El líder de la ultraderecha brasileña y capitán de la reserva del Ejército hizo alusión a ese referendo de 2005, en el que el 63 % de los brasileños se pronunciaron en contra de que se prohíba la venta de armas a civiles, lo cual en la práctica nunca se cumplió del todo y fue obstaculizado por diversas normativas.

“Como el pueblo soberanamente decidió por ocasión del referéndum de 2005, para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma”, afirmó Bolsonaro, al mostrar el bolígrafo con el que firmó el decreto.

“Infelizmente, en la época, el Gobierno (de Luiz Inácio Lula da Silva) se valió de decretos y normas para negar ese derecho” que la sociedad había “reclamado” en el referendo, apuntó.

La legislación actual permitía la tenencia de armas a mayores de 25 años sin antecedentes penales, con una ocupación lícita, probada capacidad psicológica para su uso y que justificasen su necesidad; lo cual se mantiene en el decreto, que aún así relaja los requisitos y amplia el universo de potenciales compradores de armamento.

La liberación de la venta de armas fue uno de los mascarones de proa de la campaña que llevó a Bolsonaro a ganar las elecciones de octubre pasado, en la que aseguró que esa medida le permitirá a la sociedad ejercer el “derecho a la autodefensa” ante una violencia que cada año causa unas 60.000 muertes, según datos oficiales.

La promesa electoral fue, sin embargo, algo matizada, ya que el decreto no contempla autorizar el porte de armas, como prometía el entonces candidato, sino que se limita a flexibilizar la compra y la tenencia en domicilios o locales comerciales.

Asimismo, establece que la compra de armas sólo será permitida a aquellas personas que demuestren una “efectiva necesidad” y define a priori algunos de esos casos.

Son agentes públicos de las áreas de seguridad e inteligencia, de la administración penitenciaria y militares activos o retirados, así como personas que residan en zonas rurales o urbanas, en ese último caso con índices anuales superiores a diez homicidios cada 100.000 habitantes, lo que abarca a prácticamente todo el país.

También son contemplados los dueños o responsables de comercios e industrias, lo cual es una completa novedad, y los coleccionistas o cazadores.

Las únicas limitaciones son para las residencias en las que haya niños o personas con alguna deficiencia mental, en cuyos casos el potencial comprador de un arma deberá demostrar que posee en su domicilio una caja fuerte o un “lugar seguro” para guardarla.

El decreto establece que quienes se encuadren en esas figuras podrá adquirir hasta cuatro armas de fuego, siempre y cuando tengan más de 25 años de edad y una “ocupación lícita”, sean aprobados en cursos psicotécnicos y de tiro, y no tengan antecedentes policiales o procesos pendientes en la Justicia.

Según Bolsonaro, de ese modo se garantiza que “el ciudadano de bien pueda tener paz dentro de su casa” y que el arma pase a ser un factor inhibidor para los delincuentes.

El opositor Partido de los Trabajadores (PT), cuyo candidato presidencial para las elecciones de octubre, Fernando Haddad, pedía distribuir “libros en vez de armas”, anunció que se propone acudir a la Justicia para intentar la anulación de esa medida.

“Es un tema que no puede ser objeto de un decreto, porque implica la preservación de la vida”, declaró el senador Humberto Costa, jefe del grupo del PT en la Cámara Alta.

Sin embargo, a tenor de lo declarado ya por algunos magistrados, el decreto tendría plena validez legal, pues no altera cláusulas de la Constitución consideradas “pétreas” o intocables.

“Si se quisiera establecer la pena de muerte, la Constitución lo impide, pero alterar la política de armamento no hiere una cláusula pétrea”, declaró esta semana el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.