Según afirmó a Efe el portavoz de la Policía capitalina, Ferdawas Faramarz, entre los congregados se incluía un buen número de mujeres y niños.

“La ceremonia estaba a punto de comenzar” cuando tuvo lugar el atentado, lamentó el novio en declaraciones a la cadena de televisión afgana Tolo.

“Todos los que murieron o resultaron heridos eran mis familiares por ambas partes”, explicó el desolado joven, antes de añadir que “nadie pensaba que mi boda sería destruida”.

“Anoche gané dolor en vez de la felicidad”, concluyó.

Durante la jornada de hoy tuvieron lugar varios funerales multitudinarios en Kabul, donde fueron enterradas las víctimas entre los sollozos de los afectados familiares, mientras que la sala de bodas, en un barrio de la minoría chií hazara, amaneció con los techos y paredes destrozados por la violencia de la explosión.

El EI reivindicó hoy la autoría del ataque en un comunicado difundido en la red social Telegram y cuya veracidad no ha podido ser comprobada independientemente.

La formación terrorista explicó que primero se inmoló un atacante suicida, identificado como Abu Asem al Pakistani, y posteriormente explotó un coche bomba.

“Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar los muyahidines hicieron detonar un coche bomba aparcado, lo que causó 400 muertos y heridos entre los renegados y los miembros apóstatas de las tropas afganas”, según afirmó el grupo.

Detalló que el objetivo de la acción fue “una gran concentración de los renegados politeístas”, en aparente referencia a la minoría chií del país, a menudo objeto de ataques sectarios de los yihadistas, especialmente la comunidad hazara, fiel a esa rama del islam.

Poco después del atentado, los talibanes recurrieron a las redes sociales para desvincularse del ataque.

“El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) condena firmemente la explosión dirigida contra civiles en un hotel de la ciudad de Kabul. Este tipo de actos deliberadamente barbáricos contra civiles, incluyendo mujeres y niños, están prohibidos y son injustificables”, dijo el portavoz de la formación insurgente, Zabihullah Mujahid.

La acción ha suscitado una oleada de indignación entre la población afgana, así como las condenas de políticos del país.

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, calificó el “trágico” atentado de “crimen contra la humanidad”.

“Los talibanes no pueden exonerarse de la culpa, ya que proveen una plataforma para los terroristas”, afirmó Ghani, antes de señalar que la comunidad internacional “no debería quedar indiferente ante este tipo de actos inhumanos”.

Naciones Unidas condenó en un comunicado el “cobarde acto de terror” contra la población civil, mientras que la OTAN se pronunció en términos similares y la Unión Europea afirmó que los autores son “enemigos de la humanidad”.

El ataque tuvo lugar mientras se espera que los talibanes y Estados Unidos alcancen un acuerdo de paz.

La formación insurgente afirmó el pasado martes que la elaboración del acuerdo con Estados Unidos para buscar una salida a casi dos décadas de conflicto en Afganistán “ha terminado”, aunque anotaron que aún se deberán reunir tras unas consultas finales y la firma de ese documento se hará ante garantes internacionales.

Pero algunos analistas han afirmado que el EI, que se resiste a desaparecer de Afganistán y todavía mantiene su bastión en la provincia oriental de Nangarhar, puede poner en jaque un posible acuerdo de paz en la nación asiática así como la estabilidad en toda la región.

El analista político Shahzada Masoud, asesor del expresidente Hamid Karzai, explicó a Efe que algunas organizaciones buscan “sabotear el proceso de paz” atacando a la población civil afgana.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.