Óscar Germán Latorre visitó esta mañana los estudios de la 970 AM y habló sobre el caso de la quema del Congreso, que aún sigue su curso en el ámbito penal.

En tal sentido, indicó que cuando un proceso penal pretende ser llevado no a través de los mecanismos legales establecidos, sino que directamente se traslada a los medios de comunicación, definitivamente “se desnaturaliza”.

A su criterio, la Fiscalía está “aplazada” en el caso de la quema del Congreso, considerando que los actos vandálicos cometidos en aquel entonces configuran como una “coacción a órganos constitucionales”, teniendo una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel.

Latorre cuestionó el hecho de que hasta ahora no solamente no se imputó a los principales responsables de aquel incidente, sino que también los instigadores de la quema siguen en libertad “dictando cátedras de ética y moral y dándose el lujo de tratar de distorsionar la verdad de lo ocurrido con la actitud cómplice de jueces y fiscales”.

“Hoy en día, ¿quién se acuerda de la quema del Congreso?, todo el debate se centra en lo ocurrido en el local del PLRA. Los periodistas hablan de que hubo un allanamiento sin orden judicial, dicen que hubo un atraco, pero el único atraco fue el del Congreso porque el ingreso al local del PLRA fue en estado de flagrancia. Había situaciones y presupuestos que autorizaban plenamente a la Policía a ingresar al local”, manifestó el exfiscal general.

El actual defensor del Crio. Tomás Paredes Palma sostuvo que el tema de la quema del Congreso y la muerte de Rodrigo Quintana “son simplemente demostraciones palpables de cómo se maneja la justicia y cómo algunos medios controlan la marcha de esos procesos”.

Asimismo, sostuvo que el cruzamiento de registros de llamadas de aquel 31 de marzo no va a probar absolutamente nada, tal y como sostienen dirigentes de la oposición al mencionar un supuesto plan de varias autoridades del gobierno para ingresar al PLRA. Sobre este punto, dijo que es lógico que el presidente Horacio Cartes se haya comunicado con otras autoridades del área de seguridad teniendo en cuenta los incidentes que se estaban registrando en ese momento.

Latorre confirmó que posee información de que la Fiscalía pretende “lavarse la cara” imputando a personas que nada tienen que ver con el caso de la quema del Congreso, sin tener evidencia alguna y “solo para vender una imagen que tienda a tapar la decadencia que existe allí”.

“Es una institución donde el principio de la legalidad no existe, donde la seguridad jurídica desapareció por completo y donde el más criminal puede salir el libertad. El que no tiene vela en el entierro, ya sea porque el delito no existió o porque no es responsable del mismo, corre el riesgo de terminar preso. Esa es nuestra Fiscalía”, puntualizó.

Finalmente, pidió que el Ministerio Público impute a quienes deba imputar por los “hechos que hasta ahora pasaron desapercibidos”, mencionando a quienes cometieron actos vandálicos durante la quema del Congreso o actuaron como instigadores.

La instalación se llevó a cabo conjuntamente entre el Hospital Regional que invirtió para la mano de obra, el Instituto Nacional de Nefrología, que brinda los insumos y el catéter para los pacientes, y la empresa Index SACI, que proveyó de pinturas, mamparas y otros equipamientos para adecuar la sala.

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La diálisis es un tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica y les brinda la oportunidad de utilizar esta opción, colocación de catéter, si reúnen las condiciones, según criterio médico, lo que a su vez les permite mejorar su calidad de vida.

El Dr. Emilio Cabrera, especialista en cirugía mínimamente invasiva, instruyó a los cirujanos del Hospital Regional de Paraguarí en la colocación del catéter de diálisis peritoneal.

El evento contó con la participación de la directora de la IX Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba; Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí; Dr. Ernesto Wasmosy, presidente de Index SACI; Dra. Natalia Wasmuth, jefa de díalisis peritoneal del Instituto de Previsión Social y del Instituto Nacional de Nefrología; Lic. Marisa Lezcano, jefa de docencia del Instituto Nacional de Nefrología; Mgter. Deisy Benítez, jefa de enfermería de la IX Región Sanitaria; Sr. Modesto Arce, representante de la Gobernación de Paraguarí.

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Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.