Parte del informe de la auditoría médica realizada por la Superintendencia de Salud al sanatorio Migone señala que se visualiza, a través de las imágenes de circuito cerrado, “una falta de liderazgo en un área donde debe primar órdenes claras y sistemáticas con un nivel de respuesta inmediata. Ya que para la activación del código rojo desde el primer aviso de urgencia pediatrica pasaron varios minutos para ser activado por profesional que se encontraba de manera circunstancial en el lugar, existiendo otros profesionales de guardia presenten en ese momento”.

Destaca que los profesionales de salud presentes en el box del área de urgencia “no se ajustaron al compromiso de poner en práctica los principios y fundamentos éticos, respetando la dignidad humana y solidaridad”.

Señala que los profesionales que se encontraban en el box de médicos, al momento de la solicitud de ayuda realizada por al madre de Renato “no han actuado de forma empática que obliga a todo profesional de salud a realizar mínimamente los cuidados ante el reclamo y solicitud de ayuda. Se observa la falta de compromiso asumido al inicio de la carrera médica con el Juramento Hipocrático, debiendo todo profesional médico prestar ayuda ante cualquier llamado o solicitud de pedido de auxilio”.

El informe firmado por la doctora Estela Quiñónez Meza, jefa del Departamento de Auditoría Médica fue entregado ayer en la Unidad Penal Nº 14 del Ministerio Público.

La conclusión se basa en el análisis del expediente clínico, verificaciones in situ, estudios realizados, descargo de profesionales involucrados en al atención directa y video arrimado al expediente ya que en el vídeo no enfoca el área donde se realiza la atención personalizada del paciente.

En cuanto al área de urgencia del Sanatorio Migone se concluye que la institución cuenta con protocolo de RAC – TRIAJE, implementado para clasificación de pacientes y que se ajustó a las normas con la clasificación de riesgo de paciente, RAC realizado al niño a su ingreso con clasificación tres – amarillo.

El informe concluye que al momento de la verificación el centro asistencial contaba con Carro de Paro con precinta de seguridad para garantizar la custodia de elementos allí contenidos, tienen anexo listado de insumos y medicamentos con registro diario, protocolo para manejo de reposición de los mismos, utilizados en caso de urgencias o emergencias.

El área de urgencias es compartida por niños y adultos, cuentan con un box referido como sala de aislado pediátrico y reposición donde fue internado.

“Al momento de la verificación por parte de la auditoría médica del lugar de Urgencias en fecha 5 de setiembre de 2019 contaban con los insumos necesarios y equipos, incluyendo sistemas o paneles de gases medicinales y vacíos funcionando”, indica el informe.

Entre las recomendaciones al sanatorio se menciona que este realice la readecuación del área de Urgencias, la designación de un Coordinador Médico responsable del Área de Urgencias y la implementación del protocolo para prescripción médica, escrita, legible y autorizada.

Además, el informe sugiere a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependencia del MSP que realice una pericia sobre eventuales efectos adversos de los medicamentos utilizados en el tratamiento del niño Renato con ondansetron y ceftriazona.

Desde la familia, afirman que el informe no es conclusivo y no están conformes debido a que no incluye sanciones ni condenas sino solo realiza recomendaciones además de inconsistencias en las declaraciones de la Doctora Laura Sena, pediatra que atendió a Renato quien afirma que el Doctor Antonio Arbo fue quien dio indicación de aplicar el ondansetron, vía telefónica, siendo que él solo indicó la aplicación de antibiótico.

Desde la cartera estatal señalan que este progreso está acercando cada vez más el sueño de más de 30.000 compatriotas que residen en dicha región del país.

El ingeniero Miguel Martínez, jefe de obra de la contratista WHEEL.CO S.A., destacó la importancia económica de la zona, principalmente enfocada en la agricultura y la ganadería. “En este sector se cultiva mucha mandioca, hay producción lechera y también ganadera. Es un área en pleno desarrollo”, señaló el profesional.

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El trayecto, cuyas obras de pavimentación asfáltica están en pleno desarrollo, parte desde la ciudad de Maracaná, pasando por numerosas comunidades productivas del departamento de Canindeyú hasta llegar al barrio San Pedro, ya dentro del segundo departamento del país.

CARACTERÍSTICA DE LA OBRAS

La calzada contará con un ancho de 7 metros y una carpeta asfáltica de 5 cm de grosor, mientras que las banquinas tendrán 1,5 metros a cada lado, compuestas por una capa de asfalto de 3 cm.

Además, el proyecto prevé la instalación de señalización vertical y horizontal, tachas y tachones reflectivos, barandas de defensa metálicas, cordón cuneta, empastado, así como la construcción de 2 nuevos puentes de hormigón armado.

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La constructora encargada es WHEEL.CO S.A., que tiene un plazo de ejecución de 18 meses para concluir la obra, mientras que la fiscalización corre a cargo de la consultora Guaraní S.A.

Todo esto demandará una inversión de G. 54.875.917.365, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco de Desarrollo (Fonplata).

La agente fiscal Karen Chaparro ordenó la detención de Mario Rafael González Rojas, quien es sospechoso de un presunto caso de feminicidio, ocurrido en esta ciudad, del cual fue víctima Irma Rosana Benítez Duarte (32).

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La comitiva fiscal y policial realizó los trabajos de rigor en la vivienda del sospechoso, de donde se levantaron muestras que serán analizadas en Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.

La fiscal intervino inmediatamente tras recibir la denuncia y se constituyó en un patio baldío, donde ayer se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, en el complejo habitacional, del barrio San Blas. La autopsia reveló que la mujer sufrió una herida punzante a la altura del pecho.

La joven había denunciado a González desde el 2023, por supuestos maltratos físicos y verbales. Allegados revelaron que ambos peleaban constantemente y que la víctima se dedicaba a la recolección de materiales reciclables para subsistir.

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Se sabe que el ingreso a ingeniería requiere una coeficiente intelectual alto, por la demanda de alta capacidad matemática que se exige para ello.

Las pruebas de conocimientos y aptitudes para ingresar a la Policía resultaron para Ever, para usar una jerga popular: pan comido, o dicho en otros términos, un mero tramite.

Entonces, siendo tan inteligente, ¿como se explica que el suboficial Ayala haya haya matado a balazos a uno y herido a tres más, solo porque uno “le tocó” la bocina para abrir paso al vehículo en que iban? Una acción tan irracional y criminal del agente, hizo sonar la alarma, una vez más, sobre el filtro (prueba) psicológico que tiene la Policía, para frenar el ingreso de personas que no cuentan con la capacidad emocional y mental para ejercer la profesión armada.

Los casos de gatillo fácil son recurrentes en la Policía. Y el balance de episodios me portales son numerosos.

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Ever Ayala disparó doce proyectiles contra los 4 hombres que retornaban a casa, después de una reunión social entre amigos. Tras el crimen, se supo que el uniformado estaba con prisión domiciliaria por matar, un mes atrás, a un motociclista, en un episodio en el que la carátula de accidente está en discusión.

En estos días, el Ministerio del Interior y la Comandancia policial, anunciaron que para fin de año se prevé el egreso de 5.000 nuevos policías. Y al aplauso y festejo que surge de ese anuncio, salta la pregunta, preocupante, que plantea: ¿cuantos Ever Ayala pasarán como por el filtro de capacidad psicológica para portar armas?