En entrevista con Universo 970 AM y el canal GEN, la mujer -cuya identidad se prefirió mantener en reserva- comentó que hace casi un mes ella y los demás integrantes de su familia se contagiaron de coronavirus luego de que su pareja haya contraído la enfermedad en el trabajo.

Luego de presentar los primeros síntomas, el hombre decidió acudir al sanatorio para hacerse el chequeo. Viendo que solo tenía fiebre y dolor de espalda, los médicos le dijeron que tome paracetamol y que guarde reposo en su casa pues consideraron que se trataba de un caso de dengue.

A partir de allí -cuenta la mujer-, su pareja decidió aislarse del resto de la familia en una habitación separada, cumpliendo con todas las medidas sanitarias de rigor por si realmente se trataba de un caso de COVID-19.

Tres días después, su hija también empezó a tener fiebre y un poco de tos, lo cual encendió las alarmas. En ese momento, la madre se puso en contacto con su pediatra de cabecera, quien le dijo que podría tratarse de una gripe y que no era aconsejable exponer a la menor llevándola al sanatorio, por lo que permaneció encerrada en la vivienda unos días hasta finalmente lograr recuperar la salud.

Habiendo pasado unos días de aquel episodio, le tocó el turno a la madre de la familia, quien también presentó fiebre y tos seca, lo cual se vio agravado por su cuadro de asma, enfermedad de base que la aqueja hace varios años.

Según cuenta la mujer, durante todo ese tiempo se comunicaron al 154 del Ministerio de Salud para notificar y reportar sobre sus síntomas, pero sin recibir mucha ayuda. “Nos atendieron y la recomendación fue que nos quedemos en casa aislados y si los síntomas eran graves que acudamos a un centro asistencial”, mencionó.

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Tras agravarse el panorama, decidió acudir al sanatorio privado del cual es asegurada para hacerse los chequeos de rigor y determinar cuál era su problema. Una vez allí, la medicación inicial fue oseltamivir por si era influenza y hidroxicloroquina con azitromicina por si se trataba de un caso de coronavirus, esto sin siquiera ser sometida a la prueba para confirmar o descartar su cuadro.

En total transcurrieron ocho días desde que hicieron la primera llamada (cuando su pareja presentó los primeros síntomas) hasta que finalmente fue internada. En ninguno de esos días ni siquiera le recomendaron someterse al test para coronavirus, cuestionó.

El momento en el que tuvo sospechas de que podría tratarse de un caso positivo de COVID-19 fue cuando su pareja le envió una información confirmándole que el auditor que había estado en su empresa tiempo atrás había sido internado por coronavirus. Posteriormente, dio aviso sobre esta situación al médico que la atendía en el sanatorio y éste le dice que, antes de llegar a esta instancia, primero había que hacerle un “panel respiratorio” para descartar cualquier tipo de afección respiratoria.

En ese momento y ante la visible negativa del médico, la mujer insistió para que éste haga todo lo posible para practicarle el test de COVID-19, a lo cual el galeno finalmente accedió, aclarándole que los costos de la prueba, a ser realizada en un laboratorio privado, quedaban bajo su responsabilidad.

“El lunes se me hizo la prueba y el martes, ya sin síntomas, salí de alta, ahí recibí el resultado que era positivo, entonces el médico me llama y me avisa”, recordó la mujer, quien al enterarse que había sido contagiada del coronavirus pidió que también se haga el test a su pareja para confirmar o descartar si él también padecía de la enfermedad.

Luego de tantas idas y vueltas y ya con la confirmación de su cuadro clínico, funcionarios del Ministerio de Salud finalmente acudieron a su domicilio para volver a hacerle otra segunda prueba, pero sin incluir a su hija, quien había tenido síntomas leves y que luego volvió a recuperarse.

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Respecto al video que tomó estado público días atrás y en el que se ve el momento en el que es increpada en su propio domicilio por la fiscal Teresa Sosa, la paciente aclaró que en ese momento se había sentido muy nerviosa por un ataque de asma que sufrió momentos antes. Así también, aclaró que no fue al supermercado, tal y como se mencionó en principio, sino que fue hasta el sanatorio para hacerse su control. “Entiendo su trabajo, sé que hay mucha gente irresponsable pero con las condiciones que ya fuimos haciendo y la colaboración que tuvimos para con el Ministerio (de Salud), me pareció un atropello lo que sucedió”.

Cuestionó el hecho de que se hayan malinterpretado y sacado de contexto sus expresiones (la frase “nosotros también tenemos hambre” que se escucha en la filmación) ya que eso dio pie a todo el rumor de su supuesta ida al supermercado. De igual manera, repudió la labor de la Policía Nacional que, sin siquiera haber ingresado a su vivienda, tomó todos los datos de su vehículo y de la casa para hacer el memorándum, haciendo figurar que se llevó a cabo un allanamiento.

La mujer contó a la 970 AM y el canal GEN que en estos momentos su familia se encuentra en mejores condiciones de salud, luego de las múltiples dificultades que debieron atravesar tras padecer de COVID-19.

Reveló que ellos fueron perjudicados en muchos aspectos por toda esta situación y que “la discriminación y el ataque” son peores inclusive que la propia enfermedad. Incluso, admitió que suelen recibir amenazas y pedidos de otras personas que “se los queme vivos, se los lleve del barrio o que se los tenga en un lugar apartado”. “Para el mundo entero somos personas irresponsables”, acotó.

“El acoso es peor que el virus. Es peor tener ese acoso que no podés dormir porque no sabés si te van a tirar un balde con combustible y prender tu casa, es insostenible”, afirmó la mujer.

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Finalmente, recomendó que se hagan más pruebas de COVID-19 para saber cuántas personas en realidad padecen el virus ya que existe el riesgo de un contagio masivo sin que las autoridades tengan noción de ello. Así también, destacó el trabajo que viene realizando el Ministerio Público para controlar el cumplimiento de la cuarentena, sobre todo en lo que respecta a las denuncias falsas.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.