POR ANDRÉS BARRIOS, periodista; PÁNFILO LEGUIZAMÓN, fotógrafo.

Escuchar hablar del Tebicuary es imaginarse un gran río con una imponente naturaleza, pero la situación actual es muy diferente a consecuencia del bombeo constante de las aguas. En la zona baja existen cerca de 40 motobombas que alzan un promedio de 40 mil litros de agua por hora todos los días, sin parar.

Un equipo periodístico del diario La Nación fue hasta el sitio para comprobar las denuncias de los pobladores. Luego de unos minutos de recorrido por la zona baja, la lancha ya no podía desplazarse con normalidad, quedó varada debido al escaso calado. La parte más profunda del río tenía entre 30 y 40 centímetros. No había más opción que bajarse en el canal y empujar la deslizadora para llegar a destino.

Existen cerca de 120 mil hectáreas de arrozal en la zona baja del Tebicuary, cada productor cuenta con al menos dos motobombas, alzando un promedio de 80 mil litros de agua por hora. El bombeo realizan las 24 horas del día. De acuerdo a la versión de los pobladores, el ministro del Mades, Ariel Oviedo, les prometió “sobrevolar” la zona para constatar la situación, pero alegó que al menos debe bajar unos 45 centímetros más para poder accionar, siendo que existen sitios donde apenas alcanza los 30 centímetros.

El viaje en lancha sigue, el equipo periodístico, acompañado de unos pobladores, sigue sorteando adversidades y aguantando el agobiante calor. Ya era cerca del mediodía y unos pescadores, tras estar más de una semana hacia la zona más baja, deciden ir a sus hogares con unos pocos pescados que probablemente solo sirven para el consumo y no para la venta.

Los pescadores saludan y en sus rostros se observan sonrisas de esperanza, pero también existen duda y temor. Ya no confían en casi nadie, las autoridades hacen caso omiso a las reiteradas denuncias, mientras el bombeo sigue, pasan las horas y los miles de litros de aguas desviadas empeoran la situación del río Tebicuary.

MOTOBOMBAS

Tras las diferentes “paradas” de la lancha se pudo llegar al sitio donde se encuentra el primer lugar de bombeo, hacia la zona baja. Queda más o menos a una hora y media de viaje desde el puente ubicado en la ciudad de Villa Florida sobre la Ruta 1, Mariscal Francisco López, y que divide esta localidad del distrito de Caapucú.

En el sitio existe una motobomba, una de las más pequeñas, pero que bombea entre 40 y 50 mil litros de agua por hora. Cuenta con instalaciones eléctricas y tubos de grandes dimensiones para alzar el líquido vital del cauce y luego enviar hacia los arrozales.

“Hace 18 años más o menos comenzó la plantación de arroz, pero antes habían solo dos arrozales. Tenemos miedo que desaparezca nuestro río, los florideños estamos preocupados porque vivimos de la pesca y ahora ya es imposible. También es terrible el daño ambiental que están causando y las autoridades solo responden a los arroceros y no a la gente”, cuenta Rolando Escobar, pescador de la zona, observando el río y el bombeo del agua. Su mirada refleja realidades, el estado crítico del cauce hídrico, la falta de respuesta del Mades, la Fiscalía del Medio Ambiente y el peligro de quedarse sin el sustento: la pesca.

Hace como un mes y 15 días que el Tebicuary atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. Terminó la crecida, empezaron los bombeos ante la falta de lluvia y el nivel del agua empezó a bajar considerablemente. Algunos brazos del río se encuentran completamente secos, solo quedan algunos pequeños charcos de barro, pero ya no sirven para evitar la muerte o la migración de los animales.

Detrás de las motobombas salen los tubos por donde pasan las aguas del Tebicuary y luego caen en una represa para luego desembocar en los canales construidos por los arroceros. En promedio, cada productor cuenta con una plantación de 12 mil hectáreas y en total serían cerca de 120 mil hectáreas de cultivo hacia la zona baja.

El fiscal del Medio Ambiente del departamento de Misiones, César González, realizó el mismo recorrido con los pescadores. Consideró la situación como un delito ambiental y les prometió que accionaría una vez que tenga la orden de un juez. Pasaron más de una semana y hasta el momento la denuncia no prospera, mientras sigue el bombeo de las aguas y el estado del río cada vez es más crítico.

“Vino una persona del Mades también con el fiscal. Nos dijeron que los arroceros están cometiendo un delito. Nos reunimos con el ministro en Asunción (Ariel Oviedo) y no pasaron ningún informe. Cerca de 150 familias que se dedican a la pesca son las afectadas, ya no podemos circular por el río porque está muy bajo el agua, se está secando”, agrega Escobar.

Algunos productores de arroz contratan guardias de seguridad para resguardar el bombeo de las aguas. Los pescadores o pobladores de la zona tienen prohibido tomar fotografías o filmar porque son amenazados por los guardias privados, quienes poseen armas de fuego y mantienen en zozobra a los denunciantes.

AGUA NO TRATADA PARA EL CONSUMO

Los pobladores de la ciudad de Villa Florida no solo atraviesan el problema de la baja del río Tebicuary sino también la falta de tratamiento por parte de la Junta de Saneamiento para el consumo de agua potable. Al abrir la canilla sale el líquido vital pero es de color marrón con un fuerte olor, a simple vista se puede notar que no es apta. Los que tienen la posibilidad adquieren agua mineral, los que no pueden no tienen otra opción y la consumen.

“El tema del agua es algo caótico porque la comunidad de Villa Florida consume agua que no es potable. La salud de Villa Florida está en terapia intensiva porque el agua que sacan del río directamente viene a nuestras canillas y tomamos”, cuenta Francisca Escobar, pobladora de la comunidad.

Algunos compran agua mineral para el consumo, pero es administrado con mucho cuidado por el costo. La mayoría de los lugareños son de escasos recursos. Los que consumen agua de la canilla presentan problemas de salud de forma constante, tales como diarrea, vómito y manchas en la piel.

La Junta de Saneamiento tiene su sistema de bombeo de agua debajo mismo del puente que une Villa Florida con Caapucú. A escasos metros existe un parador que arroja sus desechos al cauce hídrico y tampoco cuenta con un sistema de tratamiento. “Consumimos agua servida”, es la expresión de la mayoría de los pobladores.

Actualmente, tras una serie de manifestaciones y cierres de ruta, existe la promesa del director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, de financiar la construcción de una nueva planta de tratamiento para los florideños, quienes lamentan que no se haya realizado antes por el simple hecho de que el intendente local, Michel Flores, pertenece a Honor Colorado, movimiento disidente del Partido Colorado.

La ciudad de Villa Florida está ubicada a orillas del río Tebicuary y a unos 161 kilómetros de Asunción, dando la entrada al Departamento de Misiones. Los pobladores en su mayoría se dedican a la pesca, ganadería y al turismo, rubro que también se ve afectado por la falta de agua potable y la bajante del cauce hídrico.

Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.

El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.

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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.

La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.

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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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