Procesados e investigados: la larga lista del Parlamento con mochila de sospechosos

El diputado Ulises Quintana recusó a la jueza Alicia Pedrozo y evitó la audiencia en la que debía resolverse su regreso o no a prisión, todo esto en el marco de una causa que tiene por supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. La imputación de la Fiscalía por estos hechos punibles surgen en el marco del sonado Operativo Berilo y lo acusan de formar parte de un esquema del presunto narcotraficante Reinaldo Cabaña, alias “Cucho”.

Quintana encabeza actualmente la larga lista de legisladores bajo lupa de la justicia. El mismo pasó 10 meses en la prisión de Viñas Cue, y su temporal puesta en libertad se vio envuelta en un escándalo judicial, por los argumentos legales de poca consistencia, según opinión mayoritaria de juristas. El propio ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio opinó que “no es común” que procesados por narcotráfico y delitos conexos se enfrente con libertad ambulatoria.

Otro de la lista es el expresidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. La Fiscalía descubrió un perjuicio aproximado de G. 1.700.000 millones y detectó un total de 14 inmuebles que pertenecen al legislador, tras acceder a su declaración jurada de bienes.

El senador con permiso y actual ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, tiene varias “joyitas” en su haber. Desde la no presentación de su declaración jurada de bienes hasta formar parte del esquema de coimas del Indert. La Contraloría General de la República abrió un sumario contra el titular del MAG por incumplimiento de la presentación de su declaración y de acuerdo con publicaciones periodísticas, no sería la primera vez que “ningunea” a la CGR, ya que una situación similar se dio cuando dejó su cargo en la Gobernación del Guairá.

La familia Zacarías Irún se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía desde el año pasado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Los diputados Justo Zacarías y Rocío Abed forman parte de esta investigación del Ministerio Público. Según la acusaxión fiscal, ambos formarían parte del esquema de empresas encargadas de lavar activos. Por otro lado, el senador Javier Zacarías también está imputado por declaración falsa, ya que habría omitido algunos de sus bienes y cuentas en su declaración jurada.

El diputado colorado Tomás Rivas tiene una causa por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Este proceso es en el marco del caso de los caseros de oro. Rivas habría utilizado fondos del Estado para pagar a sus empleados particulares.

El liberal Carlos Portillo está imputado por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado. El diputado aparece en uno de los audios filtrados del JEM donde se lo escucha conversando con una funcionaria judicial, a quien amenaza con frenar su ascenso mediante sus influencias, si no le concede un favor.

El parlasuriano del PLRA Milciades Duré está implicado en un supuesto negociado en la compra de 5.000 hectáreas de tierras de San Agustín SA, empresa vinculada a Jorge Oviedo Matto. Se habla de un desfalco de G. 48.000 millones que se dio en el Indert durante la gestión de Luis Ortigoza. Duré está imputado por lesión de confianza.

El diputado Teófilo Espínola (PLRA) está procesado por lesión de confianza, tras una investigación de una presunta sobrefacturación en la construcción de sedes del Ministerio de la Defensa Pública, en ese entonces a cargo de Noyme Yore. La Cámara de Diputados le otorgó su desafuero para que pueda afrontar el proceso judicial.

Enzo Cardozo fue acusado de desviar fondos durante su gestión como ministro de Agricultura. El perjuicio es de G. 59.552.639.175. Esta malversación le valió una imputación por lesión de confianza y estafa. En este caso, estarían implicados el exministro Rody Godoy y otros 19 funcionarios.

LOS BLANQUEADOS

Son dos los parlamentarios que consiguieron el sobreseimiento en sus causas. El primero fue el diputado Carlos Núñez Salinas quien estuvo imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos. De acuerdo con la investigación que había encabezado la Fiscalía, la empresa Intercom Ingeniería SA, propiedad del legislador, había declarado la importación de 111 ruteadores por la suma de US$ 17.600, pero luego se detectó que ingresaron al país decodificadores de televisión valorados en US$ 1.026.000.

El otro legislador sobreseído es Enrique Salyn Buzarquis. El senador liberal tenía un proceso por usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, ya que cuando era ministro del MOPC, firmó un convenio con la empresa italiana Anas. En el mismo, compro­metió US$ 600.000 de los recursos del Estado sin autorización de la Presidencia. El sobreseimiento se dio por prescripción de la causa.

Nakayama se desmarca de discurso anticolorado de Efraín y explica derrotas

El senador Eduardo Nakayama asegura que nunca estuvo de acuerdo con el discurso de “ANR nunca más”, promovido principalmente por Efraín Alegre en todos los comicios.

Si bien Eduardo Nakayama renunció al PLRA el 29 de noviembre pasado, aun así, se considera liberal y pide que lo sigan identificando de esa manera. En ese marco reflexionó sobre el desempeño de la nucleación azul en las urnas y sobre factores que pudieron incidir en el fracaso.

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“Ese discurso anticartista y ANR nunca más, con el cual yo nunca estuve de acuerdo, era el discurso que llevaba principalmente Efraín Alegre”, recordó Nakayama, durante una entrevista con la emisora 730 AM.

Para el senador sin partido, narrativas como estas son negativas principalmente en Asunción. Como prueba de ello trajo a colación que Alegre perdió por 60.000 votos en la Capital durante las elecciones del 2018, de los 90.000 posibles.

Una de las críticas que se hace a la oposición es que, en lugar de presentar propuestas de interés público para solucionar los problemas de la gente, antes bien, prefieren levantar la bandera del “anti”, pidiendo votos con el fin principal de que el Partido Colorado salga del poder, y no con el objetivo de llegar al Gobierno para nuevas políticas públicas.

En los últimos 15 años, equivalentes a tres elecciones consecutivas, el Partido Liberal tuvo como candidato presidencial a Efraín Alegre, con una derrota en el 100 % de sus presentaciones.

Esto llevó a la nucleación centenaria a destituir a Efraín de la titularidad del PLRA, durante una convención realizada el 6 de agosto pasado en el Rowing Club. Desde entonces, asumió el vice Hugo Fleitas.

Sin embargo, los problemas no se acabaron allí, pues Alegre dejó sumido en deudas al partido, con una serie de demandas, procesos de remates de bienes y con enormes incógnitas sobre el uso del dinero partidario.

En cuanto a Fleitas, su gestión tampoco permitió avanzar hacia una unidad liberal, pues, aun así, distintas facciones azules lo son, Celeste Amarilla y Dionisio Amarilla, cuestionan la figura de Fleitas y ponen en duda su capacidad política, además de recordar que no fue electo para ser presidente del PLRA.

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PLRA: deudas (US$ 8 millones), demandas, remates y nuevo movimiento

Ocho millones de dólares en concepto de deudas, inmuebles rematados por créditos impagos, destino incierto de subsidios partidarios, sobrefacturaciones en compras de combustibles, constituyen algunos de los rubros que llevaron al PLRA a un estado financiero catastrófico.

Sobre este escenario problemático, en la principal fuerza de la oposición surge la pregunta de, ¿dónde está Efraín Alegre? La interrogante se levanta en momentos en que la golpeada nucleación azul, tantea soluciones al problema en que está sumida.

En medio de este escenario, uno de los que prematuramente está movilizando su proyecto para hegemonizar el aparato liberal, es el gobernador Ricardo Estigarribia, quien anunció el lanzamiento de su movimiento “Nuevo Liberalismo”, el fin de semana pasado.

Señaló que, la base dirigencial de su movimiento está integrada por parlamentarios azules de diputados, senadores, dos gobernadores (el mismo y el de Itapúa, Francisco Pereira), 50 intendentes municipales y 170 concejales.

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Estigarribia admite que el partido opositor está ausente de planteamientos y debates de temas que interesan a la ciudadanía. “Nuestro proyecto apunta a poner de vuelta al PLRA en el debate y propuestas de grandes temas nacionales”, dijo Estigarribia, en conversación con periodistas.

El primer escalón al que aspira el nuevo movimiento, se descuenta que serán las municipales del 2026, y automáticamente después las presidenciales del 2028.

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“El Gobierno anterior no negoció, se bajó el pantalón”

Para el senador Gustavo Leite, la tarifa acordad en Itaipú representa un logro, considerando el escenario que dejó la administración de Mario Abdo Benítez, la cual, a su entender, “se bajó los pantalones”.

Dadas las circunstancias que heredó este Gobierno, de un gobierno anterior que debía haber iniciado las negociaciones por lo menos en el 2021, ha sido un logro extraordinario lo acordado por Paraguay y Brasil en Itaipú, según el exministro de Industria y actual senador, Gustavo Leite.

A su criterio, Paraguay había comenzado el partido en desventaja ante la inacción de Abdo Benítez, que permitió el avance de Brasil y la inclinación de la cancha a su favor al tomar la iniciativa de bajar la tarifa.

En términos futbolísticos, Paraguay dio vuelta el partido en tres minutos y logró desnivelar el marcador a su favor, pese a venir perdiendo durante gran parte del primero y del segundo tiempo.

“El Gobierno anterior no negoció, el Gobierno anterior se bajó el pantalón a cambio de que Brasil no le diga nada por los robos, entonces, en ese proceso perdimos todos”, opinó el legislador.

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Al margen del resultado obtenido para los próximos tres años, consideró que lo más destacable es el uso que se dará a ese dinero que recibirá Paraguay.

Paraguay firmó un histórico acuerdo con Brasil, mediante la definición de una tarifa de USD 19,28 por tres años (2024,2025y 2026). Este valor implica que Paraguay recibirá 280 millones dólares en concepto de royalties, 650 millones dólares en inversión social, 265 millones dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital y otros. Esto hace un total de 1.250 millones de dólares por año y 3.750 millones en tres años.