“La nueva fecha para la ejecución se ha pasado al 13 de enero de 2027”, señala un comunicado del gobernador de Ohio, Mike DeWine, que basa su decisión en “los problemas de la voluntad de los proveedores farmacéuticos para proporcionar drogas al Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio”.

En abril pasado, DeWine ya había pospuesto hasta 2026, por las mismas razones las ejecuciones previstas para agosto, septiembre y octubre de este año. Desde 2018 no se han vuelto a llevar a cabo ejecuciones en el estado.

Un creciente número de empresas farmacéuticas se niegan a fabricar la inyección letal que se administra a los condenados a muerte.

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LaMar, de 54 años, fue condenado a la pena capital por el homicidio de cinco de los 9 compañeros y un guardia que murieron en un motín en abril de 1993 en la cárcel donde ya cumplía una  condena, en un juicio, que según él, estuvo salpicado de irregularidades como la destrucción de pruebas y la ocultación de información exculpatoria.

Este afroamericano que siempre ha negado su culpabilidad en la muerte de ninguno de los reclusos, ha pasado la mayor parte de las tres décadas que lleva aguardando su ejecución en aislamiento en una cárcel de máxima seguridad del estado de Ohio.

“Tres años pueden pasar en un cerrar de ojos, por lo que redoblemos nuestros esfuerzos, energía para resolver hasta el final esta locura de una vez por todas”, dice LaMar en un mensaje enviado a la AFP, en el que agradece a aquellos que le han apoyado que le hayan insuflado “la fe y la creencia de que las mejores cosas son todavía posibles”.

En la cárcel desde los 19 años por el homicidio de un viejo amigo por una disputa de drogas, en la década de 1980, LaMar asegura que tras el motín, las autoridades carcelarias le pidieron que delatara a los responsables, a cambio de una reducción de condena, a lo que se negó.

LaMar, que escribió un libro contando su historia y clamando su inocencia, ha luchado por que se reabra su caso y tenga un juicio justo.

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“Cuando eres pobre, negro en un país racista, somos pobres condenados”, dijo en una entrevista el pasado año a la AFP desde el corredor de la muerte.

En los dos últimos años, su causa ha dado un vuelco. Además de un equipo de abogados que trata de reabrir el caso, un grupo de músicos de jazz- la música que le salvó en los confines de su soledad – libran una campaña para exigir “Justicia para Keith LaMar”.

Desde el teléfono en el corredor de la muerte, LaMar ha grabado un disco con la banda del español Albert Marqués, y ha participado en los numerosos conciertos que han dado en países como España, Francia, Chile y en varias ciudades de Estados Unidos, como uno más del grupo.

“Sigamos pidiendo justicia, estamos casi ahí”, dice LaMar en su mensaje de esperanza.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó la paralización temporal del juicio, que se celebra desde principios de marzo en San Isidro (al norte de la capital, provincia de Buenos Aires), “para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”.

La suspensión, que en su consecuencia más extrema podría derivar en la anulación del juicio actual, tiene que ver con el presunto ingreso de cámaras a las audiencias.

Desde la segunda audiencia está prohibido filmar las instancias judiciales, por lo que la Fiscalía deberá investigar ahora si se violó esta norma y si la magistrada Julieta Makintach tiene algún tipo de relación con el supuesto incumplimiento.

Además, en la audiencia del martes, se presentaron dos pedidos de recusación contra Makintach: uno por la presunta connivencia con los documentalistas y otro por parcialidad. Ambos serán resueltos por el tribunal de tres jueces dentro de una semana.

“Estoy convencida de mi imparcialidad, voy a dar las explicaciones del caso”, aseguró Makintach al finalizar la audiencia.

Las recusaciones fueron presentadas por las defensas de dos de los siete profesionales de la salud que enfrentan este juicio por eventual homicidio con dolo, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, “El Diez” falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, municipio en la provincia de Buenos Aires.

Maradona, ganador del Mundial de México-86 con la selección argentina e ídolo en clubes como el Boca Juniors local, el Nápoles italiano y el FC Barcelona entre otros, murió por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica a la que había sido sometido dos semanas antes.

De ser hallados culpables, los imputados arriesgan entre 8 y 25 años en prisión. Una octava enfermera será procesada en un juicio aparte. Todos defienden su inocencia.

- “Empezar todo de cero” -

Los abogados querellantes, Diego Baudry y Fernando Burlando, presentaron la denuncia pidiendo que se investigue la situación en torno al presunto documental, acusando la posible comisión de varios delitos penales.

Estos serían “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato en caso de haberse afectado el deber de imparcialidad, tráfico de influencias y, eventualmente, cohecho”, sostiene la denuncia a la que accedió la AFP.

Al final de la audiencia de este martes, Makintach expresó su deseo que todas las partes sean informadas de la investigación resultante. “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo.

Y no descartó dejar el tribunal por su propia cuenta. “En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte”, advirtió la jueza.

Las opiniones fueron diversas sobre el futuro del juicio en caso de que Makintach deje su lugar. Entre las opciones se baraja agregar un nuevo juez y continuar como hasta ahora, proseguir con un solo magistrado o retirar a los tres jueces, según comentaron a la AFP varios abogados defensores y querellantes.

Todas las partes compartieron la preocupación de tener que reiniciar el proceso. Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora médica de la internación domiciliaria de Maradona, Nancy Forlini, dijo durante la audiencia que “si se aparta a la doctora Makintach, hay que empezar de cero”.

A lo largo del proceso, en cual hasta ahora declararon más de 40 testigos y una de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

Varios testigos lo describieron como escenario lúgubre para una internación domiciliaria y afirmaron que Maradona era atendido en un cuarto sucio, desordenado y sin equipos médicos adecuados.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

La declaración se produjo después de que el actual presidente Donald Trump se dijera sorprendido el lunes de que el cáncer de su predecesor y adversario político no hubiera sido informada desde “hace tiempo”, lo que avivó las teorías de un encubrimiento.

La oficina de Biden anunció el domingo que el exmandatario de 82 años había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata, que se había extendido a los huesos, poco después de que se le hubiera encontrado un nódulo en la glándula prostática.

“La última prueba PSA (de antígeno prostático específico) conocida del presidente Biden fue en 2014”, dijo un vocero de Biden en un comunicado a enviado a la AFP.

“Antes del viernes, el presidente Biden nunca había sido diagnosticado con cáncer de próstata”, aseguró.

El cáncer de próstata, el más común entre los hombres, puede detectarse en sus primeras etapas mediante análisis de sangre que miden una proteína llamada antígeno prostático específico, o PSA.

Sin embargo, los tests anuales de PSA a partir de los 70 años no se recomiendan para todos los casos. La enfermedad a veces pasa inadvertida o bien se desarrolla rápidamente, según especialistas consultados por la AFP.

Las dudas sobre la salud de Biden lo persiguieron durante su campaña de reelección el año pasado, que terminó abandonando, y se han reavivado en las últimas semanas, antes de la publicación de un libro que detalla lo que se describe como su deterioro físico.

Biden expresó el lunes su gratitud por las muestras de “amor y apoyo” recibidas tras el diagnóstico.

Fuente: AFP

El felino, que llevaba pequeños paquetes con 235 gramos de marihuana y 67 gramos de crack (piedra de cocaína) fijados con tela adhesiva, fue atrapado en el muro perimetral de la prisión del cantón caribeño de Pococí, según el Ministerio de Justicia.

Los “agentes de la Policía Penitenciaria de la cárcel de Pococí lograron rescatar a un gatito que traía pegado en su cuerpo dos paquetes con droga”, indicó esa cartera en un comunicado.

Un video compartido por el ministerio muestra a un guardia encaramado en la reja para atrapar al gato de color blanco con manchas negras.

Luego se ve al pequeño animal sobre una mesa de la prisión, donde los vigilantes le retiran los paquetes con la droga.

“Gracias a las rápidas acciones” de los guardias “se logró atrapar al felino y quitarle los paquetes, evitando así que estos llegaran” a los presos, dijo el ministerio.