“Sin tener en cuenta el fondo, el Tribunal suspende administrativamente la decisión del tribunal de distrito” que favoreció a Kate Cox, una mujer de 31 años cuyas complicaciones en el embarazo amenazan su fertilidad y su vida, según informó el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, en inglés) que representa a Cox en la demanda. El CRR difundió una copia de la decisión del tribunal.

El fiscal general del estado, Ken Paxton, había presentado el jueves un pedido ante la Corte Suprema texana para dejar sin efecto la autorización judicial que horas antes había recibido Kate Cox de parte de la jueza de distrito Maya Guerra Gamble, para poder interrumpir su embarazo.

Cox, de 31 años, madre de dos hijos y residente en Dallas, supo que su tercer bebé en camino tiene trisomía 18, una condición genética que podría ocasionar un aborto espontáneo o una corta sobrevivencia del menor. Según sus médicos, el embarazo amenaza incluso su vida. Ella aún quiere ser madre y volver a embarazarse. Si sobrevive, su fertilidad puede verse afectada, dice su demanda.

La Corte Suprema precisó que el pedido de Cox seguirá en el tribunal para su evaluación pero que por ahora la suspensión se aplica también a Justin, esposo de Kate, y a la doctora Damla Karsan, quien auscultó a Kate y se ofreció a atenderla en el procedimiento. Las leyes de Texas también sancionan a quienes colaboren con el aborto.

“Si bien todavía esperamos que el Tribunal finalmente rechace la solicitud del estado y lo haga rápidamente, en este caso tememos que una justicia demorada sea una justicia denegada”, dijo Molly Duane, abogada principal del CRR.

“Estamos hablando de atención médica urgente. Kate ya tiene 20 semanas de embarazo. Esta es la razón por la que las personas no deberían de rogar por atención médica en un tribunal de justicia”, agregó.

El CRR reclama porque las excepciones médicas al aborto en Texas para cuando la vida de la madre está en riesgo no son claras y dejan a los doctores con las “manos atadas”. Por eso pidieron la intervención judicial.

La jueza Maya Guerra Gamble había dicho en el fallo que “la idea de que la señora [Kate] Cox desea desesperadamente ser madre y que esta ley podría hacer que pierda esa capacidad, es impactante y sería un error judicial [no conceder su solicitud]”.

– Consecuencias –

El caso de Cox es el primero de este tipo desde que en junio de 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo Roe v. Wade, que garantizó durante medio siglo a nivel federal el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.

Kate ha tenido que ir cuatro veces de emergencia al hospital en el último mes, debido a complicaciones en su salud, según sus abogados.

Tras conocer el fallo de la juez Guerra Gamble el jueves, Paxton envió cartas a hospitales advirtiéndoles de las consecuencias “civiles y penales” que podrían sufrir si practicaban un aborto en sus instalaciones.

El fiscal ha calificado a la jueza de “activista” y que abusó de su función al considerar que Cox califica para una excepción médica. Su despacho consideró “subjetivas” las recomendaciones de la doctora Karsan para la realización de un aborto.

Los médicos de Texas hallados culpables de realizar abortos ilegales se enfrentan a hasta 99 años de prisión, multas de hasta 100.000 dólares y la revocación de su licencia.

El abogado del CRR, Marc Hearron, dijo el jueves que Paxton trata de “derribar el sistema legal” para que Kate y mujeres con casos similares “sigan sufriendo”.

El CRR también lidera una demanda en nombre de 20 mujeres a las que se les negó el aborto en Texas pese a que tuvieron complicaciones severas de salud. En algunos casos sus hijos nacieron muertos o sobrevivieron pocas horas tras nacer. Quienes pudieron, viajaron a abortar fuera de Texas.

El caso también está en la Corte Suprema de Texas, que debe pronunciarse sobre si fija con claridad las excepciones al aborto y bloquea algunas prohibiciones.

“La llamada obispa que habló el martes en el Servicio Nacional de Oración es una izquierdista radical que odia a Trump. Tuvo un tono desagradable, no fue convincente ni inteligente”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente asistió el martes a una misa en la Catedral Nacional de Washington dirigida por la obispa Mariann Edgar Budde, de la Diócesis Episcopal de Washington.

En su discurso, la religiosa sermoneó al nuevo dirigente por los decretos firmados contra las personas LGBTQ y los migrantes después de asumir el lunes su segundo mandato presidencial.

“Le pido que tenga piedad, señor presidente”, dijo la obispa, que habló del “miedo” que, según ella, se siente en todo el país.

“Hay niños gays, lesbianas y transgéneros en familias demócratas, republicanas e independientes”, sostuvo.

También defendió a los trabajadores extranjeros que “pueden no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada (...) pero la gran mayoría de los migrantes no son delincuentes”, argumentó.

El presidente, que previamente se limitó a decir que el oficio “no fue demasiado emocionante”, cargó duramente contra la obispa en su red social.

“Además de sus comentarios inapropiados, el sermón fue muy aburrido y muy poco inspirador. ¡No es muy buena en su trabajo! ¡Ella y su iglesia le deben una disculpa al público!”, publicó.

Entre las decenas de órdenes ejecutivas firmadas a última hora del lunes por Trump figuran medidas para suspender la llegada de solicitantes de asilo y expulsar a los migrantes que se encuentran en el país de forma ilegal.

Trump también decretó que solo se reconocerán dos sexos: el masculino y el femenino, pero no el transgénero.

AFP

El secretario interino del DHS, Benjamine Huffman, “restableció los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) con efecto inmediato”, informó el departamento en un comunicado.

Estos protocolos conocidos como “Quédate en México” fueron introducidos por Trump en 2019 durante su primer mandato (2017-2021).

Biden tropezó con la oposición de varios estados gobernados por los republicanos en su intento por eliminar esa política pero al cabo de una batalla judicial la Corte Suprema se lo autorizó.

Bajo el programa, las personas que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos y solicitaban asilo recibían avisos para comparecer en una corte de inmigración y eran enviadas de regreso a México.

Se les decía cuándo debían regresar a un puerto de entrada para su próxima vista judicial.

Según la oenegé American Immigration Council, el programa “no proporcionó el debido proceso a los migrantes”.

Según sus datos, solo el 7,5%, o incluso menos, de las personas sujetas al programa lograron contratar a un abogado.

“La falta de asesoría, combinada con el peligro e inseguridad que enfrentaban las personas en las ciudades fronterizas, hacía casi imposible que cualquiera sometido al MPP lograra obtener asilo con éxito”, afirma la organización.

Para diciembre de 2020, de los 42.012 casos de “Quédate en México” completados solo “521 personas” ganaron en las cortes migratorias.

Horas después de llegar al poder para un segundo mandato Trump promulgó el lunes una batería de medidas contra la migración ilegal.

Además de resucitar “Quédate en México”, decidió declarar una emergencia nacional en la frontera con México y seguir construyendo el muro fronterizo.

También decidió aplicar “caso por caso” el programa humanitario (parole) que otorga permiso temporal a migrantes para permanecer en Estados Unidos.

El expresidente demócrata Joe Biden lo usó para permitir la entrada de  cientos de miles de nacionales de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela por un periodo de dos años si tenían un patrocinador en el país y pasaban una verificación de seguridad.

Washington aceptó cada mes a hasta 30.000 personas de estos países bajo esas condiciones.

Trump anuló asimismo la posibilidad para los migrantes de obtener legalmente una cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) para llegar a un puerto de entrada.

Fuente: AFP

“Abuelas de plaza de mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otra nieta apropiada durante la última dictadura cívico militar. Bienvenida a la verdad, querida nieta”, dijo en rueda de prensa la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.

La nieta recuperada nació entre enero y febrero de 1978 y, como es costumbre en estos casos, su nombre se mantiene en secreto hasta que ella autorice su difusión.

Los padres fueron secuestrados en noviembre de 1977, cuando Macedo estaba embarazada de 6 o 7 meses, precisó Carlotto durante el anuncio realizado en el Espacio para la Memoria ex ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención y exterminio.

Al momento de los secuestros, Inama tenía 25 años y estaba en Buenos Aires. Sin embargo, no está claro si Macedo, entonces de 22, se encontraba junto a él o en la ciudad de La Plata, a 60 kilómetros de la capital, detalló Carlotto, ante un auditorio colmado por al menos 200 personas.

Ambos fueron vistos por sobrevivientes en el centro clandestino de detención y exterminio Club Atlético, en Buenos Aires. Los dos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista de Argentina.

La nieta recuperada tiene dos hermanos por parte del padre, Paula y Ramón Inama. Este último estuvo sentado junto a Carlotto durante la conferencia de prensa y leyó un texto escrito hace algunos años, cuando soñaba el día de reencuentro con su familiar.

“Buscamos esta hermana muchísimo, y pensamos que habíamos agotado todas las instancias y que era un caso cerrado”, recordó Ramón Inama a la prensa tras la conferencia, y añadió que el hallazgo es “un acto de justicia” que “nunca más va a ser incertidumbre”.

“Tiene los ojos de mi abuela, la mirada de mi abuela, la mamá de Daniel”, agregó Inama, quien aún no conversó con su hermana restituida pero sí pudo conocer una imagen de su rostro.

La noticia se da menos de un mes después de que se comunicara el hallazgo del nieto 138, a finales de diciembre. Antes de eso, el último encontrado había sido anunciado en septiembre de 2023.

La organización estima que aún quedan alrededor de 300 nietos por encontrar, todos robados durante el cautiverio de sus madres y entregados a familias, generalmente cercanas al régimen dictatorial de ese momento.

Fuente: AFP