Unas 2.638 hectáreas –todas están prácticamente deforestadas- pertenecen a 24 comunidades indígenas que hasta hoy resisten con sus tradiciones y formas de vivir en Itakyry, departamento de Alto Paraná. El violento atropello que sufrió la semana pasada una de estas comunidades, la de Ysaty – 3 de Julio, por parte de hombres armados con escopetas, se muestra como una cuestión que puede repetirse, por lo que las autoridades locales están en alerta.

Para Carlos Soria, intendente de Itakyry, es urgente que el Instituto Nacional del Indígena (Indi), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y otras entidades involucradas, puedan resolver el problema de la titulación de las tierras indígenas en esta zona del país, para que no se repita lo que ocurrió en Ysaty – 3 de Julio, una comunidad indígena de Itakyry que soportó durante tres días graves atropellos por parte de particulares.

“Acá lo más grave es que hay gente de afuera, que no tiene nada que ver con nuestra ciudad ni comunidad, que está buscando sacar rédito económico de esta situación. No podemos permitir que vengan a tratar de lucrar con tierras ancestrales, por eso es necesario que las autoridades definan bien la situación de estos inmuebles, para que ya no se tenga ningún tipo de confusión al respecto”, dijo Soria.

El jefe comunal recibió a La Nación acompañado de los concejales municipales Gumercindo Fernández y Jorge Acosta. Según recordó Soria, el problema que se plantea con las 300 hectáreas que reclama la firma Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa) y que están dentro de las 2.638 hectáreas consideradas tierras ancestrales, viene arrastrándose desde hace unos 7 años aproximadamente, sin que hasta ahora se haya llegado a una solución.

Un acuerdo con el cacique

El 8 de mayo pasado, un día después del primer atropello que sufrió la comunidad de Ysaty – 3 de Julio, el entonces líder de esta comunidad indígena, Luciano Villalba Acosta, firmó un acta notarial en la que se compromete a abandonar las tierras en litigio con Inpasa. Supuestamente, Villalba Acosta se reunió con representantes de dicha empresa y del propio Indi y allí se “comprobó” que la parcela reclamada por Inpasa efectivamente le corresponde.

Este extraño y llamativo acuerdo se presentó ante la Municipalidad local, y está avalado por el escribano público César Martínez Ramírez, de Hernandarias, Alto Paraná. Villalba Acosta refrendó el citado documento en carácter de líder indígena. De hecho, en el acta queda registrado que el mismo accedió a dicho cargo reconocido por el mismo Indi, según la resolución Nº 12/013 del 10 de enero del 2013.

Igualmente, Villalba Acosta firmó también ese mismo día y ante el mismo escribano una cesión de derechos y acciones mediante el cual acuerda mudarse con 20 familias a la comunidad indígena “Potrero Yvy Apyakaty”, ubicada en la zona de “Yatay e Ybyrarobana”, del distrito de Corpus Christi, Canindeyú. Supuestamente, el representante de Potrero Yvy Apyakaty, Fulgencio Barrios González, acordó “ceder” unas 500 hectáreas de su comunidad a favor de Villalba Acosta y su gente.

Sin embargo, estas documentaciones no tienen carácter legal para ordenar el desalojo que sufrieron las 15 familias indígenas que se negaron a ir a Canindeyú con Villalba Acosta. Debido a esta situación, tanto el intendente local, Soria, como los concejales municipales exigen que las autoridades nacionales definan la situación de las propiedades indígenas en el lugar.

“Itakyry tiene 24 comunidades indígenas con las que estamos trabajando en forma coordinada. A muchas de ellas les está llegando el proyecto Tekoporá, que significa tener un aporte importante para estas familias. Estamos construyendo escuelas, pero esto viene a descomponer todo lo que venimos haciendo”, expresó Soria.

Para el Indi

Desde el atropello a la comunidad indígena Ysaty – 3 de Julio, las autoridades del Indi afirmaron que la zona en litigio o donde vive esta parcialidad indígena pertenece a tierras ancestrales, finiquitado por ley, por lo que no puede haber algún acuerdo que esté por encima. Si bien la ayuda para las familias indígenas afectadas llegó después de tres días seguidos de agresiones, al menos hasta ayer, quienes quedaron en el lugar como líderes afirmaron que desde esta institución estatal seguían recibiendo promesas de que estarían siendo asistidos toda esta semana.

Para los directivos de Inpasa, no existe ninguna responsabilidad de sus trabajadores con lo ocurrido en la comunidad Ysaty – 3 de Julio. Sin embargo, reconocieron que existe un litigio judicial por 300 hectáreas y hablaron de un acuerdo con los indígenas de esta comunidad para que desalojen el lugar. No obstante, no hay orden judicial para que los nativos dejen ese terreno.

Imputados

Los fiscales Alfredo Acosta y Víctor Santander, que llevan el caso, imputaron después de los atropellos a cuatro personas, quienes supuestamente habrían tenido participación. Los involucrados son Marcos Torales –un conocido abogado que de forma frecuente aparece en litigios judiciales por tierras– y su hijo, Javier Torales; el dirigente campesino Ismael Barrios –quien supuestamente fue contratado para hacer las intervenciones– y Roberto de Souza André, gerente de Inpasa.

La escuelita

Otra preocupación que tienen los indígenas que se quedaron en Ysaty – 3 de Julio es que se pueda reabrir lo antes posible la pequeña escuela de la comunidad. En efecto, el Ministerio de Educación ya elevó el pasado 11 de mayo una denuncia formal ante el Ministerio Público por esta situación.

Ayer, en conversación con La Nación, Ricardo Orrego, uno de los que ahora está a cargo de la comunidad Ysaty – 3 de Julio, confirmó que estaban de reunión con las autoridades de la Gobernación de Alto Paraná, quienes igualmente prometieron ayuda. Hoy, las familias indígenas necesitan víveres y nuevas chozas. Si bien el Indi ya les proveyó de madera y chapa eternit, la principal preocupación de los indígenas es la comida para sus hijos.

En las extensiones de tierra que tiene la comunidad en la zona, en medio de sojales, los indígenas tienen su propio cementerio. Muchos de los abuelos y padres de quienes hoy pelean por mantenerse en el lugar ya están enterrados allí. Los indígenas dicen que el designio que tienen es vivir en sus tierras y que cuando les toque morir, entonces su descendientes deben enterrarlos allí, donde está su gen te.

Coacción sexual y violación son los hechos punibles de los que, recientemente resultaron víctimas ocho mujeres en Coronel Oviedo, donde tres fiscales se distribuyen las investigaciones, con apoyo de la Policía Nacional.

Los testimonios de las atacadas conducen a concluir que hay más de un autor material de las violaciones. Uno de ellos ya fue identificado y, de hecho, cuenta con otros antecedentes penales. La Policía lo está buscando.

La fecha en que cometió los abusos y la descripción de sus características físicas coinciden con dos de los casos investigados.

Además, se trabaja en identificar a otro de los violadores que, según la víctima, terminó herido con arma blanca, precisamente cuando intentaba someter a una mujer, quien terminó defendiéndose con un ataque punzante al abdomen y al hombro del pervertido.

Otra información que maneja la Fiscalía es que los violadores no actuaron solos y que, otras personas se encargaban de actuar de campana, para evitar que el delito sea descubierto.

Una arista adicional en la carpeta fiscal es el robo de objetos domésticos de las respectivas víctimas, mediante la coacción con el uso de puñales y de armas de fuego.

Paralelamente, el Ministerio Público se ocupa de dar contención psicológica a las ocho mujeres que denunciaron los hechos.

El fiscal Luis Trinidad Colmán logró una condena de 3 años de prisión para los comerciantes Juan Carlos Benítez Ledezma (31) y Alejandro Trinidad Coronel (37), quienes fueron encontrados culpables por una millonaria estafa.

El juicio oral se llevó a cabo el lunes pasado en el Poder Judicial de Ciudad del Este, oportunidad en la que se demostró con diversas pruebas la responsabilidad de los acusados en el hecho punible contra el patrimonio.

La denuncia sobre el caso fue presentada en el Ministerio Público el 6 de junio de 2021 por Ángel Sánchez González, propietario de la firma “Sánchez Comercial Import-Export SA”, dedicada al rubro de compra y venta de frutas y hortalizas.

Según los antecedentes, Benítez Ledezma libró cuatro cheques diferidos entre el 1, 2 y 16 de febrero de 2021, y el 3 de marzo del mismo año, por valor total de G. 199.600.000, en concepto de pago de crédito de hortalizas a Alejandro Trinidad Coronel.

Los documentos de pago diferido llegaron posteriormente en poder de la víctima a través de una operación comercial realizada con Trinidad Coronel, quien se dedicaba al comercio al por mayor de materias primas agrícolas.

Según el informe de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación, de fecha 20 de julio de 2021, el emisor formuló una declaración falsa, ya que en el momento de la emisión de los cheques no tenía la capacidad ni la voluntad de pago.

También se verificó mediante respaldo documental, tales como recibo de dinero y factura de crédito, la relación comercial emprendida entre Juan Carlos Benítez Ledezma y Alejandro Trinidad Coronel, en fecha 1, 2, 16 de febrero de 2021 y 3 de marzo del mismo año, cuando recibió los cheques en cuestión a cambio de vegetales y hortalizas por valor de 199.600.000 guaraníes.

Luego, Trinidad Coronel, antes del vencimiento de los cheques, los endosa y entabla una transacción comercial con Ángel Sánchez González, a quien entregó los documentos de pago a cambio de venta de frutas y hortalizas varias.

Posteriormente, los cheques fueron rechazados tras ser presentados en ventanillas del banco Sudameris. Esto considerando que el 18 de marzo de 2021, Juan Carlos Benítez denunció el supuesto extravío con la presentación de una nota de orden de no pago que firmó como titular de cuenta, acompañando incluso el parte policial correspondiente.

De esa manera, se corroboró que Alejandro Trinidad Coronel se benefició con el patrimonio de la víctima con la participación del titular de la cuenta bancaria, Juan Carlos Benítez, cuando este último solicitó la orden de no pago por el supuesto extravío.

Por lo tanto, los dos involucrados en la millonaria estafa fueron procesados en su momento y finalmente condenados a 3 años de prisión, que deberán cumplir en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. El Tribunal que emitió el fallo condenatorio estuvo presidido por los jueces Zunilda Martínez, Marino Méndez y Herminio Montiel.

Sindicatos, gremios y organizaciones sociales aprovecharon este 1 de mayo para llevar a cabo diversas actividades, en conmemoración por el Día del Trabajador.

Una de ellas fue una manifestación pacífica que se desarrolló frente al Panteón de los Héroes de Asunción, donde se congregó una gran cantidad de personas, en representación de diferentes sectores.

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La Corriente Sindical Clasista (CSC), el Frente Mujer, la Federación Nacional Campesina (FNC), además de otros gremios, se autoconvocaron para participar de esta protesta.

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la generación de fuentes de trabajo para el sector de la población desempleado, así como el respeto de los derechos laborales de la clase trabajadora y salarios dignos para todos.

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Asimismo, abogaron por el seguro social para todos los trabajadores y expresaron su rechazo al proyecto de ley de la Carrera del Servicio Civil, pues consideran que atenta contra los derechos del funcionariado público.

Los manifestantes realizaron una marcha sobre las calles del microcentro asunceno, concluyendo en la explanada de la Catedral Metropolitana para continuar con la manifestación.