Los miembros del equipo negociador paraguayo, para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, son José Antonio Dos Santos, representante de la Cancillería; Luis Villordo, titular de la ANDE; Héctor Richer, designado por la Presidencia; y Arnoldo Wiens, titular del MOPC.

Todos estos deberán responder ante el canciller Antonio Rivas, quien es el coordinador del equipo negociador y además será el representante directo del Estado paraguayo en la mesa con los brasileños. Esta autoridad acordará con el presidente Mario Abdo Benítez cuál será la postura del Paraguay ante el Brasil durante las negociaciones de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú Binacional.

A su vez, el equipo negociador tendrá cuatro grupos que lo ayudarán en las cuestiones técnicas, económicas, comerciales y jurídicas.

El grupo técnico está compuesto por Ubaldo Fernández, gerente técnico y representante de la ANDE; Federico González, designado por la Cancillería; Felipe Mitjans, por Viceministerio de Minas y Energía (VMME); Luis Valdez, por Itaipú; y Leopoldo Lamas, enviado por la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip).

El grupo comercial está coordinado por Francisco Escudero (ANDE) e integrado por Raúl Cano (Relaciones Exteriores), Carlos Zaldívar (Minas y Energía) y Carlos Domínguez (Itaipú).

En el grupo económico están Adolfo Ozúna (Hacienda), Didier Olmedo (Relaciones Exteriores), Pedro Mancuello (MIC), Gilda Arréllaga (Minas y Energía), José Cantero (BCP), Carlos Pereira (Planificación), Ingridt Candia (ANDE) y Miguel Gómez (Itaipú).

Por último, el grupo jurídico se encuentra integrado por Julio Duarte (Relaciones Exteriores), Lorena Balbuena (Minas y Energía), Jorge Granada (ANDE), Iris Mendoza (Itaipú) y Sergio Coscia (Procuraduría).

Este equipo negociador ya tuvo sus primeros encuentros, en Palacio de López y sede de la ANDE, en los días anteriores. El objetivo fue hacer la presentación oficial del organismo y analizar el escenario que se avecina para el Estado en el marco de las conversaciones con Brasil.

El ministro Rivas informó que los equipos de trabajo ya están totalmente integrados, cada uno se encargará de su tema y tendrán reuniones en distintas instituciones.

“Lo que se presentó fue un cronograma de actividades que se va desarrollar en breve y que se inicia ya a partir de este viernes con reuniones de los distintos grupos de trabajo. Habrá una reunión periódica para empezar a analizar las políticas y estrategias que se tendrán en cuenta en el grupo negociador para la futura revisión del Anexo C”, explicó el canciller.

El diplomático informó también que, una vez que Brasil tenga conformado su grupo de trabajo, se revisará entre cancilleres para establecer una fecha de inicio de reuniones conjuntas.

“Paraguay ya comienza su trabajo, porque necesitamos analizar muchas variables de los temas que están dentro de la agenda de la revisión del Anexo C. Y en ese marco hemos decidido ya analizar todos los puntos que son necesarios para nosotros. El objetivo es poder iniciar lo más pronto posible; para que a mitad del 2021, podamos tener ya resultados de la revisión del Anexo C”, comentó.

Por su parte, el ingeniero Luis Villordo; presidente de la ANDE informó que la Comisión Asesora, será la receptora de todas las propuestas que puedan venir de los entes, de las agremiaciones y de la sociedad en general.

Está previsto que el experto asesor en temas energéticos, el economista norteamericano Jeffrey Sachs, mantenga una reunión con esta comisión asesora.

Un accidente de tránsito se registró el sábado pasado, en horas de la noche, sobre la ruta Py 07, en inmediaciones de la Hidroeléctrica Acaray de la ciudad de Hernandarias. Tras la llamada al sistema 911, los agentes policiales se constituyeron en el sitio.

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La afectada, Yanina Alexandra Wrigt Pereira, de 25 años, indicó a los uniformados que circulaba sobre la mencionada ruta a bordo de su automóvil Toyota IST, chapa CFJ 631, cuando a la altura del km 4, perdió el control del rodado luego de cambiar de carril izquierdo a derecho. Eso provocó que saliera del asfalto y volcara aparatosamente.

Los intervinientes examinaron el lugar y encontraron el automóvil a unos diez metros de la ruta. En tanto, la joven no sufrió heridas de consideración, no obstante, fue trasladada hasta un centro asistencial para un mejor diagnostico médico a fin de descartar cualquier tipo de lesión interna.

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El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley N° 7.018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.

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El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7.018, comenzamos el plan de reconversión del hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.

Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.

Una de las claves de este nuevo enfoque es la orientación hacia servicios ambulatorios y el fortalecimiento de los lazos sociales. Según lo establecido en la Ley N° 7018, “se busca promover un abordaje interdisciplinario e intersectorial, priorizando la atención primaria de la salud. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, como parte de un modelo desconcentrado de atención en salud mental”.

Además, implementó un sistema de coordinación para dirigir a los pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia. Para el efecto, se utiliza el Directorio de Salud Mental, que cuenta con el listado profesionales en salud mental que brindan atención en el sector público.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita en el servicio de salud más cercano a su domicilio”, afirmó el Dr. Buggenthin.

Estos cambios, que se han evidenciado desde principios de este año, marcan un importante paso en la atención descentralizada de la salud mental en el país.

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Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Los cuadros de salarios de Peña y Boidanich fueron filtrados del “corazón” de la Seprelad. Un correo interno prueba que la planilla fue incorporada luego al informe de inteligencia contra Cartes

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política era cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

EN MANOS DE LA CORTE

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.