Desde 1985, en Paraguay alrededor de 4000 personas murieron de Sida, que es la fase de la enfermedad que se puede evitar llegando a tiempo a un diagnóstico y tratamiento sin embargo, la falta de apropiación del tema VIH y Derechos Humanos sigue siendo una tarea pendiente de mejoramiento dentro del sistema sanitario porque el estigma y la discriminación ante un estado serológico positivo, persiste.

En el país, 4 de cada 7 detectados sigue el tratamiento correspondiente con los antirretrovirales, y la mitad de la población tratada puede llegara niveles indetectables del virus tras recibir tratamiento oportuno.

Según el informe final del Índice de Estigma en Personas que viven con VIH de la Fundación Vencer, el 73% de la población experimentó situaciones de estigma y discriminación en los últimos 12 meses, el 53% de mujeres con VIH pasó por situaciones de violencia en el mismo periodo.

En cuanto al Estigma Interno, el 85% pasó por sentimientos negativos en el último año debido a su condición de VIH y en cuanto al acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación y a los servicios de salud: 4 de cada 10 personas con VIH reportaron discriminación en estos ámbitos.

Existen personas que pese a conocer su estado serológico optan por no acudir a los servicios por sentimientos de vergüenza de que se conozca su estado; otros abandonaron su trabajo y sus estudios porque consideran que ya no sirven para nada.

Entre las principales violaciones a los Derechos Humanos hacia las personas que viven con VIH, se encuentran: la falta de confidencialidad en los servicios de salud, discriminación y estigma en centros educativos, servicios de salud y lugares de trabajo, utilización de términos discriminativos, solicitud obligatoria del Test de Elisa para acceder a un puesto laboral, despido de lugares de trabajo por el estado serológico de las personas, dar de baja a policías y militares por vivir con VIH y la omisión de auxilio y atención en algunos servicios de salud.

En cuanto a los avances se cuenta con la Ley Nº 3940/09 que establece los derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

También se cuenta con la resolución Nº 730/09 del Viceministerio de Justicia que prohíbe la exigencia del test de Elisa como admisión a un lugar de trabajo.

De 1.443 personas diagnosticadas con el VIH el año pasado, el 71% son varones y el 29% mujeres además de 392 casos de Sida, según datos de Pronasida. El 44% de las infecciones de VIH durante el 2017 se dieron en jóvenes de entre 15 y 24 años.

“Hay deudas históricas en las que el Estado aún no ha tenido avances significativos, vulnerando el goce pleno de los Derechos Humanos, ya que nos seguimos enfrentando a altísimos índices de estigma y discriminación que violentan nuestra posibilidad de vivir con calidad de vida, incluidos e integrados socialmente, y bajo criterios de justicia social”, afirmó Juan Cabral, de la Fundación Vencer en el acto de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Se destacó los avances significativos en la Respuesta Nacional al VIH bajo la rectoría del PRONASIDA con un presupuesto destinado al MSP, con el aporte de la cooperación internacional y el trabajo de la sociedad civil organizada. Sin embargo, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven con VIH aún requiere de mayor inversión en salud y en derechos humanos.

“Exigimos al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, el diseño y aprobación de un presupuesto acorde a la necesidad de la población en el contexto de VIH: prevención, educación, atención, tratamiento, descentralización de servicios con enfoque de Derechos Humanos respetando la idiosincrasia, multiculturalidad e intergeneracionalidad, fortaleciendo la atención en los servicios de salud con calidad y calidez, eliminando las barreras de acceso socio-económicas y la discriminación”, agregó.

La exigencia además apunta a que desde el Estado se garanticen políticas públicas que aborden una educación integral de la sexualidad con enfoque de derechos como establece al Ley 3940/09.

El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley N° 7.018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.

Lea: Gringo, rencoroso y con muchos enemigos “Evidentemente lo entregaron”

El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7.018, comenzamos el plan de reconversión del hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.

Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.

Una de las claves de este nuevo enfoque es la orientación hacia servicios ambulatorios y el fortalecimiento de los lazos sociales. Según lo establecido en la Ley N° 7018, “se busca promover un abordaje interdisciplinario e intersectorial, priorizando la atención primaria de la salud. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, como parte de un modelo desconcentrado de atención en salud mental”.

Además, implementó un sistema de coordinación para dirigir a los pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia. Para el efecto, se utiliza el Directorio de Salud Mental, que cuenta con el listado profesionales en salud mental que brindan atención en el sector público.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita en el servicio de salud más cercano a su domicilio”, afirmó el Dr. Buggenthin.

Estos cambios, que se han evidenciado desde principios de este año, marcan un importante paso en la atención descentralizada de la salud mental en el país.

Lea también: Las mayorías legislativas, el uso que tuvieron en ambos bandos y las críticas selectivas

Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Los cuadros de salarios de Peña y Boidanich fueron filtrados del “corazón” de la Seprelad. Un correo interno prueba que la planilla fue incorporada luego al informe de inteligencia contra Cartes

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política era cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

EN MANOS DE LA CORTE

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó una advertencia a la ciudadanía sobre la circulación de ofertas laborales fraudulentas en internet.

A través de un comunicado, la institución indicó que estas propuestas pueden parecer atractivas inicialmente, pero a menudo están vinculadas a actividades delictivas.

Para protegerse, el ministerio recomienda evitar hacer clic en enlaces de procedencia dudosa, no proporcionar información personal sin confirmar la legitimidad de la oferta, realizar una investigación exhaustiva antes de proporcionar cualquier tipo de referencia personal o profesional, y verificar la veracidad de las ofertas laborales, comprobar la existencia de la empresa que las publica y, si fuera necesario, buscar asesoramiento de expertos antes de aplicar a cualquier posición, ya sea dentro o fuera del país.

Es noticia hoy: Gringo, rencoroso y con muchos enemigos “Evidentemente lo entregaron”