En entrevista con el programa de TV “La Caja Negra”, Alberto Acosta Garbarino, referente del sector bancario y actual miembro de la Comisión Asesora para la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, habló sobre las consecuencias económicas que podría acarrear la crisis política que se vive hoy día en nuestro país.

En tal sentido, sostuvo que la inestabilidad suscitada tras la firma del acta bilateral con Brasil podría traer consigo un revés en la calificación de riesgo que posee actualmente Paraguay.

Según recordó, nuestro país fue avanzando en su calificación crediticia en el transcurso de los últimos años, llegando hasta la frontera del grado de inversión (BB+), aunque considera que difícilmente sea capaz de lograr ese nivel mientras siga existiendo un elevado riesgo político.

“Paraguay es un país que en lo económico está muy ordenado. Tiene reservas altas y deudas relativamente bajas, hace rato ya debería haber tenido el grado de inversión pero todas las calificadoras dicen que el problema de Paraguay es el riesgo político y el problema institucional”, expresó Acosta Garbarino.

“El mayor impacto que tiene esta crisis es en la parte económica. En este gobierno, después de esto, ya no podemos pensar en llegar al grado de inversión” | Alberto Acosta Garbarino (miembro de la Comisión Asesora del Anexo C). #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/i6aE1j65If

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) August 7, 2019

El mismo señaló que lo acontecido en los últimos días -como consecuencia directa de la firma del acuerdo energético con Brasil, incluyendo la amenaza de juicio político al presidente y el vicepresidente- incrementó en forma importante el riesgo político y demostró que “somos un país impredecible”, alejando cada vez más a Paraguay del grado de inversión.

A su criterio, en estos próximos 4 años ya no se podría pensar en alcanzar el tan anhelado grado de inversión otorgado por las calificadoras de riesgo, esto debido a la difícil situación por la que atraviesa el país y las implicancias que podría tener a largo plazo.

Cabe recordar que hace unos meses atrás la calificadora de riesgo Fitch Ratings subió la nota del país de BB a “BB+ con una perspectiva estable”, mientras que Moody’s mantuvo la nota “Ba1 con perspectiva estable”. Por su parte, Standard & Poor’s mantiene a Paraguay con una califi­cación de “BB de créditos con perspectiva estable a largo plazo”. En todos los casos, Paraguay aún se mantiene en el llamado “grado especulativo”.

“El juicio político es una figura que se está utilizando con mucha facilidad. Algo va a tener que ocurrir porque hay mucho malestar en la ciudadanía” | Alberto Acosta Garbarino (miembro de la Comisión Asesora del Anexo C). #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/2DVFOCmS32

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En otro orden de cosas, Acosta Garbarino también habló sobre su rol en la Comisión Asesora para la Revisión del Anexo C de Itaipú Binacional y sostuvo que a partir de ahora “todo tiene que estar formalizado”. “La negociación tiene que ser participativa y transparente, tienen que participar todos los sectores, ya no se puede seguir negociando entre cuatro paredes”.

Igualmente, expresó su postura sobre el pedido de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez y manifestó que “es una figura que se está utilizando con mucha facilidad” por parte de la clase política.

“No veo ninguna salida buena, todas son malas. Avanzar en un juicio político es malo”, puntualizó.

“Paraguay está avanzando en conversaciones con empresas de energía y funcionarios gubernamentales de alto rango de Argentina y Brasil sobre un potencial gasoducto de 1.500 millones de dólares para conectar a los tres países”, señalan medios del país vecino, reproducidos por agencias de noticias.

El plan apunta a competir con un proyecto similar boliviano para reutilizar los gasoductos existentes y transportar gas argentino a Brasil.

“Estamos con que se firme un memorándum de entendimiento (para el gasoducto) a nivel presidencial entre los tres países”, dijo al respecto, Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía de Paraguay. “En principio hay una simpatía general por el proyecto”, agregó.

El programa cobra fuerza con la reducción de la producción de gas en Bolivia, que determina que Brasil busque otros proveedores, la opción potencial de que el producto provenga de la floreciente región argentina de esquisto de Vaca Muerta a través del Chaco paraguayo está ganando terreno, dijo por su parte Rodrigo Maluff, viceministro de inversiones de Paraguay.

De concretarse, la inversión a inyectar está entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, en parte del sector privado, añadió.

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Paraguay desde hace algunos años se ha sumado a este modelo de negocio, con el objetivo de crear un ambiente más sostenible y sustentable con el medio ambiente. Sobre este hecho, Máximo Barreto, director del área de Planificación y Control del Viceministerio de Industria, señaló que en la actualidad el país se encuentra haciendo una transición de negocios más responsables, caracterizándose como un requisito ineludible.

“La tendencia hacia un consumo cada vez más responsable, a nivel internacional, así como los compromisos adquiridos por mitigar el cambio climático, tienen su traslación en los acuerdos comerciales que suscribimos, en los proyectos de cooperación que implementamos, así como en las inversiones en industrias, ya sean nuevas o de ampliación e introducción de nuevas tecnologías”, puntualizó Barreto.

Cabe mencionar que la economía circular es un modelo económico que se basa en la utilización de los recursos de manera sostenible y en la minimización de los residuos. Este enfoque busca reducir el desperdicio y fomentar la reutilización de los recursos existentes, lo que resulta en una economía más eficiente, resiliente y sostenible.

Un negocio en aumento

Con relación a los números, de acuerdo a un informe realizado por la Fundación Moisés Bertoni (FMB), junto a las industria recicladoras; el sector del reciclaje, tan solo en el sector de los envases moviliza alrededor de USD 450 millones anualmente. De este monto total, los recicladores y los centros de acopios facturan unos USD 72 millones cada uno; al tiempo que los gancheros alcanzan una facturación de USD 10 millones. Mientras que las industrias facturan por un valor aproximado de USD 300 millones.

En cuanto a la mano de obra empleada, es bien sabido que el sector de los recicladores concentra un alto número de personas. En este sentido, se señala que tan solo en el sector de envases se cuenta con casi 130.000 paraguayos se encuentran desempeñándose en este rubro.

De este total, unas 100.000 personas se encuentran en el área de recicladores; seguido de gancheros en donde se encuentran unas 15.000 personas, mientras que los centros de acopios concentran unos 12.500 paraguayos. En tanto, las industrias emplean unos 1.000 trabajadores.

Según Barreto, la economía circular presenta una oportunidad de repensar los modelos de negocios tradicionales, y de repensar también las bases que sustentan nuestra economía, para lograr modelos de crecimiento económico más sustentables y sostenibles.  A su vez, supone una oportunidad para aprovechar nuestras ventajas competitivas.

Impulsar un modelo sustentable

Barreto manifestó sobre los trabajos llevados adelante desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), enmarcan el reciclaje dentro de lo que es la Economía Circular, como modelo de producción y consumo. Expresó que dentro de este negocio, los productos y materiales se mantienen en circulación mediante procesos como mantenimiento, reutilización, renovación, remanufactura, reciclaje y compostaje.

“Una economía circular es restaurativa y regenerativa por diseño, y tiene como objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y valor en todo momento”, explicó Barreto.

En ese sentido, señaló que en mayo del 2021 como iniciativa a nivel nacional, se lanzó el Grupo Impulsor de la Economía Circular en Paraguay (GIEC), que tiene como objetivo articular las diversas acciones, público, privadas y proyectos de cooperación, que permitan la consolidación y aceleración de la economía circular en Paraguay. La misma es de carácter interinstitucional y multisectorial.

“Para este año 2024, tenemos como prioridad el fortalecimiento de la institucionalidad del GIEC, mediante un decreto que establezca su conformación, mandato, funciones y atribuciones, como también, la elaboración de una Estrategia Nacional de Economía Circular, que será liderada por el GIEC”, puntualizó el alto director del Viceministerio de Industria.

Cabe señalar que la Hoja de ruta de Economía Circular de Envases contempla metas específicas relacionadas con la promoción del reciclaje, dentro del sector envases, cuya tasa que en la actualidad ronda el 43%, el cual se pretende aumentar hasta el 60% en 2033. Asimismo, apunta a mejorar la circularidad del material reciclado.

Así también se trabajará en el fortalecimiento de la inclusión y formalización de la industria del reciclaje, a través de la articulación con los municipios en cuanto al diseño de planes municipales de gestión de residuos que reconozcan a los recicladores de base como actores de la gestión y la formalización de los centros de acopio.

En un esfuerzo conjunto para facilitar la formalización y acceso al mercado de emprendedores apuntando específicamente al sector de subsistencia y con capacidades diferentes, el Viceministerio de Mipymes, junto con la Fundación Saraki y más de 20 instituciones estatales, llevaron a cabo la segunda reunión de la Mesa de Formalización para Emprendedores.

Shirley Ayala, de la Fundación Zaraki, destacó que el objetivo principal de esta mesa es establecer mecanismos y herramientas para que los emprendedores de subsistencia, que a menudo no encajan en la categoría de Mipymes, cuyos ingresos mensuales son menores al salario mínimo, puedan desarrollarse y acceder al mercado sin enfrentar barreras tributarias ni de acceso al capital.

“Estamos trabajando con 25 instituciones para crear políticas públicas y herramientas específicas para este grupo. Tenemos cinco mesas de trabajo enfocadas en formalización, desarrollo del emprendedor, acceso a mercados, capacitación, incidencia y comunicación”, indicó. Cabe mencionar que la Fundación Saraki, a través del Proyecto Red Mbareté, también busca llegar a 500 emprendedores con discapacidad.

A su turno, Ángel Ayala, director de Fomento, Desarrollo e Innovación de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINADEM), explicó que es fundamental visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía para reconocer a estos emprendedores y fomentar las compras con propósito.

Subrayó además el compromiso de la dirección en acompañar estos esfuerzos mediante los Centros de Apoyo a Emprendedores (CAE) del MIC, ubicados en 14 localidades del país, los cuales ofrecen capacitación y asistencia para la formalización, acceso al crédito y al mercado.

“Estamos desarrollando un sistema digital para la cédula Mipymes, para que formalizarse sea de fácil acceso y gratuito. Además, estamos trabajando con entidades financieras para ofrecer créditos blandos y nuevos sistemas de financiación que incentiven la formalización.

“Nuestro enfoque es proporcionar inclusión financiera para que estos emprendedores puedan capitalizar el primer impulso que les brindamos muchas veces con capital semilla”, indicó Ayala.

La próxima reunión de la mesa de formalización se llevará a cabo el 11 de junio, donde se delinearán hojas de ruta de políticas para que las demás entidades también contribuyan a este importante proyecto.