La licitación y posterior compra de los alimentos tiene un proceso lento y hay lugares donde la necesidad ya es desesperante, indicó a Ñanduti, Hugo Fleitas, Gobernador de Cordillera

En ese sentido, el Gobernador menciona la propuesta de dar dinero en efectivo para que cada familia disponga su uso, dependiendo a sus necesidades.

“El mecanismo más rápido es transferir en efectivo a las familias vulnerables de la lista que dispongamos. Esta situación es mucho más compleja. Se tiene que ver la manera más eficaz para ayudar a las personas”, señaló

Con respecto a ese tema, se pretende conformar una mesa interinstitucional para debatir la iniciativa en los departamentos del país, donde estarán a Cruz Roja, los bomberos, las iglesias, entre otros. No obstante, el objetivo principal es la de evitar la aglomeración de personas cuando vayan a buscar el kits, incluso resaltó que pueden acercarse personas que no figuren en la lista de beneficiarios.

“Hay muy malas experiencias con ayuda de este tipo y queremos evitar. Estamos de acuerdo entre todos”, sostuvo.

Por otra parte, analistas de Cadep y el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda, también están de acuerdo con beneficiar a las familias con subsidio económicos y así transparentar la distribución del dinero.

Estamos en comunicación con gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas. @PelusaRubin @wilianDominguez #HoraPico #1020AM pic.twitter.com/1W2DoLton1

— Radio Ñandutí (@nanduti) March 24, 2020

Junto con Bernabé Peralta, los miembros Juan Arístides Amarilla, René Medina, Luis Alberto Caballero, Venancio Díaz y Viviana Brioschi fueron acusados por la fiscal Luján Estigarribia por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y cobro indebido de honorarios.

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Los mismos supuestamente se autoasignaron remuneraciones elevadas a pocos meses de asumir como directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Según el Ministerio Público, el perjuicio patrimonial fue de más de G. 2.000 millones desde el 2020 hasta el 2023.

Se aguarda la fecha para la audiencia de imposición de medidas que deberá ser fijada por el juez Humberto Otazú.

La Caja Municipal enfrentó una serie de crisis ante la exorbitante deuda de los diferentes municipios del país. Al menos 174 comunas se encuentran en falta con la mencionada institución y esto también representa un perjuicio de alrededor de G. 130.000 millones.

Todas estas situaciones resultaron sospechosas y llamaron la atención de todos los jubilados quienes se manifestaron exigiendo respuestas. También, la Cámara de Diputados pidió la inmediata intervención.

En mayo pasado se produjo un llamativo incendio en uno de los pisos de la Caja y todo apuntaba a que se trataba de una “quema de archivo”.

Finalmente, un funcionario fue detenido luego de ser visto en imágenes del circuito cerrado recorriendo el edificio el día y la hora del siniestro. Confirmó que “fue contratado por alguien”.

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“¡Trabajando juntos abrimos nuevas puertas para el desarrollo del Paraguay!”, escribió el presidente Santiago Peña a través de sus redes sociales, sobre la reunión mantenida este martes con Per Olofsson, presidente de Paracel S.A.

La reunión se centró sobre el cronograma e inicio de la construcción de la mayor industria papelera de la región, así como de los programas de reforestación de hectáreas plantadas, la mejora de la hidrovía para exportaciones y acuerdos de venta de créditos de carbono con Singapur y otras áreas estratégicas.

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“Celebramos esta gran apuesta por el país y su gente”, añadió el mandatario.

Cabe mencionar que Per Olofsson es cofundador de Paracel, del Grupo Zapag.

La jueza de Instrucción Militar, Cynthia Vera Riveros ordenó la prisión argumentando que faltaron a los reglamentos internos como responsables de la disciplina y cuidado del personal subalterno.

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Los oficiales son el capitán José Luis Mieres Brítez, los tenientes Esteban Sánchez Meza y Derlis Alcides Ríos Cáceres, quienes se desempeñaban como comandante de Compañía, comandante de Pelotón y oficial de Semana, respectivamente, ahora serán remitidos al penal de Viñas Cue.

Esta medida fue tomada luego de la agresión que sufrió un cadete del segundo año de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López (Academil), Ángel González (20), a quien se le extirpó su bazo debido a los golpes.

El joven sufrió un desmayo durante una actividad física de rutina y tuvo que ser ingresado a terapia intensiva en el Hospital Militar.

El supuesto agresor, Matías Paredes del cuarto año, ya fue remido días atrás a la cárcel militar de Viñas Cué, con prisión preventiva dictada por la Justicia Militar.

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