Es una de las medidas que debatió este miércoles la Mesa de Memoria Histórica, que se reunió para realizar un “análisis técnico y jurídico” sobre el fallo del Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además de elevar la causa a la justicia internacional, el organismo de memoria histórica también contempla recurrir el caso ante la propia CSJ, ya que se trata de una decisión de segunda instancia.

Antes de dar un paso hacia delante, la mesa quiere conocer la opinión de Santiago Rolón, la víctima del régimen que en 1995 inició el proceso judicial contra los comisarios Camilo Almada Morel, alias ‘Sapriza’, y Eusebio Torres Romero por crímenes de tortura.

La justicia decidió dar el caso por sobreseído, alegando que había permanecido parado durante los últimos 17 años, una decisión que generó controversia porque la tortura está reconocida en la Constitución Nacional como un delito que no puede prescribir.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala, explicó que su organización también ha trasladado la situación la Organización de Naciones Unidas para visibilizar “el estado de impunidad” de los crímenes de la Dictadura.

Además, Ayala señaló directamente a la Fiscalía por su “responsabilidad” en la falta de investigación para lograr la reapertura del caso, lo que calificó como un “rol negligente”.

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que justificó que la causa se desarrolló con un código penal anterior que no le reconocía como un órgano acusador, por lo que la competencia residía en el Poder Judicial.

Después de este revés judicial, la Mesa de Memoria Histórica acordó en su reunión pedir un informe detallado a la Corte Suprema de Justicia para conocer cuántas denuncias por crímenes de la dictadura permanecen sin resolver con el objetivo de evitar que se repita una situación similar.

El decreto establece las pautas generales y describe los mecanismos, las metodologías y herramientas esenciales para la programación presupuestaria de todas las entidades del sector público.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, los plazos para la carga de los respectivos anteproyectos quedan definidos de la siguiente manera: el Anteproyecto de Presupuesto 2025 hasta el 27 de junio de 2024; y el Presupuesto Plurianual 2025–2027 hasta el 22 de julio de 2024.

Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el proceso de elaboración de los anteproyectos de presupuesto deberán asignar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, enfocándose en el logro de metas y resultados tangibles que beneficien a la sociedad.

Las entidades deberán planificar la adquisición de bienes y servicios que cumplan con los requerimientos para el cumplimiento de sus fines misionales y reflejar en el anteproyecto los requerimientos financieros para el efecto.

El gasto público debe mantenerse coherente con la capacidad de generación de recursos fiscales, en un contexto de racionalidad y austeridad en el uso de los recursos disponibles.

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“Desde la dirección de la Policía Municipal de Tránsito se prevé un plan de contingencia por los días de lluvia”, refiere el comunicado.

La medida es adoptada ante los inconvenientes registrados en las últimas lluvias, donde los semáforos quedaron fuera de funcionamiento y algunas calles fueron inundadas.

La alerta meteorológica es por el ingreso de sistema de tormentas es para la Región Oriental y sur de la Región Occidental, desde este miércoles 1 al viernes 3 de mayo.

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Los departamentos afectados son: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Canindeyú y Concepción, además de la ciudad de Asunción.

El boletín refiere que se esperan lluvias con acumulados de entre 50 y 80 mm por día, con ráfagas de viento en torno a los 120 km/h.

Existe además una alta probabilidad de ocurrencia de granizo. Se espera que las condiciones climáticas tengan mejoras parciales con el correr de los días.

Morales refirió que no están en contra de competir con estas plataformas, pero exigen igualdad de condiciones para la competencia sea justa.

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En conversación con la radio 1020 AM, aseguró que ellos abonan impuestos a la Municipalidad para el traslado de personas, pero Bolt y Uber no y compiten en la misma situación.

“Es evidente el favoritismo. Hay normativas que les favorecen. Son fáciles de desmontar las argumentaciones de las aplicaciones. Nosotros solo exigimos igualdad de condiciones para poder competir y en quién confía más la ciudadanía”, expresó el presidente de la APTA.

Marcos Morales aseguró que van a exigir a las autoridades municipales el respeto a sus derechos y que cobren el impuesto a las plataformas para que se adhieran a las leyes y dejen de trabajar de forma informal.

“A estas aplicaciones les metés las mismas aplicaciones tributarias y no van a aguantar, como las dos inspecciones técnicas vehiculares al año. La tasa de inspección, el registro profesional, etc. Está a flor de piel la diferencia”, sostuvo.

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