Carmen Montanía, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la CSJ, manifestó a la 970 AM que el Comité de DDHH de la ONU prepara una observación sobre el derecho a la vida, cambiando radicalmente el artículo 6 del pacto de derechos humanos, al incluir que se inste a los países la despenalización del aborto y promover la eutanasia.

Dicho proyecto no entró en vigencia, porque fue aplazado su estudio para el mes de marzo. En el documento se establece que la mujer pueda tener derecho a un aborto seguro y que el Estado debe garantizarlo, según resaltó.

De 109 Estados, solo 23 presentaron su parecer en contra y Paraguay no presentó ninguna reserva al respecto, pero algunas organizaciones paraguayas sí lo hicieron, de acuerdo a la entrevistada. “Es preocupante que nuestro país no haya presentado una manifestación, al decir que nuestra Constitución reserva la vida desde la concepción. El Estado tiene que manifestarse porque es parte de su posición jurídica”, acotó.

En tanto que Mónica Cáceres, coordinadora del Programa de DDHH del CIDSEP-UCA, dijo también que la cuestión es que con respecto al aborto se sancione a los médicos que no practiquen esta disposición.

Indicó que no se puede imponer de manera directa a los países, por lo que debía ser motivo de debate. “Instamos a las autoridades a que se pongan las pilas y ven una posición a tomar como país”, dijo.

Mientras que, Enrique de Mestral, vicepresidente de la Comisión Nacional de Bioética, resaltó que la historia siempre se caracterizó por buscar el respeto hacia el más débil, dándole un lugar. Ahora, a su parecer, las Naciones Unidas “están inventando derechos en contra de los originales, porque antes hablaban de la vida, pero ahora le saca a los no-nacidos. Es una regresión de la civilización, estamos yendo hacia la agresión hacia los más débiles, a los que no tienen voz”.

El sujeto lamentó que se quiera implementar una nueva ética mundial. “Yo soy una persona porque siempre lo fui. La naturaleza es la misma entre un adulto o un niño. No hay cambio del genoma, o transformación. El embrión es una etapa nada más. Solo cambia la forma”, indicó.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.