El traslado de los 18.000 m2 de carpas plásticas se realizó con una aeronave Casa de la Fuerza Aérea Paraguaya, luego de un pedido efectuado por personal de la SEN apostado en Concepción, para su utilización en albergues que se montan en coordinación con las autoridades departamentales y municipales.

“Estamos teniendo tres albergues en este momento; en el puerto viejo, en un tinglado ubicado frente a dicho puerto y en el polideportivo municipal. En la zona del puerto tenemos familias que fueron evacuadas de la isla Chaco’i, mientras que en el polideportivo se encuentran familias del barrio Calaverita de Concepción”, informó Francisco Antonioli, director general de Gestión de Riesgos de la SEN, y coordinador de la respuesta estatal en el departamento.

Añadió que la urgencia de contar con las carpas plásticas se debía a la necesidad de proveer a las familias afectadas de un techo provisorio, considerando que además existen familias instaladas en calles y veredas.

El envío de la SEN fue acompañado por 10 funcionarios especialistas en montaje y administración de albergues, a efectos de brindar a las familias damnificadas la asistencia humanitaria que requieren. En el operativo son utilizados dos semirremolques con 35 toneladas de capacidad de carga cada uno, dos camiones con 10 toneladas de capacidad, una aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya y dos camionetas para desplazamientos rápidos.

El nivel del río Paraguay en el puerto de Concepción registra un importante incremento desde el 15 de marzo.

Se trata de un hombre de 27 años de edad, identificado como Jorge Daniel Casau, quien fue detenido por la Policía en la ciudad de Asunción, por poseer orden de captura por un supuesto hecho de extorsión a un periodista.

Del poder de alias “Barbie”, se incautó un aparato celular que será sometido a una pericia.

El procedimiento de detención fue realizado por el personal del Departamento Antisecuestro de Personas.

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Según el comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestros, explicó a radio Montecarlo que la detención se dio mediante una operación encubierta.

El jefe policial agregó que esta persona amenazaba al denunciante con la difusión de un video en el que ambos aparecen en el interior de un vehículo. Para no hacerlo, le solicitó inicialmente la suma de G. 3 millones, que posteriormente subió a G. 8 millones.

El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, emitió la Resolución No. 347 por la que designa a Careaga como titular del centro.

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Las puertas del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue abierta desde este viernes y se busca reducir el hacinamiento y los índices de reincidencia de quienes cumplen sus condenas.

Estará al mando Julio César Careaga Vera, quien es funcionario del Ministerio de Justicia, con una antigüedad de 22 años. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho UNA.

Su experiencia incluye funciones dentro del sistema penitenciario porque dirigió el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores (SENAI), fue director de Asuntos Internos y Anticorrupción. Además, interventor de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y últimamente, se desempeñó como director de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario.

El Centro comenzará a albergar a los internos los primeros días de junio, donde prevén trasladar a la nueva cárcel a 40 personas con condena firme. Se alojarán en los módulos convencionales.

El agente fiscal Christian Roig pidió la elevación a juicio oral y público de la causa por sicariato que enfrentan Rubén Darío Benítez Gómez y María Liliana Velázquez Villasanti.

Ambas personas son las principales acusadas por el asesinato del taxista Alfredo Jara González, ocurrido en octubre del año pasado en la localidad de Curuguaty, Canindeyú.

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En el caso puntual de Benítez, el mismo es sindicado como el sicario responsable de asesinar a tiros al trabajador del volante, mientras que Velázquez -quien era esposa de la víctima- sería la que lo contrató para el “trabajo”.

Las investigaciones determinaron que el asesino era amigo de Rubén Rodas Portillo, supuesto amante de la mujer y que sería el supuesto autor intelectual del crimen del taxista.

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Para este asesinato por encargo, Velázquez habría prometido el pago de G. 25 millones, aunque solo abonó la suma de G. 10 millones por el atentado criminal.

Ahora, queda en manos del Juzgado determinar si la causa será elevada a juicio oral y la fecha de realización de esta diligencia judicial.