El fallo se refería al Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, en el que murieron doce menores en incendios entre 2000 y 2001.

Reabierto bajo el nombre de Centro de Detención para Adolescentes de Itaguá, en los últimos cuatro meses han muerto cuatro niños en varios motines.

Celina Giraudy, abogada de la oficina de Cejil en Buenos Aires, consideró inadmisible que pasada una década del fallo de la Corte, lo que se cumplió el pasado 2 de septiembre, Paraguay no haya cumplido con la mayor parte de la sentencia.

Le preocupa especialmente que no haya realizado cambios estructurales en su política en materia de menores, una medida destinada a que no se repitieran los abusos.

“La CorteIDH ordenó al Estado paraguayo a hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y a presentar una política a corto, medio o largo plazo en materia de niños en conflicto con la ley, y adecuada a los estándares internacionales”, dijo Giraudy.

Paraguay tampoco impartió cursos de capacitación a los menores, como estipulaba la sentencia, y aun adeuda una parte de las reparaciones económicas a las víctimas y a las familias de los fallecidos.

Según Giraudy, el Gobierno dio compensaciones económicas en cuotas y a destiempo, lo cual generó unos intereses previstos en la sentencia en caso de demora, que son lo que todavía están pendientes.

“Expresamos nuestra preocupación por el incumplimiento de esa sentencia y las consecuencias que pueda tener tras diez años de litigio”, declaró.

Los hechos se remontan al periodo entre 1996 y 2001, cuando el reformatorio, ubicado a unos 30 kilómetros de Asunción, llegó a albergar a entre 200 y 300 niños al mismo tiempo, teniendo una capacidad para 15 internos, según el Cejil.

Durante esos años pasaron por el centro unos 4.000 niños que vivieron bajo un régimen “infrahumano”, que fue la causa de tres incendios ocurridos entre 2000 y 2001, en los que murieron doce menores y decenas resultaron heridos.

El reformatorio fue luego habilitado bajo el nombre de Centro deDetención para Adolescentes de Itaguá, donde en los últimos cuatro meses han muerto cuatro niños en varios motines.

El pasado 21 de abril los guardias intervinieron con apoyo de policías de la comisaría y efectuaron disparos con balines de metal que alcanzaron a dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes fallecieron horas después en un hospital de Itauguá.

En agosto, durante otro motín en el mismo centro, dos adolescentes murieron electrocutados cuando intentaban fugarse al trepar por una de las vallas electrificadas.

Hace una semana la ministra de Justicia paraguaya, Sheila Abed, nombró al quinto director nuevo del centro en un año tras detectar condiciones “infrahumanas” en la alimentación a los internos.

Un grupo de desconocidos incendió el domicilio de un hombre que presuntamente apuñaló en el pecho a un joven, de cuya consecuencia falleció. El incendio se registró ayer en horas del la noche, en la colonia 8 de Diciembre de la ciudad de Minga Porã.

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Agentes de la Subcomisaria 26° fueron alertados por vecinos mediante una llamada al sistema 911 y al llegar en el lugar, encontraron una vivienda de madera de 36 metros cuadrados envuelta en llamas, así como todas las pertenencias consumidas por el fuego.

Los pobladores señalaron que la casa pertenece a José González González, quien mató de una puñalada a Juan Carlos Cristaldo Peralta (25), el domingo en horas de la noche, durante una actividad para recaudar fondos para la escuela San Jorge.

Juan Carlos intervino para calmar una pelea, que se inició por motivos desconocidos, entre José y los hermanos Florencio, Miguel y Osvaldo recibiendo la mortal estocada. Tras el hecho, el autor se dio a la fuga y continúa con paradero desconocido.

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En la jornada de ayer se registró un llamativo accidente de tránsito a la altura del Km 248 de la Ruta PY02, en jurisdicción del distrito de Juan E. O’leary, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este percance vial fue un camión repartidor de la empresa Coca-Cola, que iba al mando de Rubén Rolando Ramírez Núñez (39), empleado de la firma.

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Según menciona CDE Hot, el conductor iba circulando sobre la ruta en dirección de este a oeste cuando, repentinamente, un perro le salió al paso.

A fin de evitar arrollar al animal, el mismo efectuó una brusca maniobra con el camión, lo cual provocó que parte del cargamento que transportaba acabara en el asfalto.

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Varias cajas de envases de vidrio y plástico quedaron desparramadas en medio del camino, lo cual generó inconvenientes en el tránsito durante algunos minutos.

• Por Cinthia Mora
• Periodista

LOS HECHOS DE LA OPERACIÓN GARROTE

Audios filtrados de una reunión en la Secretaría Antidrogas (Senad) entre el exministro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría revelaron cómo se operaba desde esa institución para forzar la inclusión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría registrado el 13 de noviembre de 2019, coinci­dentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en contra de Horacio Cartes.

Haciendo una cronología de hechos relevantes regis­trados a partir de esa fecha, noviembre de 2019, se pue­den constatar las coinci­dencias entre los persona­jes, los hechos y las acciones como parte de un mismo mecanismo montado, uti­lizando toda la artillería estatal disponible para per­seguir a los enemigos polí­ticos del expresidente Abdo Benítez.

El montaje y la filtración de informes de inteligencia desde la Seprelad durante el 2022, año de elecciones internas y partidarias, fue el epílogo de un conjunto de acciones que tuvo por obje­tivo perjudicar política y económicamente a los ene­migos políticos del presi­dente Mario Abdo Benítez.

Transcripción de audios que confirman que Giuzzio se tomó atribuciones de la Fiscalía y la exministra de la Senad Zully Rolón expone escenarios hipotéticos, ficticios, sobre los negocios del Grupo Cartes

La causa penal que inves­tiga los hechos de filtra­ción está actualmente para­lizada a nivel judicial por las múltiples chicanas pre­sentadas por los abogados defensores de los imputa­dos. El acta de imputa­ción, admitida por un juz­gado penal de garantías, es blanco de una intensa campaña de ataques por parte de los medios afi­nes al exmandatario en un intento por desviar la aten­ción respecto de los graves hechos que se imputan a los procesados.

13 DE NOVIEMBRE DE 2019: LOS AUDIOS FIL­TRADOS Y LA ORDEN DE “GOLPEAR” AL GRUPO CARTES

Audios que fueron revela­dos por el programa “La caja negra” confirmaron que Arnaldo Giuzzio, entonces ministro de la Senad, operaba para for­zar la inclusión de Hora­cio Cartes y sus empre­sas a esquemas delictivos, sin contar con los elemen­tos necesarios. Conver­saciones registradas den­tro de la Senad revelaron que se dibujaba un plan para “golpear” al Grupo Cartes.

En aquella reunión, regis­trada el 13 de noviembre de 2019, participaron Arnaldo Giuzzio, entonces ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); Zully Rolón, directora de Admi­nistración de la Senad, y el agente especial (AE) Juan Manuel Jara, director de Inteligencia.

Las muestras de “fidelidad” de Abdo hacia Jair Bolsonaro fueron un secreto a voces.FOTO: GENTILEZA

De acuerdo a la informa­ción obtenida sobre esa reu­nión en la Senad, durante un periodo de 5 a 6 meses, entre finales de 2018 y 2019, personal destinado al SIU (Unidad de Investigación Sensitiva, por sus siglas en inglés), en ese momento a cargo del agente Cristian Amarilla, venía realizando una serie de acciones con el fin de obtener información de todas las empresas del Grupo Cartes.

Dichas acciones incluían el relevamiento de datos, vigilancia, seguimientos, múltiples viajes a diferen­tes puntos del interior del país como Hernandarias, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Chaco, entre otros, con el objetivo de hacer un “levantamiento gene­ral” de todas las empresas del grupo objetivo y otras empresas que ellos deno­minaban satélites.

Lo particular de estas acciones era que todo se “reportaba”, a través de informes confidenciales, a las autoridades de la Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero (Sepre­lad) institución que, según se desprende de las conver­saciones, remitía informa­ción privilegiada a este seu­dogrupo de “investigación”, con el objetivo de realizar el “trabajo de campo” y “armar el caso”.

19 NOVIEMBRE DE 2019: PEDIDO DE PRI­SIÓN PARA CARTES EN BRASIL

Mientras en Paraguay se dirigían, en ese enton­ces, investigaciones desde la Senad para atacar a un grupo empresarial por razones políticas, en Bra­sil arrancaba otro capítulo del operativo “garrote”. La fallida operación Patrón arrancaba en Brasil con la orden de prisión contra Horacio Cartes, librada por un el juez brasileño Mar­celo Bretas. Tiempo des­pués, las máximas auto­ridades judiciales de ese país decidieron archivar y anular el proceso contra el expresidente paraguayo porque no existió delito alguno atribuible.

Marcelo Bretas, juez brasileño quien fue destituido por el Consejo Nacional de Justicia por su actuación en el caso Lava Jato.FOTO: GENTILEZA

En el 2019 el Paraguay tenía como su ministro del Inte­rior a Juan Ernesto Villa­mayor, mientras que su par en el Brasil era el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, quien justamente había encabe­zado la operación Lava Jato. Luego se supo que su actua­ción fue imparcial en esta causa al digitar y direccio­nar los pasos que daba la Fiscalía en las investiga­ciones.

En círculos políticos de nuestro país, es un secreto a voces que desde el Gobierno paraguayo hubo sobradas muestras de “fidelidad” de Abdo Benítez hacia su par brasileño Jair Bolsonaro. Esto se dio, a través de ges­tiones de bolsonaristas ante el Ministerio Público brasi­leño, para intentar impli­car a HC en el expediente en cuestión. Un intento que fue abortado por el Supe­rior de Justicia del Brasil y dejado al descubierto como lo que realmente fue, un burdo montaje.

26 DE ENERO DE 2022: LA DENUNCIA DE GIUZZIO

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, enton­ces ministro el Interior del gobierno de Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio con­tra Cartes fue el puntapié inicial del mayor opera­tivo de persecución esta­tal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez. El meca­nismo operaba desde la Seprelad con el montaje y filtración de informes de inteligencia financiera, con información falsa y tergiversada para perse­guir y provocar sancio­nes contra los considera­dos enemigos.

OFICINA PARALELA MONTADA EN LA SEPRE­LAD PARA INVESTIGAR A CARTES

El acta de imputación con­tra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas.

Los “cerebros” de la ope­ración ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribu­ción legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al Gobierno.

Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de direc­tora de Análisis Finan­ciero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad, ordenaron y acomodaron la improvi­sada “oficina paralela”.

El elegido para hacer el trabajo sucio era Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Inte­rior (hasta junio de 2022), quien respondía directa­mente a las instrucciones de Arnaldo Giuzzio.