Los pobladores que viven en las cercanías de la frontera en Ciudad del Este, repudian el hecho de que los comerciantes del mercado de abasto hayan subido de forma abrupta los precios de todos los productos de primera necesidad que conforman la canasta básica familiar.

La situación se dio en el momento en que el Gobierno daba a conocer esta nueva medida del cierre del paso fronterizo con Brasil, por lo que acusan a los vendedores de ser “oportunistas”.

Los productos que sufrieron la disparada de precio son: zanahoria a gs. 20mil, tomate a gs 10mil, cebolla 8mil y papa gs 6mil el kilo.

Asimismo, también el azúcar de 5kg cuesta gs 22mil y la plancha de huevos a gs 33mil. Los habitantes cuestionan esta subida ya que las mercaderías pueden ser ingresados con normalidad.

La entidad Itaipú, al ser de carácter binacional, distribuye su energía en un 50 % para cada socio propietario. Sin embargo, al ser Paraguay un país que no tiene la necesidad ni la capacidad de retirar el 100 % que le pertenece, Brasil está obligado a absorber el porcentaje restante, pagando un precio en concepto de compensación de energía, no de compra.

Dentro del acuerdo de entendimiento firmado ayer entre Brasil y Paraguay, no solamente se estableció la nueva tarifa de USD 19,28 que regirá por tres años, también otros aspectos de interés para ambos, entre ellos, la habilitación a nuestro país para vender su excedente.

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“A partir de ahora ya podemos, en breve vamos a comenzar a ofertar la energía de Acaray, se puede ofertar al mercado eléctrico brasileño”, explicó el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, durante su visita al canal Gen-Nación Media.

Por ahora, la exclusividad la mantendrá Brasil, pero respecto a la posibilidad de ventas a otros países de la región, Sosa indicó que estas ventanas pueden abrirse durante la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

Durante esas negociaciones se verá la necesidad, si amerita o no, de modificar el tratado para dar luz verde a la comercialización a otros mercados.

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La denuncia que dio pie a la intervención fiscal la hizo el titular de la administración estatal, Félix Sosa. Menciona que son más de 3.300 metros de cables especiales, cuyo costo en el mercado es de 7.300 mil millones de guaraníes (1 millón de dólares).

La manera en que se apropiaban de los cables, era a través de pedidos formales para realizar tendidos y reparaciones en la ciudad de Limpio, y otras localidades. Una auditoría interna de la Ande, sin embargo, detectó que los trabajos en cuestión no se realizaban, y “desaparecían”.

“Estos funcionarios confeccionaban formularios para justificar la utilización, luego se apropiaban y la sospecha es que esos cables tenían un destino diferente”, dijo el fiscal Silvio Corbeta, quien abrió expediente al respecto.

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El mismo sostuvo que hasta ahora no se tiene daros acerca de los que compraban los materiales robados.

“Estas ventas son realizadas en negro y es más difícil realizar una trazabilidad porque no quedan registros. No me aventuraría a decir con seguridad si es que logramos llegar, salvo que algunos de los funcionarios nos digan y deseen colaborar con el Ministerio Público”, expresó el fiscal Corbeta.

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A través de un comunicado divulgado este viernes, la UIP se hizo eco del reciente anuncio del Gobierno Nacional respecto a la fijación de una nueva tarifa de Itaipú Binacional.

Sobre el punto, el gremio de empresarios e industriales celebró este histórico acuerdo obtenido entre Paraguay y Brasil, expresando sus felicitaciones al equipo negociador “y a quienes, con entrega y convicción, han trabajado en el proceso”.

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Asimismo, afirma que para Paraguay, una nación que debe encaminarse hacia un modelo industrializador, este acuerdo representa “un reinicio a posibilidades y oportunidades”, marcando un nuevo capítulo tras 50 años de la concepción de esa grandiosa obra de ingeniería.

“Este logro trasciende lo diplomático, político y comercial: es, desde nuestra expectativa, una nueva oportunidad que no debemos desaprovechar, un llamado a la unidad, a superar las divisiones y alinear nuestras metas mirando el bien común y el bienestar compartido”, menciona el texto.

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De igual manera, la UIP sostiene que transformando nuestra energía en la industria manufacturera no solo se logrará mejorar nuestra economía, sino también se elevará la calidad de vida de los paraguayos. Por ello, solicitan al gobierno priorizar las inversiones en materia de infraestructura eléctrica.

“Estamos en un momento decisivo, el camino está trazado y ahora todo depende de nuestro espíritu, nuestra iniciativa y nuestra capacidad, para forjar consensos, con el bienestar común como estandarte”, sentencia el comunicado.