En nuestro país son miles las personas que se encuentran desempleadas y se encuentra en una búsqueda permanente de algún puesto laboral.

Si bien constantemente se realizan ferias de empleo (organizadas en su mayoría por el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Empleo), de igual manera la demanda sigue siendo muy alta y, por ende, las convocatorias no logran dar abasto.

A todo esto se le suma el hecho de que, al momento de buscar perfiles para ocupar alguna vacancia, varias empresas revisan el historial de los postulantes en Informconf, de manera a determinar si cuentan o no con alguna deuda impaga.

Es bien sabido que las personas cuyos nombres aparecen en la “lista negra” generalmente son descartadas para acceder a un puesto de trabajo, solo por el simple hecho de que poseen alguna cuenta que sigue sin ser saldada (a veces hasta por montos ínfimos) y sin que sea tenida en cuenta su experiencia o idoneidad.

Enrique López Arce, titular de la Dirección General del Empleo, en entrevista con Telefuturo confirmó que, para tratar de revertir esta situación, lograron llegar a un acuerdo con la firma Equifax (actual propietaria de Informconf) para que ninguna empresa dedicada a la selección de personal acceda a datos relacionados a la morosidad de los postulantes.

Según explicó, el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y esta empresa proveedora de información crediticia básicamente contempla que ningún área o departamento que tenga la descripción de recursos humanos logre tener acceso a la faja de aquellas personas que están en búsqueda de un trabajo.

Cabe recordar que actualmente se encuentra en estudio en el Congreso un proyecto de ley que pretende modificar la Ley N°1682/2001 “Que reglamenta la información de carácter privado” y que tiene como principal objetivo el proteger a aquellas personas que buscan un puesto de trabajo y poseen algún antecedente desfavorable en Informconf.

Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.

El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.

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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.

La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.

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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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