En entrevista con la 970 AM, Adolfo Ferreiro manifestó que el servicio de taxi es considerado como un servicio público debido a su naturaleza y teniendo en cuenta que se trata de una cuestión de interés colectivo y no particular.

Según refirió, el taxi está definido, autorizado y controlado como un servicio público por parte de la Municipalidad de Asunción, esto en base a la Ordenanza 26/92 “Que regula el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler”.

A través de su cuenta de Twitter (@Pykare), el abogado y exsenador nacional había hablado sobre este mismo tema y sostuvo que “el taxi es un servicio público prestado por privados”, tal y como ocurre con las empresas de telefonía celular, los ómnibus del transporte público, las instituciones educativas, entre otros.

Durante la entrevista radial dio a entender que cuando un conductor utiliza una aplicación móvil (como MUV o Uber) para hacer el transporte de personas, esto podría considerarse como un servicio de taxi, atendiendo a lo que establece la ordenanza municipal. “Como funciona el derecho administrativo, cuando está autorizada una cosa de una manera, no está autorizada de la otra. No hay laguna legal ni falta de reglamentación”, añadió.

Ferreiro también había señalado vía Twitter que “lo que está prohibida es toda prestación de transporte que se haga por vehículos y choferes no autorizados”, en directa alusión a los socios conductores de ambas plataformas de intermediación digital.

Finalmente, indicó que primero se debería modificar la ordenanza vigente para incorporar la prestación de los servicios proveídos por MUV y Uber, de manera a que puedan operar bajo un marco regulatorio y no trabajar de manera irregular.

Los mensajes en algunos carteles publicitarios electrónicos del microcentro de Asunción aparecieron este último fin de semana, llamando la atención de transeúntes y conductores de vehículos.

Al respecto, el experto en ciberseguridad, Miguel Ángel Gaspar, dijo que estos mensajes corresponden a grupos de reivindicación de “Palestina Libre”.

Sostuvo que al tener conocimiento del caso, ya se realizó una denuncia ante la Policía cibernética. “Esto es jodido, esta gente no puede hacer estos cambios de carteles. Si tuvieron la posibilidad de colgarse a estas pantallas, quiere decir que se insertaron a una red. Van a tratar de ir escalando”, manifestó en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

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Comentó que es la primera vez que se da en Paraguay un ataque de este tipo, pero en otros países de Sudamérica, como Chile, ya habían aparecido tiempo atrás.

Miguel Ángel Gaspar indicó que la postura de Paraguay a favor de Israel y Ucrania sería uno de los motivos que ocasionó el enojo de estos hacktivistas. “Esto no es un accidente. Habría que empezar a controlar el resto de la cartelería y que las agencias publicitarias tomen las debidas medidas de seguridad”, expresó.

Instó a que las autoridades tomen las medidas para minimizar el impacto de ataques de este tipo. “Es mejor que se investigue antes de tener una epidemia de redes colapsadas”, subrayó.

El agente fiscal Luis Albertini imputó por el hecho punible de estafa al empresario Luis Osvaldo Ramón Darnay, presidente de la inmobiliaria Norwich S.A.

La acusación por parte del Ministerio Público se da ante la denuncia formulada por un proveedor que estuvo involucrado en la construcción del edificio Vista Lago de Encarnación.

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Se trata de Wilfrido Pérez Mancuello, representante de Real Vidrios, empresa que había sido contratada para la instalación de aberturas y vidrios para el citado edificio y que hasta ahora no recibió el pago por el trabajo realizado.

Según mencionó Albertini en entrevista con el canal GEN, aún queda pendiente el pago de más de 200.000 dólares por parte de Norwich S.A. por los materiales ya instalados. En este caso, Darnay quiso ofrecer como parte de pago un departamento, pero el mismo ya había sido vendido a un tercero.

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En paralelo, la Fiscalía investiga otras varias denuncias formuladas por compradores que abonaron sumas millonarias -que incluso superarían los USD 60.000- para concretar la compra de departamentos del edificio Vista Lago y que, hasta el momento, no pudieron acceder a los mismos.

Se espera que Luis Osvaldo Darnay comparezca el día de mañana ante el Ministerio Público, a fin de prestar declaración indagatoria por esta causa penal que afronta.

Como parte de la meta de descomprimir la población penitenciaria, el Ministerio de Justicia abre las puertas del el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.

El modelo que se pretende aplicar abarca programas de reinserción que buscan reducir los índices de reincidencia de quienes cumplen sus condenas.

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La capacidad es de 1.237 reclusos la infraestructura consta de ocho módulos independientes: siete convencionales y uno de máxima seguridad. En los primeros caben 165 personas por cada uno, mientras que, en los de régimen cerrado especial pueden ingresar hasta 82 internos.

Respecto al pabellón de máxima seguridad, la particularidad es que tiene restringida la circulación de internos por los pasillos. Los condenados podrán salir de sus celdas individuales solamente dos horas al día. Allí adentro recibirán los servicios básicos.

Otra restricción es la de las vistas privadas, salvo excepciones de visitas comunes recomendadas por el del Organismo Técnico Criminológico (OTC). De ser así, tendrá agendamiento previo.

LOS PRIMEROS “HUÉSPEDES”

Las autoridades anunciaron que para los primeros días de junio prevén trasladar a la nueva cárcel a 40 personas con condena firme. Se alojarán en los módulos convencionales. En tanto, otras 15 inaugurarán las celdas especiales en el pabellón de máxima seguridad.

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