La ejecución de este hombre de origen mexicano mediante inyección letal se produjo este miércoles a las 18:47 hora local (00:47 GMT del jueves) en la penitenciaría estatal de Huntsville.

En un caso que generó un intenso debate sobre la justicia y la pena de muerte en Estados Unidos, Cantú fue condenado por el asesinato de su primo James Mosqueda, de 27 años, y de la novia de éste, Amy Kitchen, de 22 años, ocurridos en Dallas en el año 2000.

Cantú usó su declaración final antes de ser ejecutado para decir que no mató a Amy y James, y agregó que no creía que su ejecución fuera a traer paz o cierre a las familias.

Cantú se dirigió a las familias Mosqueda y Kitchen, dijo Amanda Hernández, portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas.

“Quiero que sepan que nunca maté a James y Amy”, dijo Cantú. “Quiero que todos sepan que no creo que esta situación aquí les traiga un cierre”, añadió.

“Si hubiera sabido quién lo hizo, habrían sido los primeros en saber cualquier información que hubiera tenido”.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron irregularidades en el proceso legal y reclamaron que se anulara la condena para poder realizar una revisión completa de su situación procesal.

“La evidencia fue manipulada”, dijo Sylvia Cantú, la madre del recluso, quien lideró una campaña pública en defensa de su hijo.

“Detengan la ejecución de mi hijo”, suplicó, luego de que la Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazara esta semana el último recurso legal que intentaba frenar su ejecución.

“Esto no está bien, ustedes saben que no está bien”, declaró la madre antes de la ejecución.

La apelación ofrecía supuestas nuevas evidencias que probarían que se presentaron declaraciones falsas de testigos en el juicio y que los abogados designados por el tribunal fueron ineficaces a la hora de defenderlo.

La testigo clave

Iván Cantú, hijo del mexicano Abner Cantú, nació en Dallas, Texas, en 1973, según el Departamento de Justicia Penal de Texas.

Tenía 27 años cuando fue acusado del doble homicidio y fue encarcelado a los 28.

Su novia en aquel entonces, Amy Boettcher, testificó en su contra.

Vivían juntos en un apartamento cercano a la casa de su primo James Mosqueda.

Boettcher fue la principal testigo de la fiscalía. La exnovia, quien murió en 2021, testificó que Cantú le dijo que iba a cometer el crimen y luego la llevó al lugar.

Mosqueda y Kitchen fueron asesinados en el dormitorio de su casa el 4 de noviembre de 2000 y sus cuerpos fueron hallados con múltiples heridas de bala.

La organización Amnistía Internacional señaló en un comunicado que persisten dudas sobre “la idoneidad de su representación legal en el juicio” y sobre el testimonio de la testigo clave del estado y las pruebas físicas que parecían corroborar su testimonio.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización no gubernamental estadounidense, durante el juicio “la fiscalía se basó en gran medida en el testimonio de Amy Boettcher”.

La abogada de Cantú, Gena Bunn, y el investigador privado, Matt Duff, sostienen que hubo errores por parte de un abogado defensor que representó a Cantú previamente, dado que no solicitó pruebas de ADN ni de balística, ni tampoco llamó a ningún testigo.

En el argumento final del juicio, uno de los abogados que representaba a Cantú admitió la culpabilidad de su cliente.

Supuestamente Cantú le reconoció que había matado a Mosqueda por haberlo “estafado” en un negocio de drogas y que Kitchen fue asesinada porque se encontraba en el lugar del crimen.

Cantú negó haber realizado esta confesión, pidió interrumpir el juicio y solicitó representarse a sí mismo, pero su petición fue denegada.

“Intentaba robar drogas”

Los fiscales señalaron en su día que Cantú mató a James Mosqueda -quien traficaba drogas ilegales- y a su novia cuando intentaba robar cocaína, marihuana y dinero en efectivo de la casa de su primo.

Condenado a la pena de muerte en 2001, Cantú insistió desde un princiipio en que un narcotraficante rival mató a su primo por una disputa sobre dinero.

Los esfuerzos para retrasar la ejecución de Cantú recibieron el apoyo de líderes religiosos y políticos, además de celebridades como Kim Kardashian y el actor Martin Sheen.

Tres miembros del jurado del juicio de Cantú también pidieron un retraso en la ejecución, diciendo que ahora tienen dudas sobre el caso.

Una petición en MoveOn.org instando al gobernador de Texas, Greg Abbott, a conceder una suspensión de la ejecución atrajo unas 150.000 firmas.

Sin embargo, todos estos ruegos fueron infructuosos.

El fiscal de distrito del condado de Collin, Greg Willis, cuya oficina acusó a Cantú, dijo que las pruebas presentadas en el juicio demostraron la culpabilidad del reo.

“Sigo plenamente convencido de que Iván Cantú asesinó brutalmente a dos víctimas inocentes en el año 2000″, dijo Willis en un comunicado.

Esta semana, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó 7-0 en contra de conmutar la sentencia de muerte de Cantú por una pena menor.

Los miembros también rechazaron conceder un aplazamiento de cuatro meses de la ejecución, que ya fue aplazada en 2012 y en 2023.

La pena capital ha sido abolida en 23 estados de Estados Unidos, mientras que los gobernadores de otros seis (Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee) han suspendido su uso.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.