El “apagón analógico” es un proceso que implica la migración del actual sistema de TV analógica a un nuevo estándar digital.

Paraguay -al igual que otros países de la región como Argentina, Chile, Colombia o Perú, entre otros- se encuentra con planes de llevar a cabo este cambio que permitirá a los canales de aire emitir sus señales en otro formato.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) viene proyectando el apagón analógico en nuestro país desde hace varios años, aunque dicha transición ha sufrido varias postergaciones. En principio, se estableció el primer plazo para el 2016, aunque posteriormente fue reprogramado para el 2024. Años después, se recalendarizó para fines del 2020, pero ahora nuevamente volverá a sufrir un nuevo retraso, pasando para el 2021.

Esta demora para concretar la digitalización de las señales de TV es cuestionada por diversos sectores, tanto de algunas empresas teledifusoras como de expertos en el ámbito de las telecomunicaciones.

DEMORA EN LA MIGRACIÓN A LA TV DIGITAL

Eduardo Neri González, extitular del Conatel, manifestó a HOY que hace varios años atrás cuando se encontraba al frente de la citada cartera se había hecho una planificación con la Cámara de Teledifusoras del Paraguay (Catelpar), de manera a ir delineando la manera en la que se haría dicho cambio de espectro.

Según explicó, este tema tiene dos puntos importantes que deben ser analizados: por un lado, la cuestión de la oferta, con los canales de aire que deben adaptar sus sistemas para pasar a emitir sus señales en el formato digital; y por otro lado, la cuestión de la demanda, vinculado al ámbito comercial con la venta de televisores que estén adaptados al nuevo estándar digital (en Paraguay, se utilizará la norma japonesa-brasileña ISDB-T).

Teniendo en cuenta este aspecto, González señala que las empresas que administran los canales de aire (Telefuturo, Paravisión, SNT, La Tele y RPC, sin contar con la extinta Red Guaraní) tienen la obligación de ir haciendo los ajustes necesarios para migrar a la señal digital, cosa que hasta ahora muy pocos han podido hacer de forma efectiva.

Se estima que cada canal debe invertir un monto aproximado de US$ 2 millones para adaptarse a la nueva norma, cifra que contempla todas las inversiones que ello requiere.

Igualmente, manifiesta que ya se tendría que haber empezado con una “campaña de concienciación” para la ciudadanía, de manera a explicar los alcances del apagón analógico y preparar a la gente para llevar a cabo la transición.

A su criterio, no se puede seguir retrasando esta migración a la TV digital dado que ya viene postergándose desde hace varios años y es algo que, tarde o temprano, también le tocará a nuestro país. “Hoy los canales ya deberían transmitir en forma conjunta en formato digital, algunos lo hacen pero eso se debería universalizar, así para facilitar el proceso”.

González afirma que la misma Conatel debe encargarse de exigir a las teledifusoras que adapten todos sus sistemas a la nueva norma, pese a que se haya postergado un año más la digitalización, de modo a que ya se pueda trabajar por el lado de la demanda.

MINISTRO VINCULADO A CANALES DE AIRE

Con la promulgación de la Ley Nº 6.207, Conatel -al igual que la Copaco- pasó a depender directamente del recientemente creado Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), hoy día administrado por Alejandro Peralta Vierci.

Cabe recordar que Peralta Vierci es sobrino de Antonio J. Vierci, propietario del holding de medios que conforman el Grupo Vierci (los canales Telefuturo, La Tele y NPY, además de las radios Estación 40, Monumental AM y Palma FM, entre otros).

Antes de asumir como ministro del MITIC, el mismo se desempeñaba como director general de medios del citado grupo empresarial, teniendo décadas de trabajo en el lugar.

Teniendo en cuenta este detalle, existe cierto temor por parte de algunos sectores dado que un ministro del Poder Ejecutivo que está directamente vinculado tanto a nivel familiar como empresarial con varios de los principales canales de aire tiene a su cargo la toma de decisiones en Conatel, incluyendo la del apagón analógico. Inclusive, se especula que la decisión de retrasar esta medida podría tener alguna relación con una presión por parte de la Catelpar (la cual integran Telefuturo, La Tele y NPY).

Un hombre fue detenido por los agentes de la comisaría 24° tras intentar agredir a su hijo de 14 años y, posteriormente, quemar las prendas de vestir del adolescente y de su pareja, grabar el hecho y enviar mensajes amenazantes al grupo familiar vía WhatsApp.

Se trata de Juan Carlos Flores Silvero, de 36 años, quien fue denunciado por Carina Aparecida Griebeler Da Silva (35). La mujer relató que se encontraba en su lugar de trabajo, mientras que el hombre estaba en la casa de sus padres ingiriendo bebidas alcohólicas, donde empezó a crear zozobras tratando de agredir a su hijo menor.

En ese contexto, el adolescente le dijo a su mamá que no vaya a la vivienda, debido a que Juan Carlos se encontraba en total estado etílico y violento. Luego, el hombre fue hasta su domicilio, comenzó a quemar las ropas de las víctimas sin sentido alguno, hecho que filmó y envió al grupo familiar vía WhatsApp, además de amenazar con hechos de violencia a su pareja.

En tal sentido, la mujer no dudó en denunciar por lo que los agentes, en prosecución a la denuncia de inmediato, en compañía de la víctima acudieron hasta la casa y aprehendieron al sindicado. Se comunicó el hecho al fiscal Víctor Santander.

En conversación con la radio 650 AM, Óscar Tuma, abogado de la senadora Yamy Nal, anunció que apelará el fallo del juez laboral Rubén Darío López, por carecer de fundamentos para conceder un amparo a favor de la abogada Alejandra Peralta Merlo.

“El fallo, con total seguridad, puedo decir que es una barbaridad desde todo punto de vista. Evidentemente, este amparo sobrepasó la capacidad del juez, que seguramente por ser nuevo, no tiene la solvencia necesaria para obrar conforme a derecho”, esgrimió. “Vamos a apelar porque deja un nefasto precedente”, indicó.

El abogado Tuma sostuvo que el amparo tiene como fin proteger un derecho constitucional y para que se haga lugar, la persona debe accionar contra un acto ilegal. “Ahí tenemos que preguntarnos si existe alguna norma de desbloquear o bloquear, o no interactuar con un internauta, y no existe. Entonces, no estamos ante un acto ilegal porque esta conducta no está legislada”, esgrimió.

Señaló que tampoco es ilegal porque la propia red social da la posibilidad de interactuar, bloquear, aceptar o rechazar a alguien. “La senadora no cometió un acto ilegal porque no está penalizada esta conducta y la propia red social permite esto”, dijo.

Otro punto esgrimido por Tuma es que no consiste en un caso de urgencia, tal como alegó el magistrado, porque la amparista podría recurrir a información a través de canales oficiales de la Cámara del Senado, tales como la cuenta oficial de esa institución o de la TV Cámara. “No iba a quedar sin el derecho a informarse o en indefesión porque fue bloqueada, puede acceder a la información a través de los medios de comunicación, o medios oficiales de los senadores”, resaltó.

Así también, el abogado resaltó que se debe diferenciar entre las cuentas oficiales y las personales. En ese sentido explicó que, la cuenta institucional se utiliza exclusivamente para comunicar los actos oficiales y las políticas institucionales, tal como lo hace el Senado mediante sus canales oficiales. En tanto que, un funcionario público o autoridad electa tiene el derecho de crear una cuenta privada donde emite opiniones personales que no son oficiales.

Finalmente Tuma consideró que se vulnera el derecho de la congresista, al obligarla a tener que aguantar todos los ataques de los demás cibernautas y no poder bloquearlos.

Nota relacionada: Juez ordena a senadora desbloquear a abogada en sus redes

Los artículos 120, 121, 203 y 213 de Código Penal son los que configuran los hechos punibles en los que incurrió el extranjero que retrasó un vuelo al amenazar con una bomba en pleno despegue.

El 120, sobre coacción, indica que, quien mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Además, el 121, coacción grave, señala que, se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando la coacción se realizara. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física.

Nota relacionada: Argentino que bromeó con bomba se expone a no volver a volar y a otras sanciones

El 213, producción de riesgos comunes y el 213, atentados al tráfico civil aéreo y naval. El que:

1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o

2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años.

Guillermo Bertolotto, ciudadano argentino que bromeó con una bomba en pleno despegue, pasó la noche en la Comisaría 3ª de Luque, donde espera lo que disponga el Ministerio Público en el marco de la investigación.

El extranjero dice ser ejecutivo de una empresa y que su visita a Paraguay responde a una invitación para un evento, pero que se disponía a retornar ayer.

Desde la Dinac, el titular Rubén Aguilar confirmó que, una de las sanciones a la que se expone Bertolotto es a la prohibición de volar desde Paraguay a otros destinos y viceversa.

Nota relacionada: Descartan alerta de bomba en avión: pasajero argentino quedó detenido