fue la causa de tres incendios ocurridos entre 2000 y 2001, en los que murieron doce menores y decenas resultaron heridos.

El reformatorio fue luego habilitado bajo el nombre de Centro deDetención para Adolescentes de Itaguá, donde en los últimos cuatro meses han muerto cuatro niños en varios motines.

El pasado 21 de abril los guardias intervinieron con apoyo de policías de la comisaría y efectuaron disparos con balines de metal que alcanzaron a dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes fallecieron horas después en un hospital de Itauguá.

En agosto, durante otro motín en el mismo centro, dos adolescentes murieron electrocutados cuando intentaban fugarse al trepar por una de las vallas electrificadas.

Hace una semana la ministra de Justicia paraguaya, Sheila Abed, nombró al quinto director nuevo del centro en un año tras detectar condiciones “infrahumanas” en la alimentación a los internos.

La instalación se llevó a cabo conjuntamente entre el Hospital Regional que invirtió para la mano de obra, el Instituto Nacional de Nefrología, que brinda los insumos y el catéter para los pacientes, y la empresa Index SACI, que proveyó de pinturas, mamparas y otros equipamientos para adecuar la sala.

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La diálisis es un tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica y les brinda la oportunidad de utilizar esta opción, colocación de catéter, si reúnen las condiciones, según criterio médico, lo que a su vez les permite mejorar su calidad de vida.

El Dr. Emilio Cabrera, especialista en cirugía mínimamente invasiva, instruyó a los cirujanos del Hospital Regional de Paraguarí en la colocación del catéter de diálisis peritoneal.

El evento contó con la participación de la directora de la IX Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba; Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí; Dr. Ernesto Wasmosy, presidente de Index SACI; Dra. Natalia Wasmuth, jefa de díalisis peritoneal del Instituto de Previsión Social y del Instituto Nacional de Nefrología; Lic. Marisa Lezcano, jefa de docencia del Instituto Nacional de Nefrología; Mgter. Deisy Benítez, jefa de enfermería de la IX Región Sanitaria; Sr. Modesto Arce, representante de la Gobernación de Paraguarí.

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Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.