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Por conflicto de parada, taxista que no puede hablar hace huelga de hambre

Feliciano Morales (63), es taxista desde inicios de la década de los 80. Tiene un trastorno del lenguaje pero eso no le impidió conseguir la habilitación municipal para proveer el servicio. Hoy, realiza una huelga de hambre porque, según denuncia, la Cooperativa 11 de Noviembre le quiere sacar de su parada y en la Municipalidad de Asunción “se extravió” su autorización.

José Morales, hijo de Feliciano, expresó a HOY Digital que en setiembre de 2015, el entonces intendente Arnaldo Samaniego le concedió la autorización para trabajar en la parada 78, ubicada en Melvin Jones casi España de Asunción.

Expresó que autoridades de la Cooperativa de Taxistas 11 de Noviembre “transaron” con autoridades de la Municipalidad para hacer desaparecer el documento que autoriza a Feliciano a trabajar en la parada 78.

Según dijo, esta maniobra fue para que se le pueda acreditar su puesto a Miguel Galeano, hijo del presidente de la cooperativa, Ángel Galeano.

Morales relató que su padre, al enterarse de la maniobra, fue hasta la Comuna a denunciar el hecho y el concejal Elvio Segovia (PDP) solicitó que la Comuna reconstituya el expediente en el cual se garantiza que Feliciano Morales es el que debe trabajar en la parada.

Incluso mencionó que Miguel Galeano intentó atropellar a su padre en la parada pero gracias a la intervención de su compañero Darío “Indio” Jara, Feliciano pudo salvar su vida.

Pese a tener un trastorno del lenguaje, Feliciano escucha y ve, por lo que pasó sin inconvenientes los exámenes de vista y oído para acceder al registro de Categoría A, expedido por la Municipalidad de Asunción.

Desde hace cinco días, el hombre está acostado en la explanada de la Municipalidad haciendo una huelga de hambre y con carteles pide que se lo reponga en la parada.

 

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Empresario que denunció coima de ministros posee frondosos antecedentes

Nery Páez dice tener pruebas de que algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia le pidieron millonarias coimas y lamenta que Mario Abdo Benítez no lo haya recibido en su casa esta mañana. En contrapartida, el denunciante cuenta con antecedentes como extorsión y abuso sexual en niños.

El propietario de la empresa Cal Agro SA, Nery Páez, acudió esta mañana a la residencia del mandatario electo, Mario Abdo Benítez, para solicitarle una audiencia y apoyo para el juicio político de tres ministros de la Corte: Miguel Óscar Bajac, César Garay Zuccolillo y Miguel Torres Kirmser.

“Ellos me pidieron a mí 7.400 millones de guaraníes, hay contrato firmado por escribanía, Bajac me pidió 3.700 millones y el enviado de Torres, 3.700 millones de guaraníes, el contrato de ambos ministros es ídem, y después me pidieron 50.000 dólares otra vez para agilizar”, comentó Páez tras salir rechazado de la casa de Marito.

Dijo que estaba al tanto de que Marito deseaba renovar la máxima instancia judicial, por lo que decidió llevarle todas las pruebas que necesita para que prospere la iniciativa.

La supuesta coima se relaciona a un pleito de la firma Cal Agro contra la Industria Nacional del Cemento (INC) y data del año 2009, cuando esta empresa ganó la licitación para explotar la cantera de la estatal, pero posteriormente impidieron que Cal Agro ejecute el trabajo luego de haber reparado las máquinas para la trituración.

Al margen de la grave denuncia contra los ministros de la Corte, se dieron a conocer los antecedentes de Páez, entre ellos: lesión corporal, extorsión y chantaje, sustracción y abuso sexual en niños.

 

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Irá a Tacumbú el joven que habría atacado a su novia para seguir tomando

El Ministerio Público imputó a Santiago Sánchez (22) por la brutal golpiza a su entonces pareja Verónica Villalba (23), quien presuntamente fue atacada por haber pedido al hombre que deje de beber alcohol durante un encuentro de amigos, según la denuncia presentada. El juzgado decidió que guarde reclusión en la cárcel de Tacumbú.

La agente fiscal Fátima Capurro confirmó a la radio 650 AM que procedió a imputar el joven denunciado por su expareja por una golpiza. Añadió que solicitó al juzgado la aplicación de prisión preventiva, al tratarse de un crimen el hecho investigado.

La representante del Ministerio Público señaló que ayer se presentó Sanchez ante las autoridades y se abstuvo de declarar. Respecto a las pruebas, la fiscala dijo que a simple vista se observa que la denunciante quedó con secuelas tras la agresión sufrida.

El juez Paublino Escobar ordenó la prisión preventiva del joven en la penitenciaría de Tacumbú, según informó la periodista Ana Ferreira a la 970 AM.

Estela Allende de Villalba, madre de la víctima, detalló este viernes a nuestra redacción que el incidente ocurrió en la noche del miércoles durante un encuentro con amigos en un departamento ubicado en el barrio San Vicente de Asunción.

Según indicó la madre, este joven se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando en un momento dado su hija se acerca para pedirle que deje de tomar, lo cual habría generado en él una reacción violenta que derivó en la brutal golpiza.

Posterior a registrarse este incidente, una de las personas que se encontraban en el departamento se comunicó con el 911 para dar aviso a la Policía Nacional.

Los mismos agentes policiales se habrían encargado de llevar a Villalba hasta el Sanatorio Británico para recibir atención médica debido a los golpes que recibió en el rostro.

Aparentemente, Santiago Sánchez se encontraba en estado etílico en el momento en el que reaccionó de manera violenta contra su ahora expareja, con quien mantenía una relación sentimental desde hace casi tres años, aunque sin convivir juntos en la misma vivienda, conforme a la declaración brindada por la señora Allende.

 

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Apresan, golpean y privan de alimentos a joven: atacantes la acusan de ser “payesera”

Una indígena de 20 años denunció que cinco hombres de su comunidad, con el aval de su cacique, la llevaron por la fuerza a una vivienda, donde la ataron, golpearon y privaron de alimentos. El motivo fue que la acusan de haber hecho payé contra otra nativa, quien ahora sufre problemas mentales.

La denunciante pertenece a la parcialidad Mbya Guarani, ubicada en la colonia Jorge Sebastián Miranda, más conocida como Hugua Ñandu. La misma expresó que fue atacada por los propios integrantes de su comunidad tras ser sindicada de “payesera”.

“Me pegaron muchísimo, porque dicen que una mujer está enferma y que yo le hice mal, que le hice payé. Su madre dice que está loca luego del payé, pero yo no hice nada. La que le hizo el payé es la que anda diciendo que yo fui”, dijo a la 650 AM la joven nativa.

Sindicó como los autores a cinco hombres, quienes actuaron bajo las órdenes del propio cacique de la parcialidad indígena. Relató que estos la apresaron para pegarle y no le permitieron ingerir alimentos y solo le daban de beber agua con sal.

La denunciante aseguró que muchos días estuvo privada de su libertad, hasta que un día la dejaron sola y pudo escaparse. Inmediatamente pidió auxilio a la policía y fue llevada el miércoles al Hospital Regional de Concepción, donde está internada por su cuadro severo de deshidratación y hematomas que fueron producto de la tremenda golpiza.

 

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Presentan en tribunales las pruebas contra la “empanadería de ratas”

El conocido como “caso Don Vito” ocurrido en el año 2016, cuando se había detectado la presencia de ratas en una fábrica donde se elaboran empanadas, se encuentra en las instancias finales del juicio actualmente en curso. La propietaria y el administrador de la firma se encuentran procesados por esta causa.

Este viernes prosigue el juicio oral y público contra María Gloria Bergman viuda de Scura y Marc Gaston Henri Boyden, propietaria y administrador de la firma “Don Vito Tradición”, con la reproducción de pruebas documentales.

El Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juicio se encuentra integrado por Juan Carlos Zarate, María Fernanda García Zúñiga y Cynthia Lovera.

Según informó la periodista de la 970 AM, Ana Ferreira, el Ministerio Público intentará demostrar la responsabilidad de ambos acusados con los documentos presentados e incluidos dentro del expediente fiscal.

Tanto Bergman como Boyden fueron procesados por la presunta comisión de los hechos punibles de procesamiento ilícito de desechos, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos y comercialización de alimentos nocivos.

En el marco de esta causa ya prestaron declaración los testigos, entre los cuales se encuentran interventores, tecnólogos de alimentos, inspectores, asesores jurídicos y empleados.

La próxima semana ya se podría dictar una sentencia definitiva en este caso, adelantó la periodista judicial.

El caso Don Vito estalló en agosto del 2016 luego de viralizarse a través de las redes sociales fotografías y videos en los que se observaban las condiciones insalubres en la fábrica de empanadas “Don Vito Tradición”, ubicada sobre las calles Julio Correa esq. Sargento Benítez de Asunción. En dichas imágenes se veía cómo decenas de roedores devoraban la masa, así como el producto ya terminado.

A pesar de que el local gastronómico había sido inhabilitado por la Municipalidad de Asunción para la venta y distribución de productos, de igual manera la firma seguía con sus actividades normalmente, pese a las condiciones de insalubridad detectadas por los inspectores municipales.