De esta manera, el juez resolvió eliminar las medidas alternativas a la prisión de las que gozaban los tres acusados, y dictaminar la prisión preventiva para ellos hasta que finalice el juicio oral y público al que serán sometidos por un presunto delito de homicidio doloso, según un comunicado remitido por la Codehupy.

En abril de 2014, los adolescentes Francisco Rojas, de 16 años, y Néstor Duarte, de 17, ambos internados en el centro para menores infractores de Itauguá, murieron como consecuencia de los disparos presuntamente efectuados por guardias de la institución.

Los guardias trataban de controlar una protesta de los menores internos contra los maltratos físicos y verbales por parte de funcionarios, así como por la mala calidad de los alimentos y la falta de insumos.

Durante estos hechos, tres de los guardias perimetrales del recinto habrían efectuado al menos cuatro disparos de escopeta por entre las rejas de las ventanas de uno de los pabellones.

Como resultado de estos disparos, los adolescentes Rojas y Duarte fueron heridos de muerte y permanecieron más de media hora sin recibir ninguna atención, según la denuncia de la Codehupy, que acompaña una querella criminal contra los guardias acusados.

Esta querella busca “la sanción a los responsables de las muertes y la reparación a las familias de los adolescentes”, así como pedir al Estado que “adopte políticas efectivas dirigidas a una atención integral a adolescentes en conflicto con la ley y medidas para la no repetición de este tipo de hechos”.

Además de los fallecimientos de Rojas y Duarte, en el Centro Educativo de Itauguá, antes llamado Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, donde ocurrieron los hechos, murieron doce menores en incendios entre 2000 y 2001, y dos adolescentes fallecieron en julio de 2014 al electrocutarse con la valla electrificada que rodea a la institución.

El centro ya fue objeto en 2004 de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de los aproximadamente 4.000 jóvenes que estuvieron en dicho sitio entre 1996 y 2001.

La sentencia acusaba al Estado paraguayo de no haber adoptado medidas especiales de protección en favor de los adolescentes privados de su libertad.

Por su parte, la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Washington, denunció en 2014 que diez años después de este fallo de la CorteIDH, Paraguay incumple su obligación, al carecer de un plan sobre reformatorios.

Funcionarios del MINNA, con apoyo de la CODENI, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Itapúa, la Defensoría de la Niñez y la Policía Nacional, realizaron una intervención en las calles de la ciudad de Encarnación.

Como resultado de este operativo, se logró el rescate de 9 menores de edad en situación de calle pertenecientes a la etnia Mbya Guaraní, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Según se detalla, 3 niños serían de la comunidad indígena Loma Hovy del distrito de Obligado y 6 de la comunidad indígena Guavirami de la localidad de Trinidad, ambos en el departamento de Itapúa.

En el caso puntual de los niños oriundos de Obligado, los mismos manifestaron haber llegado caminando hasta Encarnación mientras jugaban con una rueda, según precisó Jorge Ibañez, secretario departamental de Asuntos Indígenas.

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Por su parte, los menores oriundos de Trinidad estaban deambulando por los semáforos de la capital itapuense, probablemente pidiendo algunas limosnas a los conductores.

Luego del abordaje y rescate de los niños, se procedió a devolverlos a sus respectivas comunidades, cumpliéndose así con la misión de las instituciones responsables.

El plan elaborado por Paraguay apunta a competir con un proyecto rival boliviano para reutilizar los gasoductos existentes y transportar gas argentino a Brasil. Si alguno se concreta, marcaría un cambio potencial importante en los flujos de energía regionales, destaca la publicación.

En conversación con la radio 1020 AM, Bejarano explicó que el proyecto, antes de ser presentado, fue analizado detalle por detalle y tiene beneficios económicos para todas las partes.

“Bolivia se está quedando sin reservas certificadas, por eso tenemos que intensificar este proyectos. Estamos buscando la financiación de este proyecto. El desafío que tenemos como país es el comercial”, expresó Mauricio Bejarano.

La obra implicaría una inversión estimada de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, en parte del sector privado y en 4 años ya sería una realidad, sostuvo.

“Este es un proyecto trinacional, tendría un gran impacto positivo en el país. Vemos la posibilidad de vender este producto a Brasil”, concluyó el viceministro.

En el juicio que condenó a Ninfa, se reveló la razón que la impulsó a asesinar a Vero, aquel 10 de octubre de 2014. La abogada se había enamorado de la joven, quien en reiteradas ocasiones la rechazó, invocando su preferencia heterosexual, y que estaba enamorada de su entonces pareja, Diego Coronel, quien inicialmente fue el sospechoso de perpetrar supuesto feminicidio.

Ante la negativa de Verónica, la abogada decidió matarla. Para el efecto conminó al guardia privado Juan Carlos Vergara, a conseguirle un arma de fuego, pagándole por ello la suma de 500.000 guaraníes.

Con el revolver la mujer asesinó a la joven a balazos en la compañía Yca’a de la ciudad de Luque. Tras perpetrar el crimen, abandonó el cadáver en el vehículo de la víctima. En el desarrollo de la pesquisa, el guardia Vergara se quebró y confesó que él fue el que proveyó el arma a la abogada, por lo que luego en el juicio recibió una condena de 2 años y 11 meses de cárcel por complicidad.

Para la condena de Ninfa las fiscalas Cynthia Espínola y María Luján Estigarribia, aseguraron que se probó que la asesina actuó con “energía criminal” en el caso, pues disparó tres veces a su víctima para asegurar su muerte.

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