Aníbal Cabrera Verón, titular del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, en conversación con radio 730 AM, indicó que Santiago Peña, precandidato a Presidente, figura en el padrón.

“Su candidatura puede ser sometida a la jurisdicción del tribunal electoral, ahora no queremos emitir opiniones al respecto. Estamos en un periodo de tachas y reclamos de acuerdo a los afiliados. Puede surgir, pero no quiero prejuzgar”, indicó con relación a la posibilidad de impugnarse la postulación.

Refirió que el Estatuto del Partido Colorado estable que una persona debe contar con un año de antigüedad para ser postulada para la diligencia dentro de la nucleación. Prefirió no detallar hasta qué fecha se permite realizar ese conteo.

“Acá debe juzgarse no solo el estatuto, sino que el reglamento electoral y el código electoral. Los tres determinan toda la parte electoral de nuestro partido y del país”, dijo.

En ese sentido, el Estatuto Partidario (convención extraordinaria del 15 de enero del 2011) resalta en su Art. 110 que los candidatos del partido para postular a presidente deben tener por lo menos un año de antigüedad como afiliado y que se cumpla con el art. 23, que también menciona que para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere tener un año de antigüedad como afiliado.

El reglamento electoral, resolución del TEP Nº 758/2012 del 2 de julio del 2012, establece en su artículo 19 que para ser candidato a miembro de la Junta de Gobierno se requiere de una antigüedad de un año como afiliado, como mínimo a contar desde el día señalado para los comicios.

Santiago Peña se afilió a la ANR el 9 de noviembre del 2016 y desde esa fecha faltaban 402 días para las elecciones internas del partido colorado, previstas para el 17 de diciembre del 2017, por lo que no habría motivos para ser impugnado.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.